El ministro de Salud, Mario Lugones, calificó este viernes de «delincuentes» a quienes distribuyeron el fentanilo contaminado en clínicas y hospitales de todo el país y, tras reclamar «justicia», señaló que «estamos ante un hecho totalmente inédito en la historia de la salud argentina».
Lugones remarcó como algo increíble que el caso del fentanilo contaminado haya salido de «un laboratorio comandado por un grupo empresarial espurio comandado por un ex convicto«, en alusión a Ariel García Furfaro, quien está bajo investigación de justicia.
Además, sostuvo que «es mentira» que el empresario y ex verdulero se haya inhibido voluntariamente ante la justicia -como dijo García Furfaro- y aclaró que «fue la Anmat la que hizo la denuncia en Comodoro Py». Y, acotó que también «está denunciado por la Arca, por el Ministerio de Seguridad, por la Anmat»
García Furfaro «tiene manejos oscuros, tiene conexiones con la política obviamente», sostuvo Lugones en una entrevista con Crónica Tv y advirtió que «si no, no sería un laboratorio de este tipo que fuera representante del Gobierno de Alberto Fernández que le permitió traer la vacuna Sputnik» durante la pandemia de coronavirus.
El ministro y cardiólogo de profesión resaltó que «la justicia tiene que investigarlo». Y, afirmó que desde el Ministerio de Salud «esperamos al igual que los familiares que esto se resuelva lo antes posible».
«Somos querellantes, la Anmat hizo la denuncia, nosotros somos querellantes, otro organismo del Ministerio Anlis Malbrán actúa como perito ante la justicia a pedido del juez (Ernesto Kreplak) y nosotros como los familiares queremos que esto se resuelva», añadió Lugones.
Lugones afirmó que desde el Ministerio «estamos colaborando con la justicia» y afirmó que «ahora el que las hace las paga. Este grupo estaba acostumbrado a no pagar nada, desde que tuvieron el accidente con el laboratorio Apolo hasta acá hicieron lo que quisieron». Esa empresa rosarina a la que aludió el ministro estaba en quiebra durante muchos años y pasó de manos de un grupo a otro, hasta que en junio de 2016 se destruyó la planta y provocó heridas graves a cinco personas.
En ese sentido, recordó que «esto comenzó hace mucho con una laboratorio Apolo en Rosario, con falsificación de documentos para acceder a sustancias controladas» y aseguró que desde el Gobierno de Javier Milei «vinimos a poner fin a todo esto, el que las hace las paga».
Además, insistió con que «son delincuentes» quienes llevaron adelante estas maniobras desde los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Y, remarcó que «todo esto en algún momento tiene que acabarse»
Lugones remarcó que «el medicamento viene en una ampolla y esa ampolla tiene un medicamento y para que adentro que se encuentre una bacteria es porque tuvo que haber sido fabricado en un ambiente no esteril».
Según la investigación del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que comenzó hace algo más de tres meses habría al menos 96 personas que murieron a causa de la utilización de esta droga contaminada.
