La reanudación del juicio por la muerte de Diego Maradona no fue como muchos esperaban. Superado el escándalo del documental y la conformación de un nuevo tribunal, la primera audiencia estuvo cargada de tensiones. Hubo roces, discusiones, gritos y reproches entre los magistrados y los abogados defensores del médico Leopoldo Luque. No faltó nada.
La Sala de Audiencias de la Cámara Departamental de San Isidro fue el escenario elegido para iniciar el nuevo debate tras la nulidad decretada en el juicio original por la participación de la jueza Julieta Makintach en la grabación del documental “Justicia divina”.
El Tribunal Oral Criminal N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig (presidente), Alberto Ortolani y Pablo Rolón (subrogante), asumió la dirección del proceso con la promesa de imprimirle velocidad. Pero la voluntad de avanzar no alcanzó para sortear los principios procesales básicos: los abogados de Luque, Julio Rivas y Francisco Oneto, denunciaron que la audiencia fue convocada antes de que se cumplieran los diez días hábiles que exige el Código Procesal Penal bonaerense desde la integración definitiva del tribunal.
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La norma es clara: ese plazo se otorga para que las partes puedan analizar a los magistrados y decidir si plantearán recusaciones. Rolón, el juez que completó el tribunal tras la excusación de Alejandro Lago por razones médicas, fue sorteado apenas 48 horas antes del inicio de la audiencia. El apuro –reconocido incluso por los propios jueces como parte de un intento de retomar el control de una causa que arrastra demoras y controversias– resultó contraproducente.
El reclamo formal de la defensa escaló rápidamente al terreno del enfrentamiento personal. Oneto acusó al juez Gaig de actuar como “un monarca” y de estar “escondiendo las cartas”, en alusión a la negativa del magistrado a permitir la presencia de cámaras de televisión en la audiencia. Solo se autorizó el ingreso de la prensa escrita, lo que provocó la primera tensión del día. A esto se sumaron los intentos de los jueces Ortolani y Rolón por mediar en el conflicto, interrumpidos por Gaig con una frase lapidaria: “La audiencia la manejo yo”.
El episodio dejó expuestas las tensiones internas del tribunal. Ortolani, incómodo por no poder intervenir, se quejó en voz baja: “Acá estoy pintado”. Lo que debía ser una audiencia técnica se transformó en un ring verbal que obligó a los jueces a decretar un cuarto intermedio. Al regreso, Gaig cambió de tono, pidió disculpas por su actitud inicial y finalmente accedió a suspender la jornada, reprogramándola para el 5 de agosto, tras la feria judicial.
La suspensión impidió avanzar sobre cuestiones claves que debían definirse ese mismo día. Entre ellas, la situación de Dahiana Madrid, la enfermera que podría enfrentar un juicio por jurados, a diferencia del resto de los imputados, que
serían juzgados en un debate técnico. También quedó sin resolver el pedido de Luque para ser juzgado por un jurado popular, y –a nivel más básico– ni siquiera se formalizó oficialmente la constitución del nuevo tribunal.
El abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando Maradona, manifestó su frustración pero también una visión positiva sobre la actitud del nuevo tribunal. “Todos queríamos avanzar, pero una de las defensas no prestó conformidad”, explicó. A pesar del retroceso, reconoció que “el tribunal viene haciendo bien las cosas, con ímpetu” y que, si depende de los magistrados, el juicio podría comenzar este mismo año. “Va a depender más de la Cámara”, señaló en diálogo con la prensa.
El proceso penal por la muerte de Maradona es el más importante del fuero de San Isidro. No solo por la figura del astro, sino porque la causa involucra cuestiones sensibles como la negligencia médica, la responsabilidad institucional de prestadores privados de salud y los alcances del Código
Penal frente a muertes evitables.
Además de Luque, están siendo juzgados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y su superior Mariano Perroni. La causa se encuadra en la figura de “homicidio con dolo eventual”, con penas que pueden alcanzar hasta 25 años de prisión.
Qué pasará con Makintach
R.P.
La jueza Julieta Makintach es la principal responsable de la anulación del juicio anterior y la designación de este nuevo tribunal.
El 3 de julio pasado, Makintach fue oficialmente suspendida de su cargo y solo cobrará el 60% de su sueldo.
Hasta ese momento, la magistrada, que fue nombrada en el año 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, estaba suspendida preventivamente por orden de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
Makintach presentó la renuncia a su cargo para evitar su destitución, pero Axel Kicillof todavía no se la aceptó ni se la rechazó.
Si el gobernador acepta la renuncia, el proceso de jury en su contra quedará sin efecto.
Para Makintach, la diferencia central entre renunciar y enfrentar un jurado de enjuiciamiento radica en las consecuencias futuras: si es removida por el jury, no podrá volver a ejercer ningún cargo dentro del sistema judicial.
Además, se han registrado antecedentes en los que profesionales desplazados por juicio político tuvieron dificultades para obtener matrícula como abogados, ya que algunas entidades colegiadas rechazan esos antecedentes.
Mientras tanto, se supo que está siendo asesorada por el abogado Nicolás Urrutia, cercano al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y también defensor de Jésica Cirio.
