Guatemala concluyó este miércoles la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, una corte que en los últimos años, según expertos, ha tenido más poder que los tres organismos que rigen el Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Con la composición final, de acuerdo a la visión de diversos analistas, el presidente Bernardo Arévalo de León cuenta con minoría y la oposición con mayoría, ya que solo dos de los cinco magistrados titulares son afines a su lucha contra la corrupción.
En un mensaje divulgado a través de sus medios oficiales, Arévalo nombró a la abogada Anabella Morfín como titular y María Magdalena Jocholá como suplente para el período 2026-2031 en la corte. Morfín fue procuradora general de la nación entre 2016 y 2018 durante el Gobierno del comediante Jimmy Morales, además de contar cuatro décadas de experiencia como abogada. Con dicha designación, Guatemala concluye el proceso de renovación del máximo tribunal de la nación centroamericana. Es por ello que, por la importancia de la elección, Arévalo solicitó que el proceso estuviera bajo vigilancia de la Organización de Estados Americanos.
Morfín será, como establece la ley, la primera presidenta de la entidad, ya que es la abogada con más edad en la nueva Corte. “Nos encontramos en un momento histórico para hacer valer la voluntad del pueblo”, aseveró Arévalo. “La protección del pueblo solo puede garantizarse con una justicia robusta, con una base ética y de ejercicio transparente”, añadió.
Los cinco nuevos magistrados titulares y suplentes fueron propuestos por igual número de instituciones: la Presidencia, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la universidad estatal San Carlos. De acuerdo a la visión de diversos analistas, Arévalo de León cuenta en la Corte con minoría, ya que solo dos de los cinco magistrados titulares son afines a su proyecto político: la misma Morfín y la abogada Astrid Lemus, elegida por el Colegio de Abogados de Guatemala. Por el contrario, los magistrados Roberto Molina Barreto (elegido por el Congreso), Dina Ochoa (elegida por el Supremo) y Julia Rivera (elegida por la universidad estatal) han sido vinculados con la oposición por el origen de su elección o por sus decisiones judiciales en el pasado.
Además de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, Guatemala también llevará a cabo este semestre la nominación de una nueva fiscal general en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. Porras Argueta intentó, sin éxito, formar parte de la nueva Corte de Constitucionalidad, pero careció de los votos suficientes en su postulación ante el Supremo y también ante la Universidad de San Carlos. Los nuevos magistrados empezarán su período el próximo 14 de abril y culminarán su gestión en la misma fecha en 2031, período trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala.
