La agria disputa entre el Gobierno de Estados Unidos y las autoridades locales y estatales de Minnesota llegó este lunes a los tribunales mientras crecía la tensión en Minneapolis. Fue dos días después que la Patrulla Fronteriza matara a Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años, sin antecedentes penales, que recibió una decena de disparos a bocajarro mientras estaba en el suelo, rodeado por seis de los 3.000 agentes federales enviados por Donald Trump en la mayor operación migratoria de su primer año de vuelta en el poder.
Por un lado, una jueza federal decidía sobre si este despliegue sin precedentes viola la soberanía del Estado. La audiencia estaba prevista de antemano, pero la muerte de Pretti le dio una nueva dimensión. Se celebró por la mañana en esta ciudad del Medio Oeste. La magistrada Kate M. Menendez no emitió un fallo de inmediato tras escuchar los argumentos. Tampoco proporcionó un plazo para la publicación de su decisión por escrito, aunque pareció escéptica con las aspiraciones de los demandantes.
Estos presentaron un caso basado en una interpretación de la Décima Enmienda con la que no está de acuerdo la Administración de Trump, que ha advertido que una sentencia en favor de las autoridades estatales supondría un “acto sin precedentes de extralimitación judicial”.
La Décima Enmienda está en la base del espíritu federal de Estados Unidos. Incorporada a la Constitución en 1791 como parte de la Carta de los Derechos, establece que todos los poderes que no están reservados al Gobierno central o prohibidos expresamente a los Estados, son competencia de estos. Así que la pregunta que se hacía la jueza era la siguiente: ¿supone el fenomenal despliegue de agentes federales en este territorio demócrata del Medio Oeste una violación de esa Décima Enmienda?
La demanda, presentada hace dos semanas, después de que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas Estadounidense (ICE) matara a tiros a una poeta llamada Renée Good, argumenta que sí, y que la operación antiinmigración obedece en realidad un “deseo de castigar a los opositores políticos y obtener réditos partidistas”. Tanto los Ayuntamientos de Minneapolis y St. Paul, la capital, dos ciudades que se comportan como una, las Twin Cities, son demócratas, como lo es el gobernador del Estado, Tim Walz, que además fue candidato a la vicepresidencia con Kamala Harris en las elecciones en las que esta perdió frente a Trump.
Reducción del número de agentes
Tanto Walz como los alcaldes denuncian que el despliegue de fuerzas federales está poniendo en peligro desde hace casi dos meses la seguridad pública e interfiriendo con su autonomía política, así como en la vida cotidiana de las ciudades, sometidas a una enorme presión, con miles de familias que no se atreven a salir de sus casas, calles cortadas, protestas a diario y escuelas e iglesias vacías. La demanda exige que el número de uniformados regrese a los destacados antes del inicio de la Operación Metro Surge (aumento en la ciudad), al frente de la cual está previsto que se ponga este lunes por la noche el zar de la frontera Tom Homan, uno de los actores más duros de la Casa Blanca de Trump.
Su texto recoge el sentir estos días en las calles de una Minneapolis al borde de la congelación. Las temperaturas de hasta 25 grados bajo cero no están impidiendo que arrecien protestas como las de la madrugada del domingo, en la que unos manifestantes hicieron un escrache ante uno de los hoteles que alojan al ICE. “Las decisiones [del Gobierno] parecen diseñadas para provocar indignación en la comunidad, sembrar el miedo e infligir angustia emocional, y están interfiriendo con la capacidad de los funcionarios estatales y locales para proteger y atender a sus residentes”, afirma la demanda.
La otra cita en los tribunales con la que Minneapolis amaneció pendiente tras un fin de semana en el que la ciudad se vistió de luto por la muerte del segundo estadounidense víctima de la brutalidad policial, tras la de Good, se refiere a la petición de las autoridades de Minnesota de participar en la investigación de las circunstancias en la que los agentes federales mataron a Pretti el sábado pasado.
Poco después del incidente, estos impidieron a los cuerpos estatales y locales el acceso a las pruebas de lo sucedido. Por la noche del sábado, un juez prohibió a las autoridades federales destruir cualquier indicio. No está claro aún si para entonces ya era demasiado tarde. El domingo por la mañana, se pudo ver a agentes del cuerpo de peritos estatales en la escena del crimen.
