En las sombras de un régimen que se tambalea, los autoproclamados “jueces” de la dictadura en Venezuela desenfundan sus plumas como si fueran dagas, tejiendo expedientes falsos con hilos de mentiras. Su misión es siniestra: silenciar, aplastar, encarcelar. No son guardianes de la justicia, sino sicarios de la opresión, mercenarios de toga que ejecutan sentencias al servicio de un poder corrupto. Su sala de audiencias es un patíbulo donde la verdad es la primera víctima.
Merlys Oropeza, una voz valiente, es el rostro de esta infamia. El 9 de agosto de 2024, un mensaje en un estado de WhatsApp, una opinión sobre una jefa de calle del PSUV, bastó para que el Tribunal Tercero de Juicio de Maturín la condenara a una década tras las rejas. ¿Su delito? “Incitación al odio”, un eufemismo grotesco para castigar la libertad de pensar. Merlys, presa política, es una más en la larga lista de inocentes sacrificados en el altar de la tiranía, donde un comentario se convierte en crimen y la verdad en traición.
Es posible enumerar muchas otros casos relacionados con mujeres venezolanas sometidas a prisión cruel o desapariciones forzadas: Rocío San Miguel (2024), activista y abogada experta en asuntos militares, fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, junto a su hija y otros familiares, acusada de “conspiración”. Estuvo incomunicada en El Helicoide, un centro de detención conocido por su brutalidad. Crueldad reportada: durante 10 días, su paradero fue desconocido, calificándose como desaparición forzada por Amnistía Internacional y Provea. Sufrió aislamiento, negación de contacto con abogados y familiares, y condiciones de detención insalubres. Su caso se relaciona con la represión preelectoral de 2024.
Yosida Vanegas (2023-2025), madre de 69 años, fue detenida arbitrariamente el 15 de agosto de 2023 por la DGCIM al visitar a su hijo, Juan Carlos Monasterios, preso político desde 2018. Acusada sin orden judicial de delitos no especificados. Con una brutal crueldad fue encarcelada en condiciones precarias, sin acceso adecuado a atención médica ni comunicación con su familia. Su detención se considera una represalia por su vínculo con un preso político. Organizaciones como Vente Venezuela han denunciado su caso como emblemático de la persecución familiar, hecho que evidencia cómo el régimen extiende la represión a familiares de opositores.
Carla Antón Farías (2019-2025) es teniente del Ejército, detenida en 2019 por “instigación a la rebelión”. Encarcelada en la prisión militar de Ramo Verde, lejos de su familia en Cumaná. Fue sometida a insultos, privación de agua y alimentos, y aislamiento en celdas oscuras en la DGCIM. Las condiciones en la cárcel militar de Ramo Verde incluyen hacinamiento y falta de atención médica. Su caso es parte de una lista de mujeres militares presas políticas denunciada por oenegés que defienden los derechos humanos y prueba fehaciente de represión contra militares mujeres con tratos crueles.
Yusimar Montilla Ortega (2019-2025) es sargento del Ejército, fue detenida con 7 meses de embarazo en 2019 por la misma causa que Carla Antón. Recluida en la cárcel de mujeres INOF, en la que fue reducida a sobrevivir en una celda sucia con ratas, incomunicación, y tratos inhumanos. Fue separada de su bebé tras el parto y devuelta a prisión sin atención médica adecuada. Su salud se ha deteriorado gravemente e ilustra el impacto desproporcionado de la represión en mujeres embarazadas y madres.
Aidaliz Guarisma Mérida (2021-2025) es una reconocida profesora de la Universidad de Los Andes, detenida el 10 de agosto de 2021 por el Sebin en Mérida, acusada de corrupción y asociación para delinquir. Sometida a desaparición forzada inicial, traslado sin orden judicial a Caracas, y condiciones de detención precarias en el Sebin. Ha enfrentado restricciones de visitas y atención médica. Es un caso de persecución a académicas por motivos políticos.
Sofía María Sahagún Ortiz (2024), ciudadana hispano-venezolana, desaparecida desde el 23 de octubre de 2024 tras pasar el control migratorio en el aeropuerto de Caracas. Su familia no ha recibido información sobre su paradero, y Human Rights Watch calificó su caso como desaparición forzada. Agentes policiales han acosado a sus familiares, aumentando el temor por su seguridad. Su detención arbitraria refleja el uso de desapariciones forzadas para intimidar a ciudadanos con doble nacionalidad. Nakary Mena Ramos (2025), periodista detenida junto a su esposo en 2025 por informar sobre la situación en Venezuela, según denuncias en X. Es considerada “secuestrada” por el régimen, sin información clara sobre su paradero o condiciones de detención. Su caso está relacionado con la represión a la prensa independiente
En conclusión, queda a la vista de todo el mundo que estos jueces, cómplices de la dictadura, no solo encarcelan cuerpos; encadenan la esperanza. Fabrican expedientes con la precisión de un verdugo, pero su tinta no puede ocultar la sangre de la injusticia. Cada sentencia es un grito de advertencia: callar o sufrir. Sin embargo, en el corazón de los oprimidos, la resistencia sigue latiendo. Merlys y tantos otros no están solos; su lucha es la de un pueblo que, aun en la oscuridad, no olvida el rostro de la libertad.
Condenemos a estos sicarios de la injusticia, que visten de legalidad su traición. Que el mundo sepa que en Venezuela, la justicia no juzga: sentencia. Y que cada preso político es un recordatorio de que la lucha por la verdad no se rinde, ni en la celda más oscura.
