A las cárceles de algunas comunidades españolas, como Canarias, no dejan de entrar jóvenes migrantes condenados o acusados de tráfico de personas por haber manejado el cayuco en el que llegaron, haber distribuido alimentos en el trayecto o mantenido el orden, quizá con un machete en el costado, entre el desesperado pasaje procedente de Malí, de Mauritania o de Senegal que un día se echó al océano Atlántico con una sola idea en la cabeza: Europa. Esos patrones que hace unos años eran en su mayoría mafiosos son ahora, en no pocos casos, pobres pescadores que buscan un viaje gratis, muchachos engañados que sueñan, como el resto de los viajeros, con un mundo mejor y que, en ocasiones se agrupan en cooperativas para alcanzar la costa anhelada. Cuando la embarcación arriba a España con su carga de miedo, desconcierto, hambre y frío, algunos dan sus primeros pasos en el nuevo mundo directos a la cárcel. Así lo denuncian quienes forman parte de una red civil solidaria que trata de ayudarlos, un cambio de modelo en el tráfico de migrantes del que son conscientes también las autoridades y que confirma la fiscal de Extranjería de Canarias, Teseida García García, con una respuesta elocuente. ¿Están las cárceles llenas de pobres desgraciados? “Pues sí”.
En Malí no saben lo que es el mar. La distancia más cercana al Atlántico supera los 1.000 kilómetros y hay que atravesar en otros países, como Mauritania o Senegal, antes de conocer el océano. Mamadou nació en una diminuta aldea maliense hace 31 años, de una madre dedicada a la venta y un padre agricultor con inquietudes políticas. La violencia de su país los ha matado a los dos, pero cuando el niño tenía cuatro años su padre lo llevó a ver el horizonte salado hacia el que un día iba a poner rumbo el muchacho en un precario barco de madera. En un albergue del archipiélago, el joven quiere mostrar también una antigua herida de bala en una pierna. No hace falta. Mamadou ha elegido este nombre falso para contar que ha pasado tres años en una cárcel de las islas sin que ese encierro le haya borrado una sonrisa marfileña que se abre entre gestos de impaciencia por darse a entender en un español naciente.
Cuenta que desembarcó un 9 de agosto de 2022 y el día 11 ya estaba preso, junto con otro compañero. Cada barca que llega suele acabar con uno o dos detenidos como patrones, bajo la acusación de un delito de favorecimiento de la migración. “La gente del barco dijo que yo llevaba el timón, y sí, no puedo mentir, pero yo no tenía ningún dinero, no me dieron dinero”, repite una y otra vez obsesionado con demostrar que no había afán de lucro en su maniobra marítima. Que él era solo uno más, otro más de los que quieren buscarse la vida en las Canarias, con una corta lista de prioridades: “Ser camarero o fontanero o cocinero”. Por ese orden.
La ley es compleja. Las leyes, porque son muchas. El código penal español condena el delito de tráfico de migrantes a los llamados patrones, quienes llevan la nave, y se argumenta con el peligro al que han expuesto a los pasajeros o a las coacciones o violencias impuestas para mantener el orden, por ejemplo. Se tiene en cuenta para inculparlos si manejaban el timón, si repartían el rancho, si se lucraban con el viaje. Todo ello está penado con cuatro a ocho años de cárcel, que pueden incrementarse por homicidio imprudente si hay muertes en el trayecto y se impone un año más por cada cadáver, normalmente. “Es un delito muy grave que se acrecienta si pertenecen a organizaciones mafiosas”, dice la fiscal García García. Reconoce que antes era más común ver a patrones profesionales, mafiosos, mientras que ahora es habitual que el viaje se organice cooperativamente, “pero siempre hay alguien que se encarga, que lleva el control, que domina la situación”, explica. “Pero son desgraciados, lo sé”, añade, lo que no impide, explica, que tengan que pagar su culpa de acuerdo con la ley: “Son vulnerables, pero también adultos que tienen que asumir una responsabilidad, aun cuando estén necesitados de asilo. Tengo en cuenta que son desgraciados, pero los tribunales suelen ir a los hechos, no a las circunstancias”, dice en su despacho de Las Palmas de Gran Canaria a finales del año pasado, donde cuelga su uniforme de blancas puñetas de encaje. “Aunque haya homicidios imprudentes trato de buscar una conformidad para rebajar la condena. Me critican por pedir tres años o más de dos, lo que impediría cumplir la pena o evitar los antecedentes [en el futuro], pero es un delito muy grave y yo tengo que mirar por el interés general y público. El fin de la pena es también un mensaje social”, dice. “El narcomenudeo también es el último eslabón de la cadena [criminal], pero qué pensarían si no lo condenáramos”, justifica. “Yo solo aplico la ley”.
