El tiempo se agota para el escritor, periodista e historiador ecuatoguineano Donato Ndongo-Bidyogo. El intelectual, de 75 años y residente en Murcia desde finales de los años noventa, se enfrenta al desahucio de su vivienda, que está previsto para este mismo miércoles. La casa es propiedad de un fondo de inversión y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) confía en que la justicia reconozca la situación de vulnerabilidad del escritor para que pueda conservar su hogar, aunque saben que no será fácil.
La principal dificultad, según explica el mediador de la PAH José Antonio Vives, es el largo tiempo transcurrido desde que se inició el procedimiento judicial para desahuciar a Ndongo de la casa que adquirió en 2002 en la zona norte de Murcia mediante una hipoteca con Bankia, absorbida más tarde por CaixaBank.
Fuentes de esta entidad bancaria han aclarado a EL PAÍS que los impagos de las cuotas comenzaron en 2011, y que el proceso se judicializó en 2015. Tres años después, en 2018, la entidad financiera vendió la propiedad a un fondo de inversión, Verde Iberia, actual propietaria del inmueble. Durante todos esos años, asegura la entidad, le ofrecieron diversas alternativas que fueron rechazadas por el intelectual.
EL PAÍS no ha conseguido contactar con Verde Iberia para recabar su versión. Ndongo, por su parte, considera que ha llegado a esta delicada situación por el cálculo injusto de su pensión de jubilación, en la que no se ha tenido en cuenta los años que trabajó para el Gobierno de España en su Guinea natal.
El intelectual pisó por primera vez España en 1965: todavía no había cumplido los 15 años, Guinea Ecuatorial era una colonia española y él se formó en Periodismo e Historia y comenzó a trabajar en diversos medios de comunicación hasta que, en 1981, fue contratado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para dirigir el colegio mayor Nuestra Señora de África, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Cuatro años después, el ministerio le propuso regresar a Guinea como director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo, la capital. Durante una década ocupó ese cargo y lo compaginó con el de delegado de la agencia Efe en el país centro africano, pero esos años de trabajo no han sido reconocidos en sus cotizaciones para el cálculo de la pensión, según explica.
Tras ser amenazado de muerte por la dictadura de Teodoro Obiang, Ndongo regresó a España en 1995 y se instaló en Murcia. La casa de la que ahora va a ser desahuciado la compró en 2002, cuando trabajaba en la Universidad de Murcia. También fue tres años profesor visitante de la Universidad de Misuri, en Estados Unidos. Sin embargo, los años previos a su jubilación no contó con empleos estables y se ganó la vida con la publicación de libros, conferencias y colaboraciones en medios, que le han dejado una pensión de mil euros mensuales.
La mayoría de los ingresos, apunta, se esfuman en la educación universitaria de sus dos hijos. Para la plataforma Afromurcia en Movimiento, que ha estado apoyando a Ndongo durante todo el proceso, “este desahucio no es un caso más ni un caso aislado”, sino que afecta a una “víctima del racismo institucional” que sufre buena parte de la comunidad africana. “A una persona blanca, jubilada y con una trayectoria como la de Donato, probablemente no se le dejaría en la calle”, resume Belinda Ntutumu, una de las portavoces del colectivo.
En su opinión, “hay un abandono sistemático de las personas racializadas” por parte de las instituciones: la administración estatal no ha corregido la cotización de Ndongo, mientras que la regional y la local no han ofrecido alternativas habitacionales o sociales. Tampoco la justicia se ha pronunciado, de momento, sobre los dos recursos planteados por Ndongo en los que alega estar en una situación de vulnerabilidad. El lanzamiento estaba previsto para el 7 de julio, pero la comisión judicial decidió aplazarlo a este miércoles a la espera de esa resolución judicial, que aún no ha llegado.
A esos recursos se aferran desde la PAH, aunque su mediador reconoce que, dado el avanzado estado del procedimiento judicial, será “complicado” paralizar el desahucio. Afromurcia en Movimiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para acudir al domicilio de Ndongo e impedir la entrada de la comisión judicial y que se produzca el lanzamiento “porque desahuciar a Donato es desahuciar la memoria colectiva del pueblo africano y su lucha por la dignidad” y porque “ninguna persona mayor ni intelectual comprometido debe ser arrojado al vacío por un sistema que le niega la justicia y la reparación”.
