La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que suspendió provisoriamente la puesta en funcionamiento del fuero laboral en la ciudad de Buenos Aires. La decisión de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán se dictó en respuesta a un planteo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) contra la ley 6.789, votada en diciembre pasado por la Legislatura porteña, que dispuso la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo, diez juzgados de primera instancia y las respectivas estructuras especializadas en materia laboral en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La resolución, que implica un revés para las expectativas de profundizar la autonomía de la Capital Federal, se conoció mientras el Ejecutivo porteño avanza en los concursos para la creación de cargos y negocia con la Nación el traspaso de competencias judiciales.
En diciembre, por iniciativa del Ejecutivo de Jorge Macri, la Legislatura aprobó la puesta en funcionamiento del fuero del trabajo local para asumir la competencia y jurisdicción en esa materia que ostenta la Justicia Nacional del Trabajo. Con 31 votos positivos, 25 negativos y dos abstenciones, se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial porteño y se estableció la creación de una Cámara de Apelaciones integrada por seis jueces, divididos en dos salas, y de los juzgados de primera instancia. Se decidió además crear un Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la ciudad con novedades como la oralidad, digitalidad plena y videograbada de audiencias, reducción de plazos de las partes y de los jueces, posibilidad de alcanzar una conciliación en cualquier momento del proceso e incorporación de medios de prueba digitales y virtuales. La decisión de la Legislatura coincidió con el fallo “Levinas” de la Corte Suprema, que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a resolver causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria.
En febrero, el Consejo de la Magistratura dio inicio a la implementación del fuero laboral e instó a su Comisión de Selección de Jueces e integrantes del Ministerio Público a avanzar con los concursos para cubrir los flamantes cargos. Fue entonces cuando la Asociación de Magistrados presentó la cautelar para frenar el proceso, advirtiendo que los cambios “producen un menoscabo al servicio de justicia”, en particular al privar a la Justicia Nacional del Trabajo de competencias otorgadas por una ley nacional, y denunció que “altera la garantía de juez natural”.
Días después, el juez federal en lo contencioso administrativo Santiago Carrillo hizo lugar a la cautelar y dispuso una suspensión preventiva del proceso “hasta tanto se dicte sentencia dirimiendo la cuestión de fondo”, referida a la constitucionalidad de las leyes impugnadas, o en su defecto a que el Estado Nacional y Capital “concreten acuerdos institucionales” para la transferencia. Repasó precedentes para afirmar que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal resulta meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias”. Aclaró que su decisión no implicaba desconocer que la reforma constitucional de 1994 le reconoció autonomía a la ciudad y que a través del artículo 129 de la Constitución Nacional se estableció que tendría un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.
La gestión Macri presentó un recurso en el que cuestionó la competencia de Carrillo y reivindicó la creación del fuero laboral, planteo que ayer rechazaron los camaristas de la Sala III al confirmar la cautelar de Carrillo. Los jueces Fernández y Morán argumentaron que existe un “conflicto positivo de competencia” entre un juzgado contencioso administrativo federal y otro local, que “se encuentra actualmente bajo conocimiento de la Corte Suprema”, por lo que no se expidieron sobre ese punto. Desestimaron los cuestionamientos a la legitimidad de la Asociación de Magistrados. Y, en línea con la decisión de primera instancia, sostuvieron que antes de poner en funcionamiento el fuero laboral local el gobierno porteño debe “promover y alcanzar los acuerdos necesarios con el Estado Nacional”, mediante la firma de convenios “para una transferencia racional de competencias”.
La puesta en marcha del fuero laboral sin las transferencias debidas “no solo puede entorpecer la labor del Poder Judicial de la Nación, afectando la efectividad y calidad de la prestación del servicio de justicia”, sino que “compromete intereses públicos relevantes, dados los riesgos institucionales que conlleva la puesta en funcionamiento de órganos judiciales que aparecen constitucionalmente cuestionados”, sostuvieron. Lejos de desconocer la autonomía de la ciudad, aclararon que la cautelar fue concedida “a efectos de precaver los graves perjuicios que podría ocasionar una resolución tardía de la suspensión pretendida”, con la “consecuente afectación de la prestación del servicio de justicia, que atenta contra la seguridad jurídica de los litigantes”.
