Comunes, el partido político surgido del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC, se aferra al salvavidas que ha encontrado para mantenerse a flote. Ya no tendrá garantizada una bancada en el Congreso, como ha ocurrido en los últimos dos periodos por cuenta de ese histórico pacto, que en este 2026 cumple diez años. Ahora debe jugarse su suerte en las urnas en las elecciones legislativas de marzo. Sus candidatos, rechazados por el Pacto Histórico, el partido de izquierdas que respalda al Gobierno de Gustavo Petro, han encontrado refugio en las listas al Congreso de Fuerza Ciudadana, una coalición alternativa de fuerzas progresistas. Esa lista combina diversos liderazgos sociales, entre ellos varias víctimas del conflicto armado –incluso de las FARC–, que piden no estigmatizar a los excombatientes en aras de la reconciliación.
La paradoja es que los legisladores de Comunes han respaldado decididamente las iniciativas de Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, y se cuidan de no quemar los puentes. “Aún estamos apoyando la coalición de Pacto Histórico, porque el Gobierno está hoy presente”, apunta la senadora Sandra Ramírez, la única que busca mantener su escaño después de un proceso interno de selección de candidatos. “Por circunstancias políticas estamos hoy en la coalición de Fuerza Ciudadana, pero esto es para el futuro, para el próximo Congreso”, explica. De momento, mantienen su apoyo a las políticas reformistas del Ejecutivo, y buscan sacarle provecho a los pocos meses que le quedan al actual Legislativo. “La expectativa es que Comunes salve la personería jurídica, pero también la representatividad en el Congreso, y a eso le vamos a trabajar con toda la energía posible”. Eso significaría que Fuerza Ciudadana supere el medio millón de votos que, aproximadamente, será el umbral para llegar al Senado –equivalentes al 3% de la votación–, y que candidatos de Comunes estén entre los más votados de la lista. No es una meta fácil.
Cambiar las balas por votos fue una de las frases que más repitieron los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) para sintetizar el propósito esencial de que el acuerdo de paz sacara a las armas de la política. De ahí que Comunes haya tenido diez escaños garantizados –cinco en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado de la República–, por dos periodos consecutivos, a pesar de que las urnas, hasta ahora, no le han perdonado medio siglo de guerra. En las elecciones de 2018, el partido logró apenas 85.000 votos –y acabó por renunciar a la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño, Timochenko– y en las de 2022 todavía menos, unos 21.000 a la Cámara y 30.000 al Senado.
La participación política, uno de los puntos más tensos de las negociaciones, siempre fue esencial para los firmantes de paz. Los días que definieron el fin de la que era la guerrilla más antigua del continente estuvieron cargados de vértigo. El acuerdo del Teatro Colón, sellado a finales de 2016, fue renegociado después de la inesperada derrota del original en un plebiscito que dejó en el aire esa difícil negociación que se extendió más allá de lo presupuestado, por varios años. A contrarreloj, la cúpula de las FARC aceptó en ese entonces 58 de las 60 modificaciones que propusieron los portavoces del No –entre los que estaba el entonces senador Iván Duque, el pupilo del expresidente Álvaro Uribe que después llegó a la Presidencia, con la obligación de implementar un acuerdo al que se opuso con vehemencia–. “Las únicas dos que no aceptaron fueron las que definían lo que eran aspectos cruciales para su futuro: que los comandantes guerrilleros no pudieran participar en política y que se hicieran más severas las sanciones y condiciones de reclusión”, rememora Santos en su libro La Batalla por la paz. El acuerdo se salvó y unos 13.000 guerrilleros dejaron las armas.
Aunque la crispación política nunca cesó, el 20 de julio de 2018 ocho firmantes ocuparon por primera vez escaños en el Congreso –no se presentaron a la ceremonia ni Iván Márquez ni Jesús Santrich, quienes después acabaron por retomar los fusiles–. Muchos de sus nuevos colegas no se esmeraron en hacerlos sentir bienvenidos. Varios congresistas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, los recibieron con el grito de “asesinos”. “Hemos ido asimilando que en política nadie le regala nada a nadie”, reflexionaba Julián Gallo –también conocido como Carlos Antonio Lozada, su nombre en la guerra– en un reportaje sobre el tránsito que hicieron de la selva al Capitolio.
El partido cometió errores como mantener en un primer momento la resistida sigla de la guerrilla en armas, antes de ser rebautizado como Comunes. También acusó el desgaste de las fracturas internas. En los términos más formales, pasó de ser oposición en el periodo de Duque (2018-2022) a convertirse en parte de la variopinta coalición de Gobierno en el de Petro (2022-2026). Desde el Congreso, ha defendido la implementación integral del acuerdo de paz, incluyendo aspectos como la reforma política y la reforma rural, señala en una conversación telefónica el senador Gallo –que no es candidato y fue parte de la última cúpula o secretariado de las extintas FARC, sancionada con penas alternativas a la cárcel por la Jurisdicción Especial para la Paz por delitos relacionados con el secuestro–.
“Algunos sectores mayoritarios en los partidos que se llaman fundadores del Pacto Histórico siguen viendo con recelo nuestra presencia en esa propuesta”, se lamenta Gallo, que acusa “sectarismo” en parte de la izquierda. “Estamos muy pendientes de si la coalición Fuerza Ciudadana logra el umbral próximo 8 de marzo”, concede, aunque vaticina de inmediato que Comunes no va a desaparecer, incluso si no se alcanza ese 3%. “Tenemos una visión de la política totalmente distinta, no la limitamos exclusivamente a la participación en las elecciones. Para nosotros la actividad política tiene que ver también con el trabajo de las organizaciones sociales”, asegura.
