El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha prorrogado hasta el 26 de enero de 2026 la instrucción del llamado caso Montoro, en el que se investiga un supuesto tráfico de influencias en el Ministerio de Hacienda cuando este estaba dirigido por Cristóbal Montoro. El juez, que levantó el secreto de las actuaciones en junio tras un largo proceso de siete años, ha decidido prorrogar de nuevo las pesquisas ante una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que advierte al juez de la necesidad de nuevas diligencias, entre ellas la declaración de testigos y un análisis de las cuentas bancarias de los acusados a cargo de la Unidad de Apoyo Especial de la Fiscalía Especial.
El juez asume esa petición y sostiene en un auto del 26 de julio la necesidad de mantener la investigación porque, de otra manera, no se podrán acordar nuevas diligencias de las declaraciones que efectúen los llamados a declarar al Juzgado de Tarragona en las próximas semanas.
El caso cuenta con la imputación de 28 personas, que afecta a la cúpula ministerial encabezada por Montoro, así como diversas empresas fabricantes de gas industrial y varios socios del despacho de abogados Equipo Económico, ahora Global Afteli. Ese bufet fundado por Montoro en 2006 y del que supuestamente estaba desvinculado accionarialmente era, sospecha el juez, la vía que utilizaron las empresas para conseguir unos cambios legislativos que beneficiaron a las empresas investigadas: Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Estas y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), tras no conseguir su objetivo con otra consultora, se dirigieron a Equipo Económico y lograron el cambio de dos normas que ofrecían beneficios fiscales para las compañías, el impuesto eléctrico y el de Actividades Económicas (IAE).
Entre los investigados se encuentran Miguel Ferre, exsecretario de Estado de Hacienda; Pilar Platero, que fue subsecretaria de Estado de Hacienda; Rogelio Menéndez y José María Buenaventura, exasesor y exdirector del gabinete del ministro, respectivamente, y Santiago Menéndez, que fue director general de la Agencia Tributaria, a los que se suman diferentes socios de Equipo Económico y ejecutivos de las empresas, a las que se les acusan de presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios, falsedad documental, contra la libre competencia y pertenencia a organización criminal. Los dos últimos posibles delitos son nuevos respecto a la enumeración que Ruz hacía en julio pasado.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las empresas gasistas pagaron a Equipo Económico por sus trabajos un total de 673.500 euros entre 2014. El despacho era, según el ejecutivo de una de las empresas investigadas “la vía más directa” porque “tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”, según constató el juez Rus, en cuya investigación también ha aflorado correos electrónicos al exministro con datos de investigaciones de Hacienda a diferentes personalidades. El juez no ve delito en ellos.
El juez Ruz ha recibido múltiples peticiones de acusaciones populares, entre las que se encuentran los partidos políticos PSOE, Podemos y Vox, la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada, la CGT y la Asociación Española de la Guardia Civil, entre otras. Ante ese volumen de peticiones, el fiscal solicitó que se unieran todas las acusaciones en una sola representación procesal, en aras a reducir “dilaciones indebidas” en un juicio que ya acumula años de instrucción. El juez ha asumido esa petición.
Asimismo, la defensa de Equipo Económico ha efectuado una petición para que el juez Rus renuncie al caso y este sea asumido por un Juzgado de Instrucción de Madrid, al considerar que sería allí donde se habrían producido los hechos que se investigan.
