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El presidente de izquierdas Gabriel Boric entregará La Moneda el 11 de marzo al republicano José Antonio Kast, de la derecha conservadora. Y su agenda a contrarreloj, de los últimos 10 días es, precisamente, el reflejo de quien se está despidiendo. Por ejemplo, hizo su primera visita en cuatro años a Isla de Pascua para anunciar sobre los avances de infraestructura del nuevo Aeropuerto Mataveri; puso la primera piedra del que será el Hospital de Licantén; entregó viviendas para 276 familias en la Región del Maule; presentó la puesta en marcha de nuevos buscarrieles para el Tren Ramal Talca-Constitución; fue condecorado como Alto Alguacil por Carabineros y, este sábado, viaja al archipiélago Juan Fernández para encabezar, el lunes, la ceremonia de inicio del año escolar a nivel nacional. Sin embargo, en medio de esas actividades, las controversias generadas por el cable submarino de fibra óptica de la empresa China Mobile, para conectar la región de Valparaíso con Hong Kong, y cuya concesión —se ha sabido con los días— su Administración aprobó el 27 de enero y la anuló 48 horas después, siguen marcando el final de su mandato. Y a una inédita crisis diplomática con Estados Unidos, que sancionó a tres altos funcionarios vinculados al proyecto, entre ellos al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, al revocarles las visas y acusarlos de “socavar la seguridad regional”, se han sumado las críticas de la próxima Administración de Kast: se ha quejado de falta de información y transparencia; y también ha cambiado el tono a medida que se han conocido antecedentes que el Ejecutivo de Boric no abordó en su primera vocería, hace ochos días.

El caso arrancó la mañana del viernes 20, con Boric todavía en Isla de Pascua. Ese día, el Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, emitió una declaración en la que acusó a los tres funcionarios de que, “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”. Pero el texto tenía algo más: “En su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”.

Por la tarde, el canciller de Boric, Alberto van Klaveren, desde La Moneda, informó que se envió una nota de protesta diplomática a Estados Unidos. Y dijo que las medidas, según información que le dio el embajador de EE UU en Chile, Brandon Judd, con quien se reunió antes de su vocería, se originaron por “una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong. El Gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría, de alguna manera, representar una amenaza a su seguridad”. Luego explicó que se trataba “de un proyecto que no ha sido aprobado” y que “está en evaluación”, algo que con el transcurso de los días se transformaría en el foco de una de las varias controversias.

La imputación de Estados Unidos fue calificada por el canciller de “absolutamente falsa”. “Como Gobierno, reiteramos nuestra condena a esta medida de carácter unilateral, que vulnera la independencia y la soberanía de nuestro país”, dijo. Tres días después, Judd dio una controvertida rueda de prensa: defendió la revocación de las visas y dijo que, con antelación, había sostenido diversas reuniones con autoridades, por lo que ironizó con que se mostraran sorprendidas con la sanción: “Es irrisorio”. Pero, además, señaló que había advertido, en esas citas, de que hubo incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos (hackeos) por parte de “actores malignos extranjeros” que no especificó.

La Embajada de China en Santiago también emitió una declaración: dijo que la sanción de EE UU “demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo”.

De evaluación a concesión

En una entrevista a La Tercera, el sábado 21, Muñoz, quien es independiente, contó que cuando se reunió con Judd —el 2 febrero— que el diplomático le manifestó la posibilidad de “tomar sanciones contra las personas que habían participado [del proyecto], por muy técnica que haya sido [su incursión]”. Y agregó que, previo a las restricciones, su cartera estaba en “un proceso de recabar información, en el sentido de ver si estos antecedentes que teníamos a la vista socavaban la seguridad nacional de Chile y Estados Unidos”.

