Kilmar Abrego García permanecerá en la cárcel al menos hasta el viernes, mientras los abogados en el caso federal que enfrenta aclaran si los fiscales pueden evitar la deportación si sale en libertad mientras espera el juicio. Así lo decidió la jueza de distrito de Nashville (Tennessee), Barbara Holmes, que el domingo ya había anunciado que lo dejaría en libertad. En la audiencia celebrada este miércoles, la magistrada pidió recibir más información para saber si, en caso de ser liberado, permitirán al acusado acudir a las audiencias del juicio.
El salvadoreño de 29 años, que fue deportado por error y devuelto a Estados Unidos el 6 de junio, enfrenta cargos por tráfico de personas. En la audiencia se esperaba que Holmes especificara las condiciones de su puesta en libertad. Los abogados de Abrego García temían que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le arrestaran de nuevo para iniciar el procedimiento de deportación. También Holmes había anticipado que el ICE se haría cargo probablemente de la custodia de Abrego García en cuanto saliera libre.
La magistrada pidió que el Departamento de Justicia coopere con el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que Abrego pueda asistir a las audiencias y al posible juicio en este caso, incluso mientras se encuentre bajo custodia del ICE. También pidió que se le traslade a un centro de detención en el distrito central de Tennessee o cerca, y que se permita a sus abogados comunicarse con él.
El domingo, Holmes rechazó los argumentos presentados por los fiscales y afirmó que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. El Gobierno, que admitió haber cometido un error al deportarlo el pasado 15 de marzo, le ha acusado desde entonces de ser una persona violenta y un terrorista peligroso, miembro de la pandilla criminal salvadoreña MS-13 y parte de una red de tráfico de migrantes. No se han aportado pruebas y la familia y los abogados de Abrego García han negado las acusaciones.
Los abogados del Departamento de Justicia habían apelado la decisión de Holmes y pedido que mantuvieran al detenido bajo arresto porque, de no ser así, lo más probable es que sea deportado, “dejando al público irremediablemente dañado”. Un juez de distrito rechazó el recurso.
La Administración Trump siempre ha declarado su intención de que, de una manera u otra, Abrego García continúe preso. “Kilmar Abrego García es un peligroso delincuente extranjero ilegal”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, en una publicación en redes sociales el lunes.“Lo hemos dicho durante meses y sigue siendo cierto: nunca quedará libre en suelo estadounidense”.
Mientras se encontraba en El Salvador encarcelado, varios fallos judiciales, incluso del Tribunal Supremo, pidieron su regreso, pero la Administración se negó a facilitarlo. No fue hasta el 6 de junio que retornó a Abrego García a Estados Unidos, y solo para enfrentar un caso con dos cargos penales: uno de conspiración para el transporte de migrantes indocumentados y otro por transporte de migrantes indocumentados. El salvadoreño se declaró inocente de los cargos en la primera audiencia, que se celebró el 13 de junio.
Abrego García “fue secuestrado, detenido y encarcelado ilegalmente por la Administración Trump el 12 de marzo y, en lugar de corregir los errores, la Administración ha llevado a Kilmar a Nashville para enfrentar cargos infundados”, dijo Lydia Walther-Rodríguez, directora de organización de CASA, la organización que se ha involucrado en su defensa, en una rueda de prensa horas antes de que se celebrara la audiencia.
Aniversario de boda
Jennifer Vásquez Sura, la esposa de Abrego García, lamentó visiblemente emocionada que el día de su aniversario de boda tuviera que estar en los tribunales. “De nuevo, me veo separada de mis hijos para viajar a Nashville y luchar por la libertad de Kilmar”, dijo. “En vez de celebrar nuestro aniversario con nuestra familia, estoy aquí. Pero no estoy sola. En honor de Kilmar y de nuestro aniversario, celebraré nuestra lucha y la de todas las personas que nos apoyan y se niegan a rendirse”, añadió.
Las acusaciones que pesan sobre el salvadoreño se basan en un vídeo de 2022 de un control de tráfico. Abrego García fue interrogado por agentes cuando conducía un coche con nueve hombres indocumentados en Tennessee. Los agentes consideraron entonces sospechoso que ninguno de los ocupantes llevara equipaje, a pesar de que dijeron que se trasladaban para realizar un trabajo. El incidente no fue mayor y Abrego García continuó el viaje hacia Maryland. El Gobierno lo ha usado como prueba de que traficaba con migrantes a cambio de dinero.
Abrego García fue uno de los más de 200 migrantes que fueron deportados a El Salvador el 15 de marzo pasado. Las expulsiones se produjeron sin ninguna orden judicial, invocando la anacrónica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que se ha utilizado solo en situaciones de guerra. Un juez ordenó que los aviones que trasladaban a los migrantes dieran la vuelta y regresaran a Estados Unidos, pero el Gobierno dijo que era tarde y los detenidos acabaron en el Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), la mega cárcel del país centroamericano conocida por violar los derechos humanos de los presos.
“Pedimos que esta Administración pare el trato inhumano dado a la familia de Kilmar y a todos los Kilmar que continúan injustamente encarcelados y a quienes esta Administración sigue negando el Estado de derecho y el debido proceso”, apuntó Walther-Rodríguez.
Abrego García contaba con una protección judicial concedida en 2019 que impedía su deportación a El Salvador, país del que huyó y donde el juez estimó que correría peligro si volviera. A los 16 años emprendió el viaje a Estados Unidos, donde entraría de forma irregular, para huir de la violencia de las pandillas, que extorsionaban a su familia y presionaban para que se uniera a ellas. Al llegar a EE UU, trabajó como obrero metalúrgico y residía con su mujer y sus tres hijos, dos de ellos autistas, en el Estado de Maryland.
La familia inició una demanda contra su deportación y el abogado del Gobierno, Erez Reuveni, admitió ante la jueza que llevaba el caso, la magistrada Paula Xinis, del tribunal de distrito de Maryland, que su expulsión fue un “error”. Reveni, que fue despedido por ello, reveló este martes que altos cargos del Departamento de Justicia sugirieron que se ignoraran las órdenes judiciales, como la que pedía el retorno de los aviones que llevaron a Abrego García a El Salvador.
“El caso de Kilmar sigue siendo una advertencia sobre cómo las comunidades inmigrantes, negras y morenas están siendo blanco de abusos gubernamentales, al ignorar abiertamente el debido proceso y el Estado de derecho. Este ataque a los derechos individuales refleja una amenaza más amplia a la democracia en Tennessee y en todo el país”, manifestó Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, antes de la audiencia.
