—¿Cómo interpreta el ataque contra Irán por parte de EE.UU. e Israel?
—Lo primero que llama la atención es la similitud de la situación actual con la guerra de Irak en 2003, que fue un ejemplo muy agresivo de la Doctrina de Contraproliferación de EE.UU. En ese caso se produjo un ataque preventivo basado en la supuesta existencia de programas de armas químicas bajo el gobierno iraquí, que luego se demostró no era cierto. El ataque contra Irán se basó en el enriquecimiento de uranio que, según la propia OIEA, tenía un nivel de avance sustancial, aunque sin evidencias de que el país dispusiera de armas nucleares.
—¿Cómo ve la situación en Medio Oriente, particularmente en lo relativo a armas de destrucción masiva y materiales de uso dual?
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—Este enfrentamiento se está desarrollando con el uso de armas convencionales de ambos lados. En el caso de Irán se han observado acciones tácticas muy elaboradas, como la presión sobre el estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura de hidrocarburos en países árabes pro occidentales. En materia de destrucción masiva, el riesgo principal es que puedan salir de Irán científicos o capacidades técnicas vinculadas al desarrollo de programas nucleares hacia otros países.
Cuando cayó Saddam Hussein se produjo una diáspora muy importante de técnicos con conocimientos en la construcción y elaboración de armas químicas. Ese antecedente vuelve sensible la situación actual.
Un segundo punto de preocupación es que se están bombardeando centrales nucleares, sitios que bajo ningún aspecto deberían ser atacados por el riesgo que conllevan.
—¿Cómo es la situación de Argentina en materia de ADM?
—Argentina se ha adherido a todos los tratados vinculados al uso pacífico de la energía nuclear. Tiene un nivel de desarrollo muy significativo y es uno de los países pioneros en la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. También ha firmado la Convención sobre Armas Químicas y sobre Armas Biológicas. En ese sentido, el riesgo de que Argentina desarrolle ese tipo de armamento es prácticamente nulo.
Distinta es la regulación internacional orientada a evitar la proliferación hacia actores no estatales. Es decir, organizaciones que intenten acceder a tecnología, materiales de uso dual o precursores que eventualmente permitan fabricar ese tipo de armamento.
Este aspecto está regulado por la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad y, en gran parte de Occidente, por la Proliferation Security Initiative (PSI), firmada por más de 115 países, entre ellos Argentina.
—¿Cómo ve la capacidad de respuesta de Argentina ante un escenario de proliferación de ADM o materiales de uso dual?
—Argentina tiene previsto, en el artículo 306 inciso 1 F del Código Penal, el delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata de un avance importante, aunque es un tipo penal complejo, de difícil comprensión y todavía más difícil aplicación. Su implementación requiere la colaboración de todos los sectores que puedan tener contacto con organizaciones o individuos sancionados por la ONU, por el listado OFAC de EE.UU. o por los registros de sanciones de la UE. También exige un control riguroso sobre los materiales, en particular los utilizados para la producción de armas químicas o biológicas y los de uso dual. Para ello es clave que los sujetos obligados por la legislación argentina puedan reportar cualquier operación sospechosa de financiamiento o apoyo a la proliferación de este tipo de armamento, siguiendo los procedimientos y protocolos vigentes que permitan prevenir que estas actividades ocurran en el país. Aun así, en Argentina persisten falencias en este aspecto. Recientemente la Unidad de Información Financiera emitió una resolución que busca dar respuesta a este fenómeno, aunque todavía queda mucho por avanzar para lograr una verdadera coordinación. El objetivo final es evitar que Argentina se convierta en un punto de tránsito para estos materiales.
—Teniendo en cuenta los antecedentes de atentados en la década de los 90 en Argentina, ¿cree que el conflicto podría tener repercusiones en la seguridad del país?
—Sí, en estos escenarios el nivel de alerta suele incrementarse. Argentina sufrió dos atentados contra objetivos israelíes en la década de los 90, que en su momento fueron vinculados con el contexto internacional y con la participación del país en la Guerra del Golfo. En el contexto actual también se ha elevado el nivel de alerta sobre los objetivos israelíes en distintas partes del mundo. Argentina, en ese marco, no escapa a esa lógica.
—Más allá del frente militar, ¿qué consecuencias políticas y económicas podría tener esta guerra para América Latina?
—Las consecuencias económicas se vinculan directamente con la suba del precio del combustible. Esto responde tanto a los ataques contra infraestructura hidrocarburífera en Medio Oriente como al impacto que tienen las acciones iraníes sobre el mercado energético global.
El ataque de Estados Unidos e Israel fue frontal, muy ajustado a la lógica militar tradicional. La respuesta persa, en cambio, resultó más elaborada desde el punto de vista estratégico: apuntó a la infraestructura energética de países árabes pro occidentales y ejerció presión sobre el estrecho de Ormuz, lo que terminó elevando el precio del petróleo en todo el mundo. Ese incremento repercute en la inflación internacional, particularmente en la economía estadounidense, aunque sus efectos se extienden al resto de los mercados.
El problema es que en este momento no está claro qué significaría para los países atacantes –Estados Unidos e Israel– ganar la guerra. Tampoco está claro qué implicaría para Irán ganar o perder el conflicto.
No existe un casus belli claramente definido. El argumento inicial fue la supuesta existencia de armas nucleares en manos del gobierno iraní y la posibilidad de que fueran utilizadas, algo que posteriormente fue descartado por el propio gobierno estadounidense.
—¿Existe riesgo de que el conflicto escale hacia una confrontación nuclear?
—La proliferación nuclear es un tema extremadamente sensible, aunque en América Latina no hay países que mantengan programas nucleares con fines militares. Los desarrollos existentes, como los de Argentina o Brasil, están orientados exclusivamente a la producción de energía atómica con fines pacíficos. Por lo tanto, no veo un riesgo de proliferación nuclear impulsado por gobiernos de la región. El problema podría surgir si materiales de uso dual o capacidades técnicas se desviaran hacia grupos terroristas u organizaciones criminales.
El control sobre materiales nucleares y radiológicos es muy estricto. Sin embargo, el antecedente de Irak mostró que, tras la caída de un régimen, puede producirse una dispersión de científicos, conocimiento técnico o materiales sensibles.
Algo similar ocurrió en Siria después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Ese tipo de diáspora de capacidades humanas o técnicas podría eventualmente terminar en manos de organizaciones criminales o terroristas, incluso fuera de Medio Oriente.
