El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a avalar la política económica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 20 de enero, el directorio ejecutivo del organismo concluyó su consulta anual del Artículo IV —una suerte de auditoría político-económica a cada país miembro— y destacó que Nicaragua ha “sorteado bien múltiples shocks desde 2018” gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos. El informe, sin embargo, omite cualquier referencia a la crisis política y de derechos humanos que atraviesa el país desde las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos según organismos internacionales.
La evaluación del FMI proyecta que, tras crecer un 3,9% entre 2022 y el primer semestre de 2025, el PIB se moderará a un 3,4% en 2026. El organismo celebra los superávits fiscal y externo y asegura que “las perspectivas a corto plazo siguen siendo en general favorables”. Lo llamativo es el lenguaje empleado para describir hechos de gravedad política: las “sanciones internacionales específicas”, la “reorientación de las entradas oficiales de capitales extranjeros” o las “transferencias de propiedad privada al Estado desde 2022” aparecen como simples condiciones del entorno.
Detrás de esa formulación técnica se ocultan las confiscaciones masivas ejecutadas por el régimen contra opositores, universidades privadas, medios de comunicación y organizaciones civiles. Según documentación independiente, el Gobierno ha expropiado cientos de propiedades en los últimos tres años, consolidando su control mediante la represión.
El FMI tampoco menciona el plan de sucesión dinástica del matrimonio presidencial, la cancelación de más de 5.000 ONG, la expulsión de órdenes religiosas y misiones diplomáticas —como la del embajador español Sergio Farré Salvá—, ni el destierro de más de 200 personas en enero de 2025. Tampoco alude a la reforma constitucional que otorga al Ejecutivo control absoluto sobre los demás poderes del Estado.
En su análisis, el organismo se limita a advertir que “a mediano plazo predomina el riesgo de que los resultados sean inferiores a lo previsto, en un contexto de elevada incertidumbre, en particular debido a los vaivenes de las políticas comerciales e inmigratorias a nivel mundial”.
La economista Edipcia Dubón critica la retórica del FMI: “Con su lenguaje calculado y su retórica ambigua, legitima la narrativa de un régimen que ha desmantelado la democracia, violado derechos humanos y saqueado los recursos de la nación”.
La estrategia fiscal del Gobierno, basada en el incremento de impuestos indirectos y la presión sobre pequeñas y medianas empresas, ha generado los superávits que celebra el FMI, pero a costa de encarecer la vida y asfixiar al sector productivo.
La otra cara de la economía
Mientras el FMI destaca la estabilidad macroeconómica, una encuesta realizada en diciembre de 2025 por la organización Hagamos Democracia en 40 municipios revela un panorama muy distinto. El 72,1% de los nicaragüenses asegura que sus ingresos no cubren los gastos básicos; el 82,3% no puede costear la canasta básica, valorada en unos 574 dólares, y el 59% percibe un salario que no alcanza ni la mitad de ese monto.
La precariedad laboral es evidente: solo un tercio de los consultados tiene empleo formal, más de la mitad trabaja en la informalidad y el 14,45% está desempleado. Además, el 63,7% percibe un aumento significativo en los precios de los alimentos en los últimos tres meses, con la carne, el queso, el aceite y los frijoles como productos más afectados.
El contraste entre los elogios del FMI y la realidad cotidiana de los nicaragüenses refleja la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la vida diaria de una población sometida a la represión política y al deterioro social.
