El ciclo político chileno, que giró a la derecha tras las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, ha generado un profundo dilema entre las izquierdas, que fueron muy golpeadas por los recientes resultados electorales, debido, principalmente, al voto obligatorio y de castigo. El debate, entre ser una oposición vigilante, institucional y constructiva, y volver a ser un adversario político implacable y sin límites, dispuesto a promover y avalar la violencia política como una herramienta legítima para socavar al adversario y reconquistar el poder, que parecía superado, volvió a instalarse con fuerza en las últimas semanas al interior de los partidos del gobierno de Gabriel Boric, debido a algunos episodios que terminaron generando un quiebre entre las dos almas de la izquierda: la democrática y la octubrista.
Luego de dejar La Moneda y convertirse en oposición, la izquierda chilena se debate entre el respeto a las instituciones y el retorno a la agitación de 2019.
La primera grieta se generó después de las elecciones presidenciales por el llamado del Partido Comunista a movilización en contra del gobierno de José Antonio Kast, a contar del 8 de marzo, tres días antes de que asumiera formalmente. El Comité Central del Partido Comunista (PC) elaboró un informe de 15 páginas para definir la hoja de ruta para enfrentar la próxima administración e impedir que la actual tendencia de “derechización y autoritarismo” se proyectara en el tiempo y se consolidara como un nuevo régimen de largo plazo, proponiendo como estrategia para abordar este nuevo escenario el robustecer el trabajo de masas, con eje en el mundo del trabajo y con hitos de movilización claros.
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Para la centroizquierda, la señal tensiona innecesariamente la convivencia dentro del sector y reabre un debate que consideraban superado tras el fracaso del ciclo político anterior. En particular, sorprende la reaparición de una lógica asociada al llamado octubrismo, precisamente por la crítica que generó en la ciudadanía esta vertiente de la tendencia woke, que le significó varias derrotas políticas relevantes a la izquierda en los últimos años: el proceso constituyente y, recientemente, las elecciones parlamentarias y presidencial, donde los ejes del debate se concentraron en los temas seguridad, crecimiento y migraciones. Un discurso que parecía superado resurge de la mano de un voluntarismo ideológico que no muestra ningún aprendizaje y que dificulta el retorno al poder del sector, especialmente en el contexto del voto obligatorio.
Desde esa mirada, el giro impulsado por el Partido Comunista desentona con el nuevo clima político del país y arriesga profundizar una fractura interna en un momento en que la izquierda aún busca recomponer su identidad y su rol como oposición. Obliga al Socialismo Democrático a salir a desmarcarse rápidamente del octubrismo y tensiona al Frente Amplio (FA), pues abrazar la violencia como instrumento político lo aleja de las pretensiones de que el presidente Boric se repostule nuevamente a la presidencia.
En privado, dirigentes socialistas advierten que este tipo de gestos no solo debilitan la capacidad de la izquierda para leer el nuevo clima político del país, sino que además refuerzan el clivaje pueblo-elite que hoy la derecha ha logrado capitalizar con mayor eficacia.
Este dilema entre las dos almas de la izquierda, lejos de apaciguarse, se profundizó en Chile a propósito del fallo unánime del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal en el marco del Caso Gatica, uno de los procesos judiciales emblemáticos de la revuelta social de 2019. La resolución, que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, fue un verdadero terremoto político que desnudó las costuras de una coalición que nunca terminó de cuajar y generó una fractura interna que se ve difícil de solucionar.
El fallo, que descartó los apremios ilegítimos, validó el uso proporcional de la fuerza policial y formuló severos cuestionamientos al trabajo de la Fiscalía, y generó fricción por la aplicación de la legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Naín-Retamal, piedra angular de la agenda de seguridad del actual gobierno, diseñada para fortalecer las facultades de las policías frente a una criminalidad desatada.
Dicha legislación, en lo central, establece la legítima defensa privilegiada para el uso del arma de servicio ante amenazas inminentes a la vida o integridad física, además de endurecer las penas contra quienes atenten contra carabineros, detectives o gendarmes. Sin embargo, para los sectores más duros del actual oficialismo, esta ley representa una “aberración” que consagra la impunidad. De hecho, tras conocerse la sentencia de Crespo, el Frente Amplio y el Partido Comunista no tardaron en reaccionar con una virulencia que parecía más propia de una asamblea universitaria que de una coalición de gobierno. Se desmarcaron públicamente de la ley y cuestionaron el apoyo que tuvo su propia tramitación, en un ejercicio de amnesia política selectiva que dejó al descubierto su incomodidad con el orden público. Incluso Gabriel Boric, en un intento por hacer equilibrio sobre una cuerda floja que ya se rompió, sostuvo que la iniciativa no fue una propuesta original del Ejecutivo ni buscaba asegurar la impunidad.
