Paulo Eduardo Jones, con un extenso prontuario delictivo, fue detenido tras agredir a su ex en un ataque de violencia de género en Trelew. El juez Javier Allende dictó prisión preventiva por tres meses mientras se lleva adelante la investigación, tras los hechos ocurridos el 1 de julio de 2025. Jones enfrenta múltiples cargos, incluyendo lesiones, amenazas y portación ilegal de armas.
En una audiencia realizada en los tribunales de Trelew, el juez penal Javier Allende dictó prisión preventiva por tres meses a Paulo Eduardo Jones, quien fue imputado por una serie de graves delitos, entre ellos, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, violación de domicilio, amenazas coactivas y portación de arma de guerra sin autorización legal.
Los hechos, que tuvieron lugar el 1 de julio de 2025, involucraron a su expareja como víctima. Según la acusación presentada por la Fiscalía, Jones se presentó en la vivienda de la mujer alrededor de las 20 horas, donde la agredió físicamente con golpes de puño, mordiscones y un arma de fuego. Además, la amenazó con la pistola y le exigió que realizara una denuncia en su contra.
La situación escaló cuando, tras varios intentos por parte de la víctima de pedir ayuda, la Policía logró llegar al lugar, y el agresor intentó huir saltando dos paredones. Sin embargo, fue detenido en un local perteneciente a una biblioteca popular, donde se encontraba armado con dos pistolas calibre 9 milímetros cargadas.
El hecho se suma a una causa previa que ya pesaba sobre Jones, por la cual se había dictado una orden de captura a finales de 2024. Esta investigación había surgido a raíz de una denuncia registrada en diciembre del mismo año, donde se lo acusaba de abuso de armas en el marco de violencia de género y amenazas coactivas. En esa causa, el juez penal Fabio Monti también había ordenado prisión preventiva por tres meses.
En el transcurso de la audiencia, se reveló que Jones cuenta con un amplio prontuario, con antecedentes por homicidio (2007), robo agravado y portación ilegal de armas (2024), lo que hizo que se consideraran riesgos procesales para su liberación.
La defensa, ejercida por los abogados públicos Sergio Rey y Mauro Chefi, no objetó la detención ni la apertura de la investigación, pero solicitó que su defendido fuera evaluado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) para verificar lesiones. Por su parte, la fiscalía solicitó una pena de seis meses de prisión preventiva, pero el juez Allende resolvió imponer una prisión de tres meses inicialmente, tiempo durante el cual se revisará la situación procesal del imputado.
