Un antiguo pulso se ha enardecido en las últimas semanas entre los productores de hilo y los confeccionistas de ropa en Colombia. El Gobierno de Gustavo Petro eliminará un arancel del 10% a las materias primas para favorecer a quienes las convierten en indumentaria. “Si la confección colombiana puede reducir costos financieros, de energía y de insumos, podrá ser una de las grandes exportadoras de Colombia”, aseguró el presidente hace unas semanas. Los confeccionistas, preocupados por la creciente competencia de minoristas extranjeros como Shein y Temu, celebran la decisión: hace años que señalan que tienen que importar el 95% de los materiales por la crisis de los hilanderos locales. Los productores de la materia prima, en cambio, están desesperados. Para ellos, el inminente decreto del Ejecutivo es una sepultura definitiva.
El anuncio de Petro fue una respuesta a “un llamado urgente” que hizo el 11 de octubre el presidente de la Cámara de Confección de Colombia, Guillermo Criado. El líder gremial comentó en X que los aranceles a los hilos significan “perpetuar el rezago competitivo y sacrificar miles de empleos” en su sector. “El Gobierno enfrenta una decisión crucial para la reindustrialización: ¿Favorecer a 142.000 empresas populares que representan el 99% del empleo del sector Moda o proteger a dos empresas [de producción de hilos]?”, reclamó. Según justificó Criado, la eliminación del arancel es “una decisión urgente” para abaratar costos y poder competir contra las empresas chinas Shein, Temu y AliExpress. Estas plataformas, que llegaron el año pasado y crecen exponencialmente, permiten que los consumidores encarguen ropa barata desde el exterior.
Los sindicatos de hilanderos respondieron que la medida acabará con las seis fábricas nacionales que aún sobreviven —Colombia tuvo más de 30— y con 8.000 empleos. “Es una sentencia de muerte”, enfatizó Sintratextil en un comunicado respaldado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Según la organización, el hilo representa apenas un 1% del costo de una prenda de vestir y eliminar el arancel no resolverá “los males estructurales” que aquejan a los confeccionistas: el contrabando, la “evasión tributaria” de las plataformas extranjeras y los altos costos de transporte y energía. Una facción de la Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, cuestionó que la medida beneficia a industrias asiáticas que incumplen “los mínimos estándares de protección laboral”. Acusó a los confeccionistas de haber provocado la crisis de las hilanderías colombianas en las últimas décadas: “Optaron masivamente por proveedores asiáticos debido a precios artificialmente bajos”.
También están preocupados los algodoneros, quienes llegaron a cultivar en 300.000 hectáreas en el siglo pasado y hoy solo lo hacen en unas 10.000. “Si cierran las hilanderías a las que les vendemos, el único camino que nos quedaría sería el de las exportaciones”, explica por teléfono el presidente de la Confederación Colombiana del Algodón, César Pardo. Esa opción, en realidad, es inviable: las aduanas y el transporte al exterior elevan el costo en hasta 10 centavos por libra, algo que es impensable cuando el precio internacional del algodón está bajo —unos 64 centavos, frente a 75 que calcula Pardo que se necesita—. “Los confeccionistas deberían mirar otros costos, como los impuestos, los servicios públicos y los laborales. Los apoyamos en que puedan seguir produciendo, pero un eslabón de la cadena no puede acabar con los demás”, reprocha.
El Ministerio de Industria y Comercio, que aún estudia el decreto, se mantiene firme. “El consumo interno de hilos alcanza unas 163.000 toneladas anuales, de las cuales solo alrededor del 12% es suministrado por la producción nacional. Debido a esta alta dependencia [a las importaciones], no es posible mantener el arancel”, justificó en una respuesta a los gremios que comentaron el borrador del decreto. “Los productores de algodón pueden acceder a otros programas de apoyo”, aseguró. Eso sí, el Ministerio desestimó una petición de los confeccionistas que solicitaba investigar “posibles acuerdos de precios” de los hilanderos y que evidenciaba la tensión entre ambos sectores. “Ya se efectuaron visitas técnicas y no se encontraron comportamientos anticompetitivos”, respondió la entidad.
