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Un comandante de Gendarmería y su chofer fueron condenados en Misiones por integrar una banda que se dedicaba al contrabando de soja hacia el mercado brasileño.

El Tribunal Oral Federal de Posadas le impuso una pena de ocho años de cárcel al oficial y seis a su subalterno, pero ninguno de ellos irá a la cárcel porque fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

El fallo recayó sobre el comandante principal Marco Antonio Duette (53), ex jefe del Escuadrón 9 “Oberá”, y el suboficial Ricardo Fabián Gómez (51).

Ambos fueron hallados culpables de los delitos de “asociación ilícita en carácter de miembro; contrabando de importación agravado por la intervención de tres o más personas y la participación de un agente de seguridad en calidad de partícipe necesario; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor”.

A Duette también le sumaron la figura penal de «cohecho pasivo«.

El ex comandante también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, mientras que la restricción para Gómez alcanza los 12 años.

Los dos gendarmes condenados se encargaban de liberar las rutas 14 y costera 2 para que los camiones cargados con soja que llegaban con cartas de porte falsificadas pudieran circular sin problemas hasta la zona de El Soberbio, Colonia Aurora o Alba Posse.

En enormes galpones, la soja era embolsada para su traslado a la costa del río Uruguay, donde se realizaba el cruce hacia Brasil en pequeñas embarcaciones.

Con esa maniobra, la organización no sólo eludía el pago de retenciones a las exportaciones, sino que además percibía por cada kilo de soja un monto mayor por la diferencia cambiaria que existía en esos momentos con Brasil.

Las abogadas querellantes de ARCA estimaron que el Estado dejó de recaudar unos 36 millones de dólares a causa de la soja que la banda logró cruzar a Brasil entre 2020 y 2021.

Las escuchas telefónicas que se realizaron por orden del juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, fueron sorprendentes.

Un total de 193 discos compactos con intervenciones telefónicas pusieron al descubierto una aceitada organización en la que estaban involucradas 12 personas, 10 de las cuales eludieron el juicio oral al declararse culpables para poder negociar la pena con la Fiscalía.

Entre ellos está el líder de la asociación ilícita, el empresario Santiago Marino (58), quien en su bio de Instagram se define de una manera peculiar: «Profesor de Biología. Padre, abuelo, tío de 120 sobrinos y padrino de 56 ahijados. Empresario («Palmar del Río»). Candidato a intendente por Mojón Grande 23«.

Las penas de los otros involucrados se conocerán una vez que se comuniquen los fundamentos de la sentencia contra Duette y Gómez, el próximo 1° de julio.

Las escuchas revelaron que, además de oficiar de chofer de Duette, el suboficial Gómez también trasladaba a Marino, principalmente cuando viajaba a Chaco para negociar los cargamentos de soja.

De las escuchas surge un estrecho vínculo entre el por entonces jefe del escuadrón y el empresario, quien a pesar se su situación penal se lanzó como candidato a intendente de Mojón Grande, del departamento San Javier, en el sudeste provincial, en 2023.

Lo curioso es que perdió por apenas 10 votos (761 contra 771 del contador público Adrián Solís), quien fue reelecto. Ambos fueron por el massismo.

Su pareja, el ingeniero agrónomo y ex profesor universitario santafesino Juan Carlos Tivano (69), también estaba imputado pero murió en un choque el 16 de noviembre de 2023 en Paraná.

En una oportunidad, Marino le pidió a Duette que no moviera de la sección San Vicente a un gendarme porque “había entendido bien la consigna”.

Pero no fue lo único, enterado de los buenos negocios que el empresario hacía con la soja, en una oportunidad se propuso entrar en las operatorias como socio “y a fin de año París”, celebró.

Marino incluso llegó a prometerle a Duette una casa de fin de semana a orillas del río Uruguay, cerca del complejo turístico que había construido de la noche a la mañana con las ganancias.

Además, la Justicia estableció que compró un campo de 103 hectáreas en Misiones.

La investigación estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por pedido del juez Gallandat Luzuriaga. Los agentes se internaron en los caminos que conducían al río haciéndose pasar por turistas y así establecieron la forma en que la soja se escurría hacia el vecino país.

Al momento de los alegatos, el fiscal Pablo Di Loreto sostuvo que “Duette y Gómez utilizaron su condición de funcionarios para facilitar el transporte de las cargas y solucionar las cosas cuando había problemas” con los camiones en las rutas.

Recordó que, en una oportunidad, Marino se comunicó con Duette para pedirle la liberación de tres tractores brasileños que habían sido retenidos por falta de documentaciones cuando eran transportados en un camión.

Pero los “servicios” del comandante iban más allá de liberar las rutas. En una ocasión, evitó que a un hombre cercano a Marino le decomisaran 40 mil dólares de dudosa procedencia. Por esa intervención lo habrían retribuido con 300.000 pesos.

Al referirse a Gómez, Di Loreto lo ubicó como “chofer, guardaespaldas y hombre de confianza” de Marino. Incluso se encargaba de “puntear” los camiones hasta su destino, a fin de evitar cualquier contratiempo con las patrullas de Gendarmería.

Las abogadas querellantes de ARCA, Rossana Sienra y Yamila Amado, dijeron que los delitos estaban probados y pidieron la condena de ambos gendarmes. Una de ellas apeló a una de las escuchas, donde uno de los imputados reconocía que la soja “deja más plata que la falopa”.

Según el cálculo de las abogadas, el 90 por ciento de la soja que llegaba a Misiones luego era cruzada a Brasil, generando un enorme perjuicio al Estado. Es por eso que también pidieron el decomiso de todos los bienes incautados en los diferentes allanamientos y las propiedades adquiridas por la banda.