El caso, además de la investigación penal, abre un fuerte interrogante sobre los protocolos de intervención policial ante situaciones de violencia de género.
A casi un mes del brutal femicidio de Antonella Aybar en Caleta Olivia, Santa Cruz, el caso sigue generando conmoción y nuevas repercusiones. La joven de 25 años fue asesinada el pasado 16 de mayo por su pareja, Nicolás Moyano, en una vivienda del barrio 13 de Diciembre. La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción Penal N.º 2, a cargo del juez Gabriel Contreras.
Los primeros resultados de la autopsia revelaron que Antonella murió de forma lenta y presentaba signos de defensa. Además, los análisis toxicológicos confirmaron que Moyano había consumido cocaína y marihuana antes del ataque.
Pero la atención ahora también se centra en el accionar de la Policía de Santa Cruz. Trece efectivos de la Comisaría Cuarta fueron suspendidos preventivamente tras conocerse que habrían estado en el lugar mientras ocurría la agresión y no habrían ingresado al domicilio, pese a recibir advertencias.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad provincial el 21 de mayo, y se dio intervención a Asuntos Internos. “Se tomaron medidas preventivas mientras se realiza una investigación administrativa. La suspensión es por hasta 30 días y no implica una sanción disciplinaria todavía”, explicó el comisario inspector Carlos Kovaluk, vocero de la fuerza, en diálogo con LU12 AM680.
El testimonio clave fue el de Stella Maris Ganga, madre del femicida, quien declaró que intentó frenar el ataque de su hijo y alertó a los efectivos presentes. También un vecino corroboró que Ganga pidió a los policías que ingresaran al domicilio.
Por su parte, Mario Aybar, padre de la víctima, exigió precisiones en la línea temporal del caso. “Queremos saber con certeza cuándo falleció mi hija, porque los horarios no coinciden”, expresó, y aseguró estar en contacto con el juez, aunque aún no cuenta con abogado particular.