Dos días después, el ingeniero civil industrial, en otra entrevista, dijo que, como Gobierno, tomaron en “forma muy seria” las alertas en torno al tendido de fibra óptica que dio la Embajada de EE UU, lo que implicó que recabaran información adicional. Y relató que el proyecto avanzó y que el decreto que permitía dar curso a la propuesta, incluso, estuvo “listo para ser enviado a la Contraloría” —el organismo que debe chequear todos los actos administrativos del Estado—, pero que, tras los antecedentes que le entregó la embajada, “valía la pena volver atrás y empezar a hacer un análisis mucho más profundo de algunas dimensiones del proyecto que escapaban” a las funciones propias de su ministerio.

Al día siguiente, El Mercurio informó que Muñoz había aprobado el 27 de enero, la concesión para que la empresa China Mobile pudiese instalar, operar y explotar el cable submarino, aunque 48 horas después de firmar el decreto, fue anulado por errores técnicos o de tipeo. En el avance de la iniciativa china, tuvieron un papel clave el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete Guillermo Peterson, ambos militantes comunistas, y también sancionados con el retiro de sus visas.

La respuesta que ha dado el Gobierno, es que la concesión es la primera de las 13 etapas de un proyecto de la envergadura del cable submarino, según dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde: “No había un acto administrativo formal y por tanto, no había una decisión de parte del Estado (para) una aprobación explícita para iniciar el proceso. ¿Cómo se realiza eso? A través de un decreto que se envía a la Contraloría y que es tomado razón por la Contraloría. Eso no había acontecido”.

“Estamos bajo un fuego cruzado”

Hasta el 20 de febrero, cuando el Departamento de Estado informó sobre las sanciones, las futuras autoridades de Kast habían tenido un tono casi neutro frente a la crisis diplomática. Se suma que la lectura política que se dio en el país sudamericano a las acciones de la Casa Blanca —de excancilleres y del embajador de Chile en Washington Juan Gabriel Valdés—, fue que la señal enviada no era solo para Boric, que va de salida, sino también a la próxima Administración de derechas. Ello explica que el canciller designado por Kast, Francisco Pérez Mackenna, se viera obligado, ante la conmoción pública, de hacer una breve y única declaración, horas después de que van Klaveren enviara la nota de protesta a EE UU. Pérez evitó entrar en el fondo: dijo que era “necesario conocer absolutamente todos los antecedentes” para poder analizar la medida, y que como Gobierno harán “todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones”.

Pero ese tono cambió cuando se hizo público que Muñoz alcanzó a firmar el decreto de la concesión, aunque lo anulara, y se complicó más cuando el futuro ministro del Interior de Kast, Claudio Alvarado, se quejó, en una entrevista este jueves en Tele 13 Radio, de que en la reunión bilateral, del 13 de febrero, entre el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Boric y su sucesor, Louis de Grange, “no hubo ni una sola mención” al cable submarino.

“El hecho de que el propio Gobierno vaya entregando datos día a día, por diferentes versiones, a través de distintos ministros, hace que este problema se transforme en una crisis política interna y en un problema estratégico para el nuevo Gobierno desde el punto de vista que tiene que tomar una decisión”, dijo Alvarado. Y agregó que se vienen “decisiones complejas”, pues se trata de relaciones “con dos países que son importantes [Estados Unidos y China] para Chile. Estamos bajo un fuego cruzado producto de una mala decisión que no se evaluó correctamente por parte del Gobierno actual”.

El martes 3 de marzo, Kast y Boric sostendrán una reunión privada en La Moneda, pedida por el republicano. Ocurre después de que el mandatario señalara, hace cuatro días en su cuenta de X, que el proyecto de cable submarino “está en evaluación”. “Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades“, dijo. Y agregó: “Como Jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano, no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo. Así será”.

La cita entre Boric y Kast es la tercera desde que el republicano ganó la elección. Abordarán al controversia en torno al tendido de fibra óptica, y luego tendrán encuentros sucesivos, se informó este viernes desde la Presidencia, con un grupo de ministros de la Administración de izquierdas y sus sucesores. Entre ellos, estarán Muñoz y van Klaveren.

El 7 de marzo, Kast viajará a Miami, invitado por el Gobierno de Trump, a la cumbre Escudo de las Américas. Cuatro días después, asumirá en La Moneda.