Mediante un comunicado, la ONG Integridad Republicana repudió el DNU 941, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. Con el documento publicado en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero, el Gobierno busca otorgar mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Entre esas nuevas facultades, se establece que el organismo que dirige el asesor presidencial, Santiago Caputo, queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional, y en lo sucesivo se habilita a que la SIDE pueda «proceder a la aprehensión de personas» al tiempo que se declaran como «encubiertas» todas las actividades de inteligencia.
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“El Decreto 941/25, de Necesidad y Urgencia, que modifica aspectos sustantivos de la Ley de Inteligencia, es manifiestamente inconstitucional. En efecto, no se configuran en modo alguno los supuestos excepcionalísimos en los que el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional autoriza al Poder Ejecutivo a emitir disposiciones de carácter legislativo”, explicó la ONG.
“No ha ocurrido ninguna catástrofe que impida la reunión del Congreso ni se advierte cuál es la urgencia para recurrir a un mecanismo extraordinario. El receso parlamentario no puede ser el atajo para sortear al Poder Legislativo, porque el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias”, continuó Integridad Republicana.
La organización advirtió que “el contenido del decreto, por otra parte, es sumamente cuestionable dado que —entre otros aspectos—, habilita la detención de ciudadanos por parte del organismo de inteligencia por razones vagas y confusas, y (bajo el pretexto de tareas de contrainteligencia), autoriza el espionaje interno, intercepción de comunicaciones privadas y otras actividades reñidas con los valores democráticos”.
“El Congreso Nacional debe rechazar este ejercicio abusivo de un instrumento que solo cabe en situaciones de emergencia, sin perjuicio del control que corresponde a los jueces en los casos en que deban intervenir”, concluye el comunicado.
El DNU 941/25 deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que tiene diez días hábiles para tratar el texto luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento. Según establece la ley 26122, el Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles.
Integridad Republicana está compuesta por Carlos Negri (presidente), Alberto Garay, María Eugenia Talerico, Marcela Campagnoli, Susana Decibe, Gustavo Nigohosian, Martha Oyhanarte, Luis Katz, Guillermo Lipera, Fabio Quetglas, Alejandro Drucaroff, Osvaldo Pérez Sammartino y Horacio Moavro.
BGD/ML
