Cualquiera en este mundo tiene familia o amigas y amigos con los que no se puede poner de acuerdo en términos de las discusiones políticas argentinas. Después cuando uno escarba en el debate, hay cosas de humanismo en las que sí podemos ponernos de acuerdo.
La política de integración de barrios populares creo que podría ser un momento de unidad de la Argentina para acordar en que hay cuestiones que tienen que ser resueltas. Algunos dirán que soy un soñador, pero realmente no, hace menos de una década habíamos logrado ponernos de acuerdo en eso. Fue la Cámara de Diputados en unanimidad la que votó a favor de garantizar la vida digna en lugares completamente abandonados a su suerte. Después también el Senado votó convencido de darle luz, agua y cloacas a todos los y las argentinas. Se trabajó entre todos, organizaciones sociales, funcionarios, diputados, senadores, gobernadores e intendentes, para que esa ley fuera ley.
Vecinos, ONGs, organizaciones sociales e iglesias llevaron adelante el relevamiento que permitió conocer casi a la perfección la situación de vida en cada una de las villas y asentamientos del país. Lugares que hace más de sesenta años vivían sin luz, o sin agua, o inundados con deshechos de sus baños, lluvias o crecidas bruscas de arroyos. Este diagnóstico podía incluso estimar cuánto costaría integrar todos los barrios populares del país. También permite prever obras y tiempos de ejecución. Se puede decir más o menos en cuántos años y a qué costo se podría resolver ese problema de principio a fin.
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El resultado de todo ese debate, de ese relevamiento, dio la razón de existir de la Secretaría de Integración Sociourbana. Un sector del Estado que se dedicara a resolver ese problema. Urbanización, integración, modernización, usemos el término que queramos, pero es indigno como Nación tener compatriotas cagando en un balde, o caminando 1 km para buscar agua, o esperando medio día una ambulancia. Y ahí, ¿saben cuál es el problema? Para ninguna empresa privada es “rentable” hacer obra pública en esos lugares, sobre todo por la escala, para pensar con racionalidad empresarial sin acusar a nadie de nada. A muy pocos intendentes y gobernadores les interesó llevar adelante esa política a pesar de disponer de los fondos. La mayoría de las obras en barrios populares las hicieron cooperativas, básicamente porque a nadie más que al vecino de la villa le interesaba tener algunas mejoras en la infraestructura.
Solo en 5 años de funcionamiento, incluyendo dos de esta gestión de gobierno, logró mejorar un cachitito la situación de cientos de miles de personas. Es poco frente a las millones de personas afectadas, pero muchísimo para lo que se había hecho en los 40 años previos. Generó puestos de laburo de todo tipo, de manera directa y de manera indirecta, al mismo tiempo que mejoraba condiciones “estructurales” de la pobreza. Abrir calles, relocalizar familias, baños, cloacas, mejoras de vivienda, agua, luz e instalaciones más seguras, gas y generaba la dignidad de una dirección para poner en el CV. Habilitar la circulación de patrulleros y ambulancias por zonas donde antes no había calles y hasta que hoy los barrios se puedan ver con dirección y nombre en Google Maps en lugar de un manchón gris.
Se está haciendo público que están queriendo reducir la Secretaría, que habían bajado de rango a Subsecretaría y agotar el presupuesto del fideicomiso para finalmente cerrarlo y dar por clausurada la política de integración de barrios enteros de la Argentina. El argumento del actual gobierno es que eso era una estafa, según ellos y que por lo tanto hay que cerrarlo.
Creo que hay un amplio consenso en nuestra sociedad que integrar los barrios es necesario para la dignidad de quienes viven ahí. Es una política para garantizar, no sólo derechos humanos, también salud, seguridad, educación y por sobre todas las cosas comunidad. Es la manera de combatir la delincuencia y el narcotráfico, de garantizar el orden que tanto predican. Es muy diferente un barrio iluminado, con calles en lugar de pasillos, con cloacas en lugar de zanjas y con escuelas en lugar de desarmaderos o con salitas médicas en lugar de proveedores de drogas.
Si les parece que hay que hacer las cosas más transparentes exijan transparencia, propongan una nueva forma de garantizar esas obras, que incluso mantenga los puestos de trabajo que genera, porque estoy segurísimo que incluso votantes de La Libertad Avanza merecen el derecho de apretar una perilla y que se prenda un foco o caminar sobre veredas y calles en lugar de barro y bosta.
No dejemos que la vorágine política, discursiva y digital destruya los últimos resabios de humanidad que hemos sabido construir.
Exigir una política de integración de villas y asentamientos es de buena gente y nada más.
(*) Referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)
