Los Gobiernos de Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) llegaron a un acuerdo para la deportación de migrantes de terceros países desde el país norteamericano, informó este domingo el Ministerio de Comunicación congoleño. Las expulsiones comenzarán este mismo mes de abril, en lo que Kinsasa ha descrito como un “dispositivo de acogida temporal” que será “llevado a cabo respetando la soberanía nacional y las exigencias de la seguridad interior“, y no un “mecanismo de reubicación permanente” ni una “externalización de políticas migratorias”, según ha publicado el Ministerio en su cuenta de la red social X.
COMMUNIQUÉ
La #RDC met en œuvre, dès avril 2026, un dispositif d’accueil temporaire de ressortissants de pays tiers, dans le cadre d’un partenariat avec les États-Unis.Ce mécanisme, sans impact sur le Trésor public, s’inscrit dans le respect de la souveraineté nationale, des… pic.twitter.com/C76RXdkixP
— Ministère de la Communication et Médias/RDC (@Com_mediasRDC) April 5, 2026
Kinsasa ha asegurado que el país africano no asumirá la carga financiera de las expulsiones. “La gestión logística y técnica del dispositivo será garantizada por el Gobierno estadounidense a través de estructuras especializadas en los movimientos de personas en todo el mundo, que abordan tanto la migración regular como los desplazamientos forzados”, ha añadido el Ministerio congoleño.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero del año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con varios países, entre ellos El Salvador, Esuatini (la antigua Suazilandia), Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial, para la deportación de inmigrantes en suelo estadounidense. Como parte de su campaña de deportaciones masivas y con un gran secretismo, la Administración de Trump presionó a por lo menos 30 gobiernos de África para que aceptaran recibir a migrantes, de acuerdo con una investigación de The New York Times y la información que ha salido a cuentagotas desde esos países.
Organizaciones de derechos humanos han pedido a los países africanos que rechacen pactos de expulsión firmados con Estados Unidos y han denunciado que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
En medio de la polémica por las deportaciones masivas, que también ha sido criticada por la Unión Africana al criticar a Estados Unidos de externalizar la gestión migratoria a países con menos recursos, la RDC ha defendido que no se prevé ningún traslado automático y que cada caso será examinado de forma individual, conforme a las leyes del país y su seguridad nacional. El Gobierno congoleño ha señalado que tendrá “pleno control” sobre las decisiones relativas a la admisión, condiciones de estancia, retirada de estatus temporal y los mecanismos de retorno.
Los migrantes deportados desde Estados Unidos serán trasladados en infraestructuras situadas en la zona metropolitana de Kinsasa, con el objetivo de garantizar un “seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario eficaz”, según detalla el comunicado.
Cientos de millones de dólares gastados
El acuerdo, cuyas negociaciones adelantó Efe el sábado, coincide con un acercamiento entre ambos países para acabar con el conflicto en las provincias congoleñas orientales entre el Ejército de la RDC y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda. Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por numerosas milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco).
La reanudación de los vuelos de deportación desde Estados Unidos a terceros países se activó después de que el Tribunal Supremo autorizara el pasado junio a Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración. Un informe publicado el pasado febrero por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos muestra que Washington ha gastado más de 40 millones de dólares (unos 33,8 millones de euros) en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año.
