El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam a manos de un sicario en San José, el 19 de junio de 2025, tuvo un trasfondo “ideológico” y fue planeado en Managua. Así se desprende de la más reciente actualización de la investigación que lleva el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica sobre un crimen que conmocionó al exilio nicaragüense: el militar era uno de los opositores más beligerantes contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Ejército de Nicaragua.
A partir de la publicación de extractos del expediente en medios costarricenses como Teletica, esta actualización supone el paso más importante en torno al caso, ya que vincula por primera vez y de manera directa el móvil a un trasfondo político. “Es una noticia importantísima porque revalida lo que todos los exiliados venimos denunciando, y que la muerte de Roberto ejemplifica de la manera más dura: la represión transnacional del régimen”, explica la viuda de Samcam, la socióloga Claudia Vargas.
Basada en la incorporación de nuevos testigos al expediente judicial, la investigación en curso del OIJ sugiere que el detonante principal del asesinato a quemarropa fue la colaboración de Samcam con un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas (GHREN, por sus siglas en inglés), que expuso por primera vez la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas sociales de abril de 2018.
Samcam se encontraba en su vivienda en la capital costarricense, la mañana del 19 de junio cuando un sicario de unos 20 años ingresó al condominio Naples, llamó a su puerta y le disparó ocho veces. La víctima se desplomó y murió casi de inmediato en el piso, mientras su hija dormía en una de las habitaciones.
El crimen ocurrió tres meses y 23 días después de que el Grupo de Expertos de la ONU presentara el informe en Ginebra que sacudió a la cúpula del Ejército de Nicaragua. Los hallazgos desmontaron uno de los principales argumentos que los militares esgrimían para mantenerse al margen de las presiones de la comunidad internacional: que el Ejército no participó en la brutal represión de 2018, a pesar de estar plegados al matrimonio Ortega-Murillo.
El Grupo de Expertos señaló al Ejército como corresponsable de las más de 350 ejecuciones extrajudiciales de 2018 y de graves violaciones a los derechos humanos. Samcam, como militar en retiro, aportó buena parte de la información a Naciones Unidas para identificar cadenas de mando y a los principales perpetradores castrenses que participaron en una masacre catalogada como “crímenes de lesa humanidad”.
Personas del entorno de Samcam explicaron que dadas sus conexiones con el sector militar, el mayor en retiro pasó los últimos años en el exilio recopilando pruebas y reconstruyendo el esquema de mando involucrado en las maniobras represivas, partiendo de la orden girada por el general Julio César Avilés y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez, quienes instaron a las unidades militares a “neutralizar” a los participantes en las manifestaciones de 2018.
“La mayoría de este documento (informe del Grupo de Expertos) se basó en la investigación que realizó Roberto Samcam, por lo que la molestia del Gobierno en su contra era grande y pudo causar que le mataran. Era un objetivo específico del régimen”, dijo uno de los testigos incorporados al expediente por el OIJ.
La conexión con Nicaragua
La actualización del expediente judicial sugiere que el crimen tuvo características de ejecución por encargo y fue perpetrado de manera “profesional” por un sicario de apellido Carvajal Fernández, capturado en febrero pasado. Eso refuerza la hipótesis de que se trató de una acción planificada desde Managua.
Además del sicario, otras tres personas están en prisión preventiva por el crimen. El expediente del OIJ destaca que uno de los detenidos estaría vinculado a un grupo asociado al régimen sandinista que opera en el departamento (provincia) de Carazo, donde Samcam vivía en Nicaragua, lo que abre la posibilidad de vínculos transnacionales en la represión.
El expediente del OIJ también recoge la existencia de una presunta lista de diez personas consideradas objetivos del régimen Ortega-Murillo, entre las que figuraba Samcam. El mayor en retiro había denunciado las amenazas recibidas ante la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), adscrita a la presidencia de Costa Rica, pero no recibió protección. Días antes del crimen, la víctima recibió nuevas amenazas y fue vigilada por los sicarios.
Samcam llevaba siete años exiliado en Costa Rica cuando lo mataron. En febrero de 2023, el régimen Ortega-Murillo le había despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense; más tarde obtuvo la ciudadanía española. En febrero de 2026, el Grupo de Expertos concluyó que el crimen fue “cuidadosamente planeado, tras una vigilancia previa y amenazas contra la víctima”, y que presentaba las características de un asesinato por encargo.
Los documentos de Samcam
Además de la colaboración con Naciones Unidas, el legajo judicial asegura que otros documentos elaborados por Samcam también motivaron el crimen. El primero, uno en el que el mayor en retiro trabajaba junto a otros exiliados para proponer la conformación de un gobierno de transición en Nicaragua.
El otro identificaba a una serie de supuestos opositores como “operadores” del régimen Ortega-Murillo y de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua en el exilio, dedicados a labores de vigilancia y espionaje en Costa Rica. Y un tercero, revelado este jueves por el medio CR Hoy, consistía en una recopilación de Samcam sobre presuntos vínculos entre el régimen Ortega-Murillo y el Cártel de Sinaloa, que tenía la intención de denunciar públicamente antes de ser asesinado.
En los dispositivos electrónicos decomisados en su vivienda, las autoridades encontraron documentos sobre supuestas rutas aéreas de trasiego de droga desde Venezuela y Colombia hacia Nicaragua, con la presunta participación de las FARC, y la existencia de 92 pistas clandestinas en territorio nicaragüense. El expediente aclara que se trata de investigaciones privadas del propio Samcam, no de conclusiones del OIJ, pero señala que esa información pudo constituir un móvil adicional para el crimen.