Cuando García García dice que la critican se refiere a abogados como Daniel Arencibia, muy activo en la defensa de los migrantes en las islas, que ha elaborado con paciencia de amanuense un listado de 1.004 sentencias en provincias costeras desde 2016, 873 en primera instancia, 116 apelaciones y 15 casaciones. El estudio demuestra la severidad de las peticiones de condena de las fiscalías canarias, tanto de conformidad como sin ella. Ha cotejado los kilómetros de viaje, la prisión preventiva, incluso el proceder policial. Con el mar a su espalda en Las Palmas de Gran Canaria, Arencibia está sentado en la terraza de un bar, y concluye: “No se está persiguiendo a las mafias, se mete en la cárcel al último mono para tener cifras bonitas, se está persiguiendo a los abocados a una criminalidad forzada. Se han dado casos en los que el patrón mafioso cambia de barca avanzado el trayecto y deja a todos a su suerte”, afirma. O que algunos agarran el timón a cambio de un viaje gratuito firmando así su condena. Asegura el abogado que las pruebas que se recaban para encausar a esos jóvenes son endebles, la simple declaración de dos testigos de la nave atemorizados al desembarcar, “sin iniciar averiguaciones sobre un supuesto enriquecimiento, por ejemplo. La última memoria de la Fiscalía, referente a 2024, sobre las “investigaciones patrimoniales y financieras de las redes” indica, en su página 69, que “no se ha realizado ninguna investigación al respecto”. Sobre comiso de bienes dice: “No se ha producido ningún comiso de bienes”.
Sin huellas
Acudiendo a sentencias de otros países o regiones, Arencibia sostiene que en Canarias no se toman huellas dactilares del timón del barco. “Eso no tiene sentido, el timón lo toca todo el mundo y no significa nada”, confirma la fiscal de Extranjería. Tampoco usan drones, reconoce García García, para ver quién maneja el timón, algo que ocurre en otras partes, según Arencibia. ¿Cómo se determina entonces la culpabilidad del supuesto patrón? “Con fuentes abiertas como Facebook o TikTok, con las declaraciones de quienes lo han visto y que toma la policía”, explica. Tampoco eso convence a los muchos abogados que están trabajando en esta materia en las islas, que achacan las declaraciones de los testigos al momento de desconciertos que viven al llegar y a que les ofrecen regularizar con papeles su situación a cambio de acusar al patrón, dicen varios consultados. La fiscal lo niega. “No, porque no todos hablan, eso no es verdad”, afirma. Y sobre el peligro de los trayectos para ajustar las penas, García García dice que no se puede comparar el Mediterráneo con el proceloso Atlántico.
Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a dos jóvenes subsaharianos por falta de pruebas, al entender que la sola declaración de un testigo no es suficiente para ello. Es la segunda sentencia en las islas en ese sentido, lo que ha llenado de esperanza a los abogados extranjeristas.
Las leyes europeas y nacionales no incluyen ciertas salvaguardas que sí se recogen en el Protocolo de Palermo (ONU) sobre tráfico de personas, ratificado por España, por ejemplo que se tenga en cuenta si hay “beneficio económico o material”, algo que estaba previsto para exculpar a familiares o bien ONG o grupos religiosos cuyos motivos son puramente políticos o sociales. Según datos recogidos por el Proyecto Patrones, redactado por un grupo de abogadas y activistas especializados, el año pasado fueron detenidas en Italia 106 personas migrantes, más de 228 en Grecia y más de 100 en las islas Canarias.
En 2023 se inició el proceso de modificación a la directiva de favorecimiento de la migración en la Unión Europea. “En la actualidad, el Parlamento Europeo discute una modificación a la directiva de facilitación de la migración que elimina el riesgo de daño a los pasajeros como motivo para la condena y excluye el delito para actores humanitarios o familiares, pero está bloqueada por los partidos conservadores”, explica la coordinadora de dicho proyecto, Inés Marco.
El desempeño de la policía para la captura de mafiosos, con irrefutables éxitos, como la reciente desarticulación de una red de tráfico de menores en Lanzarote, no impide que en en numerosas ocasiones paguen justos por pecadores, algo de lo que ya advirtió hace tiempo la ONU en un informe monográfico sobre la ruta canaria. La política, sin embargo, no sopla a favor de los migrantes.
