A dos meses de las elecciones que definirán el presidente de Colombia hasta 2030, el Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro ha declarado una nueva e inédita guerra contra una de las instituciones más respetadas del Estado colombiano, la autónoma junta directiva del Banco de la República. Su ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha sido el encargado de anunciar un conflicto que llega tras meses de tensión creciente entre la mayoría de los miembros de esa junta y el Ejecutivo por las decisiones sobre las tasas de interés. “Decidimos retirarnos de la junta del Banco de la República y establecer una distancia significativa entre el Ejecutivo y el órgano”, dijo el encargado de las finanzas estatales en una improvisada —y solitaria— rueda de prensa. El anuncio, a inicios de la tarde de este martes, llenó inmediatamente una agenda política que gira alrededor de la campaña y produjo reacciones desde todos los campos.
El presidente salió rápidamente a justificar y respaldar la decisión de su ministro, un viejo aliado personal que llegó al Gobierno hace un año, cuando buscaba un encargado que lo respaldara sin matices en sus luchas económicas. En su interpretación, en la junta no hay una discrepancia técnica o teórica, sino una postura política contraria a su Gobierno: “La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros; ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional. Es una posición política de oposición”, ha escrito en X. Así, presenta la retumbante decisión de Ávila como una respuesta política a una oposición atrincherada en el Estado, y refuerza un argumento que puede ser central en la campaña. En las próximas semanas, las alzas de las tasas deben producir un encarecimiento de los créditos a los colombianos, algo que produce malestar y llegará en plenas votaciones. Al traer a primer plano la disputa con los economistas que definieron el aumento, el Gobierno abre una puerta para desligarse de una decisión que puede ser impopular.
Juan José Echavarría, exgerente del Banco y uno de los conocedores del impacto de ese anuncio, repite dos veces la misma oración, como si la contundencia del argumento exigiera redundancia: “La inflación es el impuesto más regresivo que uno se puede imaginar”. Lo dice para explicar por qué el Banco tiene como meta luchar contra el alza de precios, por qué su independencia importa y por qué lo que ocurrió este martes —cuando el ministro Ávila se retiró abruptamente de la sesión antes de que terminara, convocó una rueda de prensa paralela y filtró la decisión sobre tasas antes de que el Banco la anunciara oficialmente— es más que una declaración política. Es un hecho sin antecedentes en los 35 años de la Constitución de 1991, que creó una banca central autónoma. Echavarría, que pasó cerca de quince años en el Emisor, primero como codirector y luego como gerente general, es categórico: “No recuerdo ningún ministro que se retirara, aunque siempre, todos, salían furiosos”.
El movimiento de Ávila tiene consecuencias jurídicas concretas que vale la pena entender. Gerardo Hernández Correa, excodirector, exsecretario de la junta directiva y abogado, lo explica con precisión: “Es absolutamente inédito porque se entiende que una de las funciones del ministro es ir a la junta. Si no fuera, podría ser objeto de una sanción disciplinaria que debería activarse inmediatamente”. El artículo 35 de los estatutos del Banco establece que la junta no puede tomar ninguna decisión sin la presencia del despacho de Hacienda. Hernández señala una norma que podría convocarse para evitar la parálisis: “Los miembros de la junta no pueden faltar a dos reuniones sin justa causa. Lo que podrían hacer los codirectores es documentarlo: citar una junta ordinaria y que no vaya; luego solicitar una extraordinaria, y que tampoco aparezca. Con eso documentado, el Procurador tendría que actuar”, dice a EL PAÍS. Según el calendario de la junta, que está definido en las normas, quedan tres decisiones de política monetaria —en las que se definen las tasas de interés— antes de que acabe el periodo de Gustavo Petro en la presidencia.
Con o sin sanción, la ausencia de Ávila dejaría paralizado al Bancop en medio de un ciclo de alzas de la tasa que sus técnicos consideran indispensable para frenar una inflación que lleva cinco años sin volver a la meta del 3%. Roberto Steiner, también excodirector, no tiene dudas sobre el propósito del movimiento: “Cuando se retira de la Junta, lo que tiene en mente es crear una situación de zozobra”. Para Steiner, el episodio hace parte de un patrón: “Se ha convertido en una tradición de este Gobierno irrespetar a las instituciones. Lo han hecho con las cortes; se han pasado por la faja el gobierno corporativo de Ecopetrol; han hecho un desastre de las finanzas públicas; y ahora atentan contra el entramado institucional del Banco de la República”, sentencia.
Ávila, por su parte, enmarcó su salida como una defensa de “la economía real” frente a una institución “capturada por el sector financiero”, según dijo en su rueda de prensa. Steiner ataca ese argumento con una precisión histórica: “Cuando uno los oye, se lleva la impresión de que la carta de navegación del Banco la escribieron cinco tecnócratas a puerta cerrada. Pero ese mandato lo redactó la Asamblea Constituyente de 1991, que fue totalmente representativa del cuerpo político”. Y recuerda que esa Asamblea tenía una presidencia tripartita que incluía a Antonio Navarro, quien venía de ser comandante de la guerrilla del M19, en la que también militaron tanto Ávila como Petro. “Esa caricatura que pretenden hacernos creer no tiene ningún asidero en la realidad”, concluye.
Juan Ricardo Ortega, exviceministro de Hacienda e hijo de Francisco Ortega —gerente del Emisor a mediados de los 80—, aporta perspectiva: “La creación del Banco de la República y el frenar la inflación de la gente requirió un esfuerzo titánico”, dice. Ortega desmonta el argumento de que la tasa de interés es la que daña a los más vulnerables: “La tasa de interés a la que se financia el Estado la genera el déficit fiscal que está manejando este Gobierno. Es el gasto desbocado el que termina cobrándole el impuesto menos transparente y más regresivo de todos: la inflación”. Y cierra con una invitación que tiene tanto de pedagogía como de advertencia: “Entrevisten gente en Argentina o en Venezuela para que le expliquen al pueblo colombiano cómo se vive con inflación”.
Más allá de esos cuestionamientos al anuncio del Gobierno, el choque de visiones económicas y el contexto electoral han alimentado una escalada que se desenvuelve en principio en el centro histórico de Bogotá, pero que tiene impacto en barrios, veredas y eventualmente puestos de votación de todo el país. El 30 de abril, cuando está citada la siguiente reunión de política monetaria de la junta, se verá cómo ha avanzado la mayor ruptura entre la banca central y un Ejecutivo en la historia reciente de Colombia. Ya habrá noticias sobre sus efectos en asuntos tan diversos como la calificación del riesgo país, el régimen disciplinario del ministro de Hacienda o la confianza en el funcionamiento de las instituciones colombianas.