No obstante, al cuestionar el fallo judicial, el mandatario cruzó una línea roja institucional y se desmarcó de una ley apoyada por su gobierno, específicamente la exministra del Interior Carolina Toha. Al hacerlo, Boric validó el relato de sus bases más radicales y sugirió que la Justicia, cuando no se ajusta a las expectativas de la épica octubrista, es una Justicia bajo sospecha.
Esta vez, el Socialismo Democrático decidió que el costo de la complicidad con el radicalismo era demasiado alto. En un movimiento sin precedentes, el Partido Socialista congeló su participación en la alianza oficialista y se marginó de las instancias de coordinación política. Esta decisión fue respaldada de inmediato por el centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD), que también suspendió la coordinación parlamentaria, profundizando una crisis interna a menos de dos meses del término del gobierno.
Este movimiento del socialismo tradicional es un ejercicio de aprendizaje, supervivencia y dignidad política. Durante años, estas figuras fueron blanco del “superiorismo moral” de una generación joven que los trató de “cómplices” de los treinta años de estabilidad. Hoy, el Socialismo Democrático parece haber despertado de su letargo, negándose a ser amedrentado por quienes flirtean con la ruptura institucional cada vez que un fallo judicial no los favorece. El socialismo entiende que el país exige orden y respeto a las reglas del juego; el PC y el FA, en cambio, parecen listos para liberar nuevamente al fantasma octubrista tras el resultado adverso en las urnas.
El riesgo de una oposición obstruccionista no es una paranoia de la derecha; es una lectura descarnada de los hechos. El aprendizaje político de 2019 parece ser nulo en las filas de la izquierda radical. Para el eje PC-Frente Amplio, el octubrismo no fue un estallido de violencia con consecuencias económicas y sociales devastadoras, sino un “estado de gracia” política que pretenden reactivar desde la vereda de enfrente.
Su mirada sugiere que la derrota cultural de sus proyectos maximalistas –como la propuesta constitucional rechazada en 2022– no fue una señal de la ciudadanía pidiendo moderación, sino un paréntesis que debe cerrarse volviendo a la confrontación directa. Mientras Chile exige certezas económicas y protección ante el crimen organizado, estos sectores insisten en una retórica que victimiza al infractor y sospecha de la autoridad de manera sistémica.
Si la futura oposición decide que cualquier reforma del próximo gobierno debe ser bloqueada “en la calle”, el país entrará en un bucle de ingobernabilidad muy peligroso. La izquierda radical parece no comprender que el octubrismo como método de acción política es un bumerán que siempre termina golpeando la línea de flotación de la democracia. El uso de la calle no como espacio de manifestación, sino como mazo de demolición institucional, es la negación misma de la política.
Lo más preocupante de este escenario es el comportamiento del propio Gabriel Boric. Un presidente que se desmarca de las leyes que él mismo ha promulgado y que critica fallos de tribunales independientes está enviando una señal peligrosa sobre su futuro rol como líder de la oposición. Esta actitud anticipa un liderazgo que, ante la frustración parlamentaria o judicial, no dudará en cuestionar las bases del sistema que hoy encabeza.
La solicitud de la Unión Demócrata Independiente para que la Corte Suprema emita una declaración pública reprochando los dichos del mandatario es el reflejo de una preocupación real por la presión indebida al Poder Judicial. Cuando el jefe de Estado relativiza la cosa juzgada basándose en su sensibilidad ideológica, erosiona la confianza en la institucionalidad. Es la señal de que su lealtad no es con la República, sino con la pureza de su relato.
El Socialismo Democrático ha entendido que no puede seguir siendo el rehén de un proyecto que coquetea con el caos. Tras años de subordinación, hoy reivindica la estabilidad con una dignidad recuperada. Su desafío inmediato será resistir el “matonaje moral” de sus socios de coalición y constituirse en un dique de contención contra el deseo de incendio que aún anida en el PC y parte del FA.
La duda que queda en el aire es si el Partido Socialista y el PPD tendrán la fuerza para romper definitivamente con el lastre octubrista o si volverán a ceder por un malentendido sentido de “unidad de la izquierda” cuando los tambores de la calle empiecen a sonar. El desmarque actual es una señal de esperanza para el centro político, aunque su consistencia será puesta a prueba el día uno del próximo gobierno.
Chile no resiste otro período de polarización extrema ni otra validación de la violencia como herramienta política. Si la izquierda, al pasar a la oposición, elige el camino del obstruccionismo y el ataque a las instituciones democráticas, estará admitiendo que solo sabe habitar la crisis y poniendo nuevamente a Chile en riesgo.
La falta de compromiso institucional exhibida por el eje PC-FA funciona como un inquietante adelanto de una película que Chile ya vio en 2019 y cuyo desenlace dejó al país al borde del abismo. Ojalá esta vez la historia no repita su guión, y que el nuevo ciclo político permita a Latam salir del juego de suma cero que han impuesto los extremos, recuperando el sentido de responsabilidad, orden y acuerdos que exige la democracia.
*Director Consulting.
