El faltazo del ministro saliente, el frío saludo luego de su asunción entre ambos y la disputa interna por la designación forman parte de la escena visible. Pero lo verdaderamente relevante ocurre puertas adentro del sistema judicial y tendrá consecuencias concretas en los tribunales federales. Y también en Córdoba.
Para la vida institucional del Poder Judicial en general, y en particular en Córdoba, abre un gran interrogante que excede la pelea política palaciega.
El gran cambio que viene en la Justicia federal
La primera pregunta que surge en este recambio de nombres es qué impacto puede tener en la Justicia federal de Córdoba. No es un detalle menor: este año debería implementarse una transformación profunda del sistema penal federal. El 15 de junio está prevista la entrada en vigencia plena del nuevo Código Procesal Penal Federal, un sistema acusatorio que cambia completamente la lógica de funcionamiento de la justicia penal y desapodera a los jueces.
En términos simples: los fiscales pasarán a tener el rol central en la investigación y los jueces dejarán de ser protagonistas para convertirse en árbitros del proceso. Es un cambio radical. Hasta ahora los jueces federales tenían la capacidad de impulsar o frenar una causa, de conducir la investigación y de decidir el ritmo del expediente. Con el nuevo sistema, ese poder se reduce considerablemente.
Habrá unidades fiscales especializadas, según el tipo de caso —sencillos o complejos— y los jueces intervendrán únicamente para resolver cuestiones puntuales: una detención, una prisión preventiva, una condena.
Los expedientes les llegarán sin haber intervenido previamente. Una oficina administrativa será la encargada de asignarles audiencias y causas específicas.
La posición de Mahiques
Ante ese escenario, la primera pregunta inevitable es cuál es la postura del nuevo ministro sobre el sistema acusatorio. La respuesta parece bastante clara: Mahiques es un acérrimo defensor del sistema acusatorio.
Durante su paso por la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires estuvo vinculado a experiencias de implementación de este modelo y es considerado uno de sus promotores dentro del ámbito judicial. Por eso, todo indica que no habrá obstáculos desde el Ministerio de Justicia para la puesta en marcha del nuevo sistema. Si nada cambia, el 15 de junio Córdoba tendrá un cambio de 180 grados en su Justicia federal.
Hay un dato extra. La Procuración General de la Nación, que dirige el interino Eduardo Casal, ha previsto mañana lunes una reunión con todos los fiscales federales para avanzar en el diseño del sistema acusatorio que se realizará en la ciudad de Córdoba. Al día siguiente, el martes, los mismos funcionarios que vendrán se reunirán con las fuerzas de seguridad federales.
El Poder Judicial y sus verdaderas alianzas
En Buenos Aires se habla mucho de los vínculos políticos del nuevo ministro, de su relación con la AFA, de sus lazos familiares y de las internas dentro del Gobierno. Pero conviene recordar algo que quienes seguimos el mundo judicial conocemos bien: la Justicia federal funciona con lógicas de poder mucho más complejas que las etiquetas partidarias.
Comodoro Py no es una estructura política lineal. Es, más bien, una comunidad de poder donde conviven intereses judiciales, económicos y políticos. En ese entramado, las lealtades no siempre siguen la lógica de los partidos. Muchas veces responden a redes de influencia que atraviesan gobiernos, administraciones y coyunturas.
Por eso, más que preguntarnos a qué sector político responde cada actor, tal vez deberíamos pensar a la Justicia federal como un árbitro en conflictos donde además intervienen intereses económicos que también inclinan la balanza.
Otro movimiento que llamó la atención fue la salida de Sebastián Amerio del viceministerio de Justicia y su futuro destino en la Procuración del Tesoro.
Amerio era una figura clave dentro del ministerio y tenía un rol importante en la relación con las provincias y el Consejo de la Magistratura. De hecho, hace apenas 10 días participó en una reunión con los presidentes de las cortes provinciales y tribunales superiores de justicia. En ese encuentro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesín, planteó una preocupación concreta: la deuda de la Nación con las cajas previsionales provinciales.
Ese tema impacta directamente en los presupuestos judiciales y, por lo tanto, en la independencia de los tribunales. Amerio se comprometió en esa reunión a trasladar el reclamo al Ministerio de Economía. Pero su salida del cargo deja ese compromiso en el aire. Diez días después, el interlocutor ya no está.
Vacantes y el poder del Consejo de la Magistratura
El nuevo ministro también deberá enfrentar otro desafío: más de 300 vacantes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal. Córdoba no es una excepción. Aquí ningún tribunal colegiado está completo y cuatro juzgados siguen vacantes. Uno de los casos más sensibles es el Juzgado Federal Nº1, que tiene competencia electoral. El concurso está abierto, pero como ocurre con muchos procesos en la Justicia argentina, avanza con una lentitud exasperante dentro del Consejo de la Magistratura.
Y ahí aparece otra variable clave: el Consejo es el organismo que define los órdenes de mérito de los concursos y elabora las ternas que luego llegan al Poder Ejecutivo. Antes, Amerio tenía un rol muy activo en ese engranaje. Ahora habrá que ver cómo Mahíques y su nuevo equipo reorganizan esa influencia. Porque en la Justicia argentina, muchas veces, el verdadero poder no se juega en los fallos sino en quién nombra a los jueces.