El arancel de los confeccionistas
Los confeccionistas colombianos tienen su propio arancel a las importaciones: es del 40%, el máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Era de un 22% hasta hace unos años, limitado a pequeños y medianos productores, pero la Administración de Petro lo incrementó y amplió en diciembre de 2022. “Esta no solo es una de las promesas del presidente, que estamos cumpliendo, sino que además es un impulso al empleo y a la productividad de la industria nacional de confecciones”, justificó el entonces ministro de Comercio, Germán Umaña.
El líder gremial Criado considera que no hay una contradicción entre defender este impuesto y criticar el del hilo como “un proteccionismo anacrónico”. “Ellos son la materia prima. Y esto es una cadena en la que nosotros aportamos el 99% del empleo y el crecimiento económico”, señala por teléfono. Inexmoda, un instituto que promueve la internacionalización del sector, es menos contundente en las cifras de empleo, pero igual hay una diferencia notable: calcula que esta industria genera 1,4 millones de empleos —incluidos los indirectos—, de las cuales el 83% pertenece a la confección de prendas de vestir.
Criado cree que el arancel del 40% se ha quedado corto por la llegada en 2024 de las plataformas, que logran sortear el impuesto en compras menores a 200 dólares y están exentas de IVA —el Gobierno ha planteado cambiar esto es una reforma tributaria, pero no se ha aprobado en el Congreso—. “Tienen un lugar cada vez mayor. Hoy en día, entran 400.000 kilos diarios sin pagar nada ni producir empleo”, afirma el líder gremial, y añade que las importaciones totales de confecciones crecen “a doble dígito”. La eliminación del arancel a los hilos, reconoce, no solucionará el problema de fondo: “Es un paso. Hay que continuar parando a estas plataformas digitales con otras medidas, una cosa no excluye la otra”.
Los datos del último informe sectorial de Inexmoda muestran que la venta de confecciones tuvo una fuerte caída hace dos años, antes de la llegada de las plataformas, y que ahora presenta un pequeño repunte: -7,7% en 2023, -5,3% en 2024, 3,8% en los primeros ocho meses de este año. “La industria de confecciones muestra señales sólidas de recuperación y crecimiento”, se lee en el texto. Las ventas de hilos y tejidos, en cambio, todavía no mejoran: -15,9% en 2023, -1,1% en 2024, -0,8% entre enero y agosto de 2025. “Este año se ha evidenciado una demanda más débil, además de presiones en el mercado interno y competencia con productos importados”.
La disputa política
La puja política es evidente. Criado comenta que los hilanderos tienen el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y que, desde allí, “no dejaban que se tomara ninguna medida en gobiernos anteriores”. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y ministro de las carteras de Comercio y Hacienda del Gobierno de Iván Duque (2018-2022), tiene otra versión: comenta que los hilanderos están “apocados” frente a confeccionistas que aún tienen “muchísimo poder” entre los políticos. “Cuando yo era ministro, el Congreso intentó imponerme ese arancel [del 40%] en el Plan Nacional de Desarrollo y lo aprobaron desde el Pacto Histórico [petrismo] hasta el Centro Democrático [uribismo]. Lo demandamos y se cayó”, ejemplifica.
Mientras tanto, la angustia crece entre los hilanderos. El obrero y sindicalista Luis Rodrigo Carmona cuenta por teléfono que se ha reunido con funcionarios de los ministerios de Trabajo y Agricultura, y que ellos lo han apoyado, pero también le han advertido de que la decisión final es del presidente. Siente, entonces, que un cierre es inminente y le preocupa que se ha dedicado cuatro décadas al hilado de algodón. “No sé hacer otra cosa. ¿Y acaso los confeccionistas me van a contratar si me quedo sin trabajo?”, apunta. Rememora que la imagen de su sector era totalmente distinta en 1987, cuando ingresó a los 18 años a la fábrica de Fabricato en Bello (Antioquia). “Éramos un río de gente: 15.000 obreros. Ahora somos 1.200 y nos vemos en un proceso de extinción”, dice.
