La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación ya no existe. Desde hace un mes, es una subsecretaría. Como parte del desguace de la política pública que viene implementando el gobierno de Javier Milei, ya casi no quedan abogados que intervengan como querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad en representación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Esa situación fue quedando en evidencia en distintos expedientes donde Alberto Baños tuvo que reconocer que no sabe ni en cuántas investigaciones intervenía la SDH ni en qué jurisdicciones.
El 2 de junio pasado, Baños envió un oficio al juzgado federal de San Martín a cargo de la jueza Alicia Vence en el que decía que para “optimizar el funcionamiento institucional y promover una gestión más eficiente” había echado a todos los abogados que actuaban en la megacausa de Campo de Mayo.
En esa misma nota, Baños informaba que estaba haciendo un “relevamiento exhaustivo” para identificar la totalidad de las causas en las que la SDH es querellante, las instancias en las que tramitan y el estado procesal. El relevamiento no podría llevarle demasiado tiempo porque la información está en la SDH, salvo que él no sepa o no quiera encontrarla.
“Solicito a este tribunal que, de estimarlo necesario para no afectar las garantías procesales y el principio de igualdad de armas, provisoriamente se disponga la suspensión de todo trámite en la presente causa hasta tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos designe una nueva representación legal”, pedía Baños.
La solicitud no tuvo buena acogida en el juzgado de San Martín. “Si bien corresponde garantizar el derecho de la querella a participar activamente del proceso penal, su eventual falta de representación legal no puede implicar la paralización del trámite judicial, especialmente cuando en el expediente existen personas privadas de su libertad”, respondió Vence, que le ordenó que regularice su representación en un plazo razonable.
En lo que era la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales quedaron cinco trabajadores que venían de la gestión anterior. El resto fue despedido u obligado a aceptar un “retiro voluntario”. En esa dependencia no solo funcionaban las querellas de los juicios de lesa humanidad, sino que también se hacía investigación para contribuir con las causas, asistencia a las víctimas, notificaciones de personas que podrían ser hijas de padres desaparecidos, análisis de vulnerabilidades y peritajes.
Durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti se había conformado un equipo de peritos, integrado por la psicóloga Adriana Taboada y el médico Ariel Rossi. Ellos estaban encargados de hacer los estudios para determinar si un acusado podría enfrentar un juicio. Antes de que Javier Milei asumiera, la Unión Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) pidió el cierre de la SDH y las cabezas de Taboada, Rossi y del abogado querellante Nicolás Tauber.
“Hoy queda un abogado para todas las causas de Ciudad y provincia de Buenos Aires”, explica Hernán Coll. Él ingresó a la SDH en enero de 2009. Era abogado en el exPrograma Verdad y Justicia –a cargo de los informes de riesgo– y delegado. En marzo, a pocos días de la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, Baños impidió el ingreso de los delegados y adelantó una tanda de despidos –que estaba prevista para finales de ese mes.
Adriana Taboada también fue desvinculada de la SDH por ese entonces. Con ella, se eliminó directamente el equipo pericial. “Las pericias se cubren en general con el equipo del Ministerio Público Fiscal, siempre y cuando los fiscales pidan que haya peritos. La estructura que existía antes en la SDH nos permitía hacer un trabajo integral e interdisciplinario. Se abordaban las causas desde lo legal, acompañábamos a los testigos, se hacían los informes de riesgo”, cuenta Taboada.
“Ahora, Ariel Rossi y yo seguimos representando a todos los organismos de derechos humanos que lo soliciten y a Pablo Llonto. Sabemos que no va a ser igual. La tarea se resiente. Las causas siguen, y siguen porque están las víctimas y nuestra convicción puesta en el Nunca Más”, añade la perito.
La abogada Claudia Lencina sigue figurando en el Mapa del Estado como directora nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales, pese a que fue despedida por Baños hace más de dos meses. Ella llevaba 17 años trabajando en la SDH, y había permanecido en un cargo jerárquico pese al cambio de gestión por una decisión que tomó con sus compañeros de trabajo.
Mientras estaba de licencia médica, Lencina le envió un WhatsApp a Baños para avisarle que había estado coordinando con los trabajadores para resolver algunos asuntos urgentes. Baños no contestó. La respuesta llegó por otra vía: mandó a vaciar la oficina de Lencina y le dio «de baja» sin siquiera comunicárselo.
“Los recursos técnicos que tenía la SDH permitieron que funcionara hasta ahora. Mientras nosotros estábamos, se sostenían las políticas públicas. Lo hacíamos con la convicción de que había que aguantar porque lo que se cae no se vuelve a recuperar”, dice Lencina.
“Nosotros siempre tenemos la vista puesta en cuidar a los que se quedaron a poner el cuerpo”, apunta su colega Paula Álvarez Carreras, que ejercía como directora del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia.
Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), desde que se inició el gobierno de Milei, más de 500 trabajadores fueron despedidos de la SDH. El miércoles pasado, el Ministerio de Justicia –a cargo de Mariano Cúneo Libarona– hizo un posteo en redes sociales que generó mayor preocupación. “Siguiendo con los lineamientos del Presidente, despedimos a 180 empleados militantes de la ex Secretaría de Derechos Humanos, hoy Subsecretaría. Continuamos despolitizando los derechos humanos y reduciendo las enormes estructuras que no cumplían ninguna función real más que beneficiar a la política”, decía la publicación.
Los oficios que envía Baños a los juzgados dejan en claro que los despedidos cumplían funciones. Por ejemplo, intervenir en los procesos por crímenes perpetrados durante los años del terrorismo de Estado. No se sabe si el posteo del Ministerio de Justicia es un anticipo de una nueva ola de despidos. En mayo pasado, el Gobierno degradó la SDH a subsecretaría. Como parte del anuncio, el vocero Manuel Adorni advirtió que podrían producirse nuevas desvinculaciones. El portavoz se refirió a una reducción del 30 por ciento.
Tanto el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –reconocido como patrimonio de la humanidad por la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) fueron desjerarquizados. Pasaron a integrarse como unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que está a cargo de la abogada Ana Mármora, reconocida por su militancia contra el aborto y el matrimonio igualitario. Todavía no se conoce quién estará al frente del Museo Sitio ESMA, después de que Mármora despidiera a su directora ejecutiva, Mayki Gorosito, ni cómo quedará la estructura de la exSDH por debajo de Baños.
El Gobierno hizo un intento por mudar la SDH de la exESMA. Baños le informó al órgano ejecutivo del ente tripartito que administra el espacio que quería ceder su edificio al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa o al Consejo de la Magistratura en el marco de la implementación del sistema acusatorio que deberá ponerse en marcha en Comodoro Py a partir del 11 de agosto. Como parte de ese cambio, Cúneo Libarona cedió otro edificio, que iba a ser sede del Ministerio de Justicia, para que se muden los fiscales de Retiro. La semana pasada, Carlos Stornelli anduvo de visita por el predio de Avenida del Libertador al 8100 y, según cuentan quienes se lo cruzaron, no se lo vio con ganas de propiciar la mudanza.
