José Adolfo Macías, alias Fito, el temido líder de Los Choneros, compareció este lunes 21 de julio ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. Se declaró “no culpable” de los siete cargos que le imputa la justicia estadounidense, todos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas. La jueza Vera M. Scanlon ordenó su reclusión sin derecho a fianza en el Centro de Detención Municipal de Brooklyn, acatando la petición de la Fiscalía, que lo considera una figura de alto riesgo con antecedentes de fuga.
“El acusado y sus cómplices inundaron Estados Unidos y otros países con drogas y emplearon medidas extremas de violencia en su búsqueda de poder y control”, afirmó en un comunicado Joseph Nocella, fiscal federal del caso. Las autoridades lo acusan de haber dirigido una red que no solo enviaba cocaína a través del Pacífico desde Ecuador, sino que también adquiría armamento estadounidense para abastecer a sicarios y facciones armadas en su país.
Fito enfrenta una posible condena de entre diez y cincuenta años de prisión, tras la garantía diplomática ofrecida por Washington a Quito de que no se le aplicará ni cadena perpetua ni la pena de muerte, condiciones exigidas por Ecuador para permitir su extradición. “José ‘Fito’ Macías creyó que podía traficar veneno a nuestro país, contrabandear armas estadounidenses a sus asesinos y promover su actividad criminal mediante el caos y el derramamiento de sangre. Se equivocó”, sentenció Robert Murphy, administrador interino de la DEA.
Horas después de que el avión del Departamento de Justicia estadounidense despegara con José Adolfo Macías a bordo, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa reaccionó en la red social X: “Hasta nunca, Fito”, escribió con tono de victoria política. “Fito ya está en EE UU. Esto es gracias a ustedes, ecuatorianos, que dijeron sí a la consulta popular”, en referencia al referéndum que promovió en abril y que abrió el camino legal para extraditar a nacionales requeridos por otros países.
La entrega del líder de Los Choneros representa, para el Gobierno de Noboa, una victoria política en su ofensiva contra el crimen organizado. Pero no todos los capos pueden ser extraditados. “Uno de los errores previo a la consulta popular fue que la gente creía que cualquier delincuente peligroso podríamos mandarlo a Estados Unidos para que la justicia de ese país se haga cargo, y no funciona así”, explica la abogada Dolores Miño. Para que se conceda una extradición, deben coincidir varios elementos, entre ellos que los delitos imputados hayan sido cometidos en territorio del país solicitante.
Justicia tercerizada
El caso de Fito se usa como un mensaje de fuerza del Gobierno, como si se pudiera “tercerizar la justicia” para los criminales más peligrosos. Pero Miño advierte que esa narrativa encubre un problema más profundo: “Cuando consideras que otro sistema de justicia está en mejor capacidad de detener, procesar y condenar a tus propios delincuentes, evidentemente es una falta de confianza terrible al sistema judicial”.
La mayoría de las organizaciones criminales que han sembrado el terror en Ecuador no han operado directamente en Estados Unidos, por lo que su persecución sigue siendo responsabilidad del Estado ecuatoriano. El problema es que las instituciones encargadas de hacerlo están profundamente deterioradas. Casi a diario, la Fiscalía abre una investigación contra funcionarios judiciales por vínculos con las mafias. Desde julio de 2024, al menos 45 jueces, 11 fiscales y 33 funcionarios de la función judicial han sido destituidos por corrupción o colusión con el crimen organizado.
Fito es, hasta ahora, la pieza más grande que ha caído. Pero el tablero sigue lleno.
