ANKARA – El pasado marzo, un tribunal turco encarceló al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, a la espera de un juicio por cargos de corrupción. Aunque el régimen del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha negado cualquier motivación política, argumentando que el poder judicial es independiente, muchos han reconocido este acto como un ejemplo clásico de retroceso democrático: detener al líder popular de la oposición y disfrazarlo de cumplimiento de la ley. La medida desencadenó protestas nacionales a una escala no vista en más de una década.
Utilizar las instituciones y los procedimientos legales para determinar quién puede presentarse, quién puede hablar y quién puede organizarse se ha convertido en el método preferido para limitar la competencia política manteniendo al mismo tiempo una apariencia de democracia. El procesamiento de İmamoğlu —quien derrotó al candidato a la alcaldía de Estambul del partido gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en las elecciones de 2019 (y su repetición ordenada por el tribunal) y en las elecciones de 2024— fue solo el comienzo en Turquía. Desde entonces, otros alcaldes del Partido Republicano del Pueblo (CHP) han sido detenidos como parte de una campaña para debilitar y desmantelar a la oposición.
Sembrar la incertidumbre mediante la aplicación de presión judicial y administrativa no depende solo del procesamiento. Justo antes del arresto de İmamoğlu, la Universidad de Estambul anuló su título basándose en presuntas irregularidades, descalificándolo para postularse a la presidencia. Esto ocurrió apenas unos días antes de que el CHP tuviera previsto elegir a İmamoğlu como su candidato presidencial para las elecciones de 2028. El impacto es claro: estrechar el campo electoral incapacitando al único contendiente viable. El Consejo de Europa condenó acertadamente la medida como un «ataque a la democracia».
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El enfoque de MAGA hacia Europa no ha cambiado
La prisión preventiva añade otra capa de incertidumbre. En principio, la detención tiene como objetivo proteger los procedimientos judiciales; en la práctica, sin embargo, es una forma de marginar a un oponente político indefinidamente, especialmente a medida que las investigaciones y los juicios se prolongan cada vez más durante años. El fiscal que supervisa el caso de soborno exigió posteriormente una pena de prisión de más de 2.000 años para İmamoğlu, un alarde de fuerza que pretende presentar su salida de la política como inevitable. Independientemente de que un tribunal acepte estas demandas, el proceso en sí probablemente agotará la atención, el dinero y la capacidad de liderazgo de la oposición, al tiempo que disuadirá a otros aspirantes.
İmamoğlu ha sido el blanco porque es un centrista orientado al servicio y no polarizador, que gana sin recurrir a la política de identidad de la que depende Erdoğan para mantener el apoyo de su base. Ejercer como alcalde de Estambul ha reforzado esa imagen. Los cargos municipales suelen dar a los líderes de la oposición visibilidad, experiencia administrativa y un historial que demuestra que existe otra forma de gobernar. Por eso las ciudades suelen ser la primera línea en la lucha por mantener la democracia.
Este patrón se extiende mucho más allá de Estambul. A finales de 2024, el Ministerio del Interior turco destituyó a alcaldes electos en provincias de mayoría kurda como Mardin y Batman, sustituyéndolos por administradores designados por el Estado. El mensaje a los votantes es claro: usted puede votar, pero el Estado se reserva el derecho de corregir su elección.
En Turquía, el silenciamiento de los políticos fue acompañado por la censura en internet. Durante las protestas tras la detención de İmamoğlu, las autoridades turcas reprimieron las plataformas de redes sociales, restringiendo las aplicaciones de mensajería y ordenando bloqueos de contenido para evitar que la oposición se organizara. Cuando la plaza pública digital se cierra al antojo del gobierno, cualquier esperanza de competencia justa desaparece.
Venezuela ofrece un paralelismo aleccionador. En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó una inhabilitación que impedía a la líder de la oposición —y ahora Premio Nobel de la Paz— María Corina Machado ocupar cargos públicos. Esta descalificación fue un acto de anulación democrática canalizado a través de los tribunales, eliminando a los votantes de la ecuación.
La lógica política es la misma en ambos países: preservar la suficiente legalidad formal para reclamar un gobierno basado en reglas, mientras se utilizan las instituciones para impedir una alternancia genuina en el poder. Alrededor de 811 presos políticos permanecen encerrados en Venezuela después de que el presidente estadounidense Donald Trump sacara a Nicolás Maduro del poder y decidiera preservar el régimen chavista. El camino hacia un autoritarismo más profundo está pavimentado con procesamientos selectivos, exclusión administrativa y prisión preventiva; técnicas que determinan los resultados políticos antes de que se emita un solo voto.
Los países occidentales a menudo toleran el retroceso democrático en sus socios estratégicamente importantes en aras de la estabilidad. Turquía es un aliado de la OTAN con un papel importante en la seguridad regional, mientras que Venezuela es una potencia energética. En ambos casos, la perspectiva de asegurar beneficios a corto plazo alienta a los líderes extranjeros a minimizar la erosión de las libertades democráticas.
La diplomacia de medias de seda de Rubio
Pero cuando los gobernantes pueden neutralizar a sus rivales a través de la guerra jurídica (lawfare), las instituciones públicas pierden credibilidad y la política depende de las estrategias de supervivencia de quienes están en el poder. Eso es personalización, no estabilidad. Los compromisos políticos son menos predecibles porque están anclados en la seguridad del régimen y no en organismos responsables. Un país donde el estado de derecho ha colapsado no puede ser un baluarte del flanco oriental de la OTAN. Es una fuente constante de fricción y podría convertirse en una fuente de fragilidad.
El encarcelamiento de İmamoğlu no se trata solo de un político. Sirve como una advertencia. Un país democrático puede conservar su forma exterior incluso mientras sus líderes utilizan los tribunales para manipular los resultados políticos. Mientras los votantes en esos países luchan por elegir a sus candidatos sin la interferencia de la maquinaria legal del Estado, los líderes extranjeros deben presionar a estos regímenes para permitir elecciones que sean tanto libres como justas.
(*) Bilal Bilici es miembro del parlamento turco. Eric A. Baldwin es investigador postdoctoral en la Universidad de Stanford.
