A las cinco de la mañana del martes 12 de agosto, decenas de autobuses comenzaron a rodar por las avenidas aún dormidas de Quito. Venían desde distintas provincias, con miles de personas vestidas de amarillo, convocadas por el presidente Daniel Noboa para una demostración de fuerza inédita: una marcha contra la Corte Constitucional, el órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna en Ecuador. El Gobierno de Noboa ha etiquetado a la Corte como “enemiga del pueblo” y la acusa de frenar su agenda de reformas.
La cita fue en el parque El Ejido, en el centro de la capital. Allí, bajo una vigilancia reforzada, los manifestantes esperaron durante horas hasta que apareció Noboa, vestido con ropa negra y chaleco antibalas. A su lado, también blindados, caminaban ministros, legisladores oficialistas y algunos gobernadores. El presidente subió a una camioneta que hizo de tarima improvisada y lanzó un mensaje que no duró más de dos minutos: “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus rostros ante toda la sociedad”.
Unas horas antes, una valla gigante apareció en una de las principales avenidas de Quito, con las fotografías y los nombres de los nueve jueces de la Corte Constitucional. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, decía el cartel, como si se tratara de una advertencia cuidadosamente orquestada. Aunque el Gobierno ha negado ser el autor, el mensaje es idéntico al que repiten desde hace días varios funcionarios del Ejecutivo.
La puesta en escena encendió alarmas fuera del país. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron la campaña de hostigamiento. “Estos ataques amenazan la independencia judicial, las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad de quienes trabajan en la Corte”, escribió la CIDH en su cuenta oficial de X.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, fue categórica: “Todas las instituciones gubernamentales y actores relevantes tienen el deber de respetar y garantizar la independencia del poder judicial. Esto implica protegerlo de la intimidación, acoso y la injerencia política”.
El origen del conflicto es una reciente decisión de la Corte de suspender de forma cautelar 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas sin mayor resistencia por una Asamblea controlada por el oficialismo. Las normas, relacionadas con seguridad y orden público, fueron impugnadas por presunta inconstitucionalidad. Para Noboa, esta decisión fue una traición a la lucha contra la violencia. “Han decidido darle la espalda a policías y militares”, insistió en su breve intervención de no más de dos minutos. “¡No vamos a permitir que se nos pare!”, gritó antes de retirarse sin mirar atrás.
La Corte Constitucional se ha convertido en un actor incómodo para el Gobierno de Daniel Noboa, no solo por las decisiones que frenan su agenda legislativa, sino por su rol como único contrapeso institucional real. En un país donde el Ejecutivo controla con holgura la Asamblea, el tribunal representa el último muro frente a un poder que busca avanzar sin cortapisas.
Ataques previos
Para el exjuez constitucional Ramiro Ávila, la ofensiva presidencial contra la Corte no es nueva en la historia política ecuatoriana, pero sí en sus formas. “La justicia siempre ha sido la cereza del pastel de los regímenes autoritarios”, dice. Recuerda, por ejemplo, cómo el expresidente Lucio Gutiérrez destituyó al antiguo Tribunal Constitucional en 2004 para reemplazarlo con jueces afines. La jugada le costó el cargo, cuando una revuelta ciudadana lo obligó a abandonar el Palacio de Carondelet en helicóptero.
Rafael Correa también tuvo su propia Corte, pero operó con mayor sutileza. Aprovechando su popularidad, reformó el sistema de justicia a través de una consulta popular. Noboa, en cambio, lo hace a golpe directo. “Está usando el sistema jurídico de forma ad hoc, de manera perversa y arbitraria, aunque eficaz”, afirma Ávila.
La marcha fue apenas el primer movimiento. En paralelo, el presidente ha propuesto su segunda consulta popular en menos de dos años, con una pregunta que apunta directamente al corazón de la Corte y permitir que sus jueces sean sometidos a juicio político por la Asamblea, dominada por el oficialismo. Ávila sostiene que la Corte no debería admitir esa pregunta, amparándose en dos fallos históricos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador, que condenaron la destitución arbitraria de magistrados en gobiernos anteriores.
En los dos fallos se establece que la independencia judicial es un derecho de doble vía, explica el exjuez. “La ciudadanía tiene derecho a jueces independientes e imparciales, y los jueces tienen derecho a ejercer su función sin presiones. Esa garantía no puede reformarse con una simple consulta; solo una Asamblea Constituyente puede hacerlo”.
Ávila teme que la Corte tenga los días contados. “Si Noboa tuvo el nivel de desprecio al derecho internacional al asaltar una embajada, a él no le importa lo que puedan decir los organismos internacionales”, señala Ávila. “Salvo, quizás, que ese irrespeto genere un nivel de inseguridad jurídica que afecte las inversiones extranjeras y préstamos del Fondo Monetario Internacional, solo ahí tal vez se detenga un poco”.
La ministra de Gobierno de Noboa, Zaida Rovira, definió a la Corte como “enemiga del pueblo” en un vídeo transmitido en cadena nacional. Fue la respuesta oficial a la decisión de la Corte de suspender los artículos para su análisis. Rovira compareció flanqueada por militares y policías armados y encapuchados, junto al presidente de la Asamblea, Niels Olsen. De momento, no hay señales de que alguien en el poder esté dispuesto a frenar la embestida.
