La presión ha sido descomunal, y Andrés de Inglaterra se resistía a ceder más, a pesar de la incesante lluvia de escándalos en torno a su persona. Finalmente, el rey de Inglaterra, Carlos III, ha iniciado el proceso formal para retirar los títulos, honores y distinciones a su hermano Andrés, según ha indicado este jueves el palacio de Buckingham en un comunicado. La noticia llega tras conocerse nuevos detalles sobre la relación del príncipe con el multimillonario estadounidense pedófilo Jeffrey Epstein, sus supuestos abusos sexuales a la fallecida Virginia Giuffre cuando aún era una menor, y el uso privilegiado y gratuito que el hasta ahora duque de York, su esposa, Sarah Ferguson, y sus dos hijas habían hecho durante años de una mansión de treinta habitaciones en el complejo del castillo de Windsor.
La declaración afirma que se ha notificado formalmente a Andrés que debe renunciar al arrendamiento de esa mansión, conocida como Royal Lodge, y que se trasladará a otro alojamiento privado en el complejo de Sandringham, también propiedad de la familia real británica.
“El príncipe Andrés será conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor”, dice el comunicado del palacio de Buckingham, con una dureza inusual en este tipo de textos procedentes del entorno del monarca. “Su alquiler del Royal Lodge le ha permitido hasta ahora gozar de amparo legal para seguir residiendo allí. Se le ha notificado formalmente que debe renunciar a ese arrendamiento y que será trasladado a una residencia privada. Estos actos de censura se han vuelto necesarios, ante el hecho de que él continúa negando todas las acusaciones en su contra”, afirma.
“Sus Majestades quieren dejar claro que sus pensamientos y todo su afecto están, y siempre estarán, con las víctimas y los supervivientes de todo tipo de abuso”, concluye el comunicado.
Ostracismo social
El ostracismo formal y social de Andrés se ha consumado finalmente. Si Carlos III pudo pensar en un principio que bastaba con que su hermano renunciara de facto a sus títulos para calmar las aguas, ha quedado claro que el torrente tenía ya una fuerza imparable.
Hacía ya mucho tiempo que la sociedad británica, a través de sucesivas encuestas, había demostrado su hartazgo ante los desmanes, la arrogancia, los privilegios y los abusos del príncipe Andrés. En esta ocasión, el hartazgo ha rebasado una línea hasta ahora infranqueable: el Parlamento. En contra de la tradición, que aleja del debate en la Cámara de los Comunes a los asuntos de la familia real, hasta dos grupos parlamentarios, el Partido Nacional Escocés y los liberales demócratas, habían comenzado la tramitación de sendas mociones para reclamar en Westminster transparencia y explicaciones sobre la financiación de la lujosa vida de Andrés.
Aunque el Gobierno de Keir Starmer se había resistido a llevar el asunto al Parlamento, era consciente de que muchos de los diputados laboristas de su grupo parlamentario se hallarían en una situación incómoda y tentados a respaldar la reprobación del hermano del rey.
Carlos III prefería que todo se solucionara dentro de casa, pero el empeño de su hermano en seguir conservando formalmente sus títulos, sobre todo el de príncipe, que adquirió de nacimiento, y su resistencia a abandonar el Royal Lodge, han forzado al monarca a imponer una prerrogativa real sobre su hermano.
El palacio de Buckingham consultó previamente la decisión con el Gobierno, que ha expresado claramente su apoyo.
El príncipe pagó en 2003 un millón de libras (alrededor de 1,15 millones de euros) por su alquiler hasta 2078. Y 7,5 millones de libras (8,6 millones de euros) para las obras de rehabilitación. Pero desde entonces, no ha desembolsado ni una sola libra esterlina más por el uso de la vivienda. De hecho, el contrato establece claramente que “la renta será de ‘un grano de pimienta’ (peppercorn, en el inglés original) al año, si resulta reclamada”. La expresión es utilizada habitualmente para describir una renta simbólica, que a todos los efectos es inexistente.
Aunque el comunicado del entorno del rey no ha hecho referencia a ello, Andrés podría reclamar legalmente una indemnización de cerca de 600.000 euros por la resolución anticipada del alquiler.
El complejo de Windsor es gestionado por el llamado Crown Estate, el ente privado de gestión pública, controlado por el Gobierno, que maneja las propiedades de la casa real británica y entrega parte de sus dividendos a la casa de Windsor para sus gastos de protocolo y representación.
Los desmanes de Andrés y el continuo deterioro de la imagen de la Corona que suponían han llevado a tejer un raro consenso en la política británica. Sin elevar demasiado la voz, conservadores y laboristas parecían en esta ocasión estar de acuerdo en solventar de una vez por todas el asunto en torno al duque de York. Robert Jenrick, el portavoz de Justicia de los tories, la formación política más monárquica del espectro británico, ha expresado públicamente su hartazgo con el personaje y le ha exigido que “se vaya de una vez por todas al ámbito privado” y desaparezca de la escena pública.
