En plena ofensiva de los fondos buitre y de sus operadores en la justicia estadounidense para quedarse con YPF, el gobierno de Javier Milei decidió desguazar la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados encargado de representar y defender al Estado argentino en los juicios que se sustancian en su contra. Tal como anticipó ayer Página/12, la “profunda reestructuración institucional” del organismo que depende del Ministerio de Justicia se realiza invocando razones de eficiencia y reducción del gasto público, mientras por lo bajo el aparato de comunicación paraestatal echa a correr rumores sobre supuestas filtraciones de información al fondo Buford Capital, sin sindicar responsabilidades concretas ni denunciar a nadie.
El decreto 475/2025, que firman Milei y el ministro Mariano Cúneo Libarona, redefine completamente el organigrama de la Procuración del Tesoro, elimina la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (creada por el menemismo en 1994) y crea en su reemplazo el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP). El nuevo órgano lo presidirá el titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, y los integrarán representantes de los ministerios de Economía, Justicia y Desregulación y Transformación del Estado, léase Toto Caputo, Cúneo Libarona y Federico Sturzenegger.
El CEFAP deberá encargarse de diseñar e implementar actividades de formación, certificar competencias técnicas y elaborar perfiles para cubrir cargos en el cuerpo jurídico estatal. Intervendrá en los procesos de selección, podrá organizar congresos y foros, celebrar convenios con organismos públicos y universidades, y realizar exámenes periódicos para evaluar el desempeño de los abogados del Estado. El objetivo del reemplazo de la Escuela, según el comunicado oficial, es “limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la Procuración del Tesoro Nacional”. El CEFAP “contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”.
La reestructuración, que la Procuración había anunciado el miércoles, apunta en teoría a “a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”. Castro Videla presentó como un logro un “recorte histórico de personal” y precisó que desde el comienzo de la gestión hubo “60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas”. El decreto de ayer lo instruye a realizar una revisión integral de los recursos materiales que estaban destinados a las estructuras eliminadas, con el objetivo de reasignarlos de forma eficiente dentro del nuevo esquema.
Entre las modificaciones, se incluye la conformación de una dirección nacional –que absorberá tareas de distintas unidades preexistentes– dedicada a sumarios, investigaciones administrativas y auditorías. Se encargará de sustanciar procedimientos disciplinarios, auditar causas judiciales relevantes y producir informes jurídicos sobre temas sensibles. La Dirección Nacional de Dictámenes continuará fijando los criterios jurídicos obligatorios para la administración pública nacional. La de Asuntos Judiciales tendrá a su cargo la estrategia en los juicios que tramitan en el país. La de Asuntos y Controversias Internacionales concentrará la defensa de los intereses del Estado argentino ante tribunales internacionales o extranjeros, con foco en causas vinculadas con deuda soberana o tratados internacionales. El decreto establece que los programas de capacitación en curso seguirán vigentes hasta su finalización bajo la supervisión del CEFAP, que deberá encargarse de certificar los estudios realizados.
En los considerandos del decreto se apunta que intervinieron en la reorganización la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que dependen de Sturzenegger, y la Oficina Nacional de Presupuesto, de Caputo. Se aclara también que la implementación del nuevo esquema no demandará fondos adicionales y se financiará con créditos ya asignados al Ministerio de Justicia.