Un cuchillo y un chaleco
La fragilidad de las pruebas para inculpar a los migrantes conduce a muchos a firmar acuerdos de conformidad y pasar un tiempo en la cárcel, pero otros que tienen más suerte o más ayuda siguen adelante con el juicio y algunos lo ganan. Javier Moreno y Ana Castaño llevaron el caso de un jovencísimo senegalés acusado de patrón, luego de favorecimiento de migración ilegal. Estuvo un año y medio en prisión provisional y la ausencia de intérpretes adecuados fue solo una de las fallas que encontraron los abogados cuando se pusieron manos a la obra. El desaseo de la instrucción se manifestó además en que “aproximadamente al 60% de los llegados en la patera les habían adjudicado el mismo día del mismo mes del mismo año como fecha de nacimiento. “No se comprobó que la declaración de los testigos ofreciera indicios suficientes, ni que el cuchillo con el que el muchacho bajó del barco cumplía esas ‘grandes dimensiones’ de las que hablaba la Guardia Civil”, dice Moreno. Tampoco se ponían de acuerdo los testigos en el chaleco que supuestamente vestía el supuesto patrón, ni si lo llevaba él solo o también el otro acusado con él, o ninguno. “Meses después, en el juicio los testigos ya no están seguro de lo que declararon en las penosas circunstancias en que se les interroga por primera vez, apenas llegados a la cosa”, asegura el abogado. Los acuerdos de conformidad fueron desechados por el muchacho y el juicio se resolvió a su favor. Hoy sigue en Canarias, con la misma idea agujereándole la cabeza: trabajar. “La política migratoria”, se queja Moreno, “tiene un marco más policial que de acceso a la justicia, no tanto para desmontar mafias como para disuadir la migración”, sugiere.
De la dimensión social y el apoyo a estos acusados se ocupa en muchas ocasiones toda una red de solidaridad civil que en las cárceles es más necesaria para esta población migrante, desprovista de todo, incluso de la familia. Una de estas personas, que no quiere dar su nombre para no entorpecer su tarea en este campo y a quien llamaremos Lola, cuenta que “la primera necesidad de estos muchachos es social, que no se olviden de ellos. Cuando llegan a prisión no saben por qué están allí, no les traducen, no tienen papeles, pero tampoco ropa, a veces pasan un año hasta que se comunican con la familia”, afirma. Lola denuncia la falta de preparación de buena parte del personal que trata con ellos en las cárceles y son otros compatriotas presos quienes les informan tentativamente de por qué están encerrados. “No tienen dinero a veces ni para comprar papel higiénico si se les acaba. Si lo tienen, muchos no pueden enviar a casa el peculio carcelario porque los padres en las zonas rurales de esos países no tienen una cuenta bancaria para hacerlo”, explica la activista. “Idealizan más que nadie la libertad que ya buscaban en Europa y al salir de la cárcel se encuentran con una bolsa de plástico con cuatro pertenencias en un lugar cualquiera y con los puentes para regularizar su situación rotos por su estancia en prisión. Muchos acaban en las calles y con sus problemas mentales agravados. Lo que está ocurriendo, dice, ”tiene una voluntad propagandística, para disuadir la migración”, asegura Lola. “Y algunos no pierden la sonrisa, son héroes, jóvenes héroes porque la inmensa mayoría no pasa de los 30 años”.
Activistas y solidarios han tejido fabulosas redes en Canarias que se ocupan de los menores y adultos, de mejorar la estancia en los centros de acogida, de orientar, de prestar ropa, de pelearse con la burocracia para que avancen los papeles. Uno de los nudos de esa red es el capellán de prisiones José Antonio Benítez. El claretiano tiene acceso a las prisiones y no esconde su cabreo por las políticas migratorias y las acusaciones de ser patrón de barco que recaen sobre muchos de sus protegidos: “Si algunos no han visto el mar en su vida, pero basta con que dos le señalen y ellos mismo se declaran culpables con la promesa de una pena menor. Hay chavales de 19 y 20 años que se pasan tres en prisión y luego no pueden regularizar su vida”, asegura. El capellán católico dice que los utilizan en el puerto de partida y los criminalizan en el de llegada. “Son las mafias quienes los organizan, no ellos, y cuantas más complicaciones les ponen, más riesgo tendrán sus viajes, no es de extrañar que algunas de estas pateras acaben a la deriva en América llena de cadáveres”, se lamenta en su oficina de Gran Canaria. Calcula que un 25% de la población carcelaria es extranjera, y en su cuaderno de bitácora lleva más de 52 casos a los que se ha propuesto prestar ayuda. Es una lista que no tiene visos de remitir, porque por cada cayuco que llega hay un par de detenidos, generalmente. “Están fabricando delincuentes”, dice el religioso, pero asegura que no son más que jóvenes utilizados para que los verdaderos patrones que se lucran se libren de la policía. “La mafia, como el agua, siempre encuentra su camino”.
