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La investigación por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes (26) está cerca de cumplir tres años. La fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, pidieron que Francisco Sáenz Valiente (55) vaya a juicio por la muerte de la modelo brasileña, que el 30 de marzo de 2023 cayó desde el departamento del empresario, en un sexto piso de Retiro.

Los fiscales pidieron que Sáenz Valiente sea juzgado por suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo; y abandono de persona agravado por el resultado muerte. La familia de Emmily, que vive en Brasil, cuestionó la decisión fiscal y presentó un recurso de queja porque, para ellos, todavía quedan pruebas que incorporar a la investigación y esperan que Sáenz Valiente sea acusado por femicidio.

Además, los fiscales dejaron afuera de la causa a Juliana Magalhaes Mourao (40), la médica que invitó a Emmily a la fiesta en la casa del empresario y que estaba junto a ellos en el momento de la muerte.

«No hay ninguna resolución judicial que disponga el cierre de la instrucción ni la elevación a juicio. Esa no es una facultad de la Fiscalía, sino una decisión que corresponde exclusivamente al juez, y hoy ese escenario no está dado. La información publicada por la fiscalía es incompatible con la realidad procesal de esta causa», cuestionó Arístides Gómez respecto al comunicado difundido en el sitio Fiscales.gob.ar.

«Por eso, como padre, ni siquiera pienso en un juicio en este momento. Lo que existe es una preocupación frente a la intención de la fiscalía de dar por concluida una investigación que aún tiene pericias esenciales pendientes y órdenes judiciales incumplidas, y por el grave precedente que ello podría generar contra otras víctimas de violencia de género en el país», cuestionó el hombre.

Los delitos por los que acusan actualmente acusan a Sáenz Valiente varían en una pena que va de los 5 a los 15 años de prisión pero que, considerados en concurso real podrían acumular una pena mucho mayor.

De acuerdo a lo informado por Fiscales.gob.ar, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había procesado al imputado por homicidio imprudente, pero los fiscales modificaron la calificación jurídica por considerar que «más congruente con los hechos es la de abandono de persona».

El papá de Emmily había sido representado por Raquel Hermida Leyenda, una reconocida abogada penalista que falleció a mediados de 2025, y la querella quedó en manos de Augusto Cassiau que, en diálogo con Clarín, aseguró: «Apelamos en todas las instancias, en queja, en la Cámara, en el Juzgado, para que lo eleven a juicio como homicidio calificado, algo que fue rechazado».

Al estar presentado el recurso en queja ante la Corte, no están cerradas todas las instancias de apelación. Ahora falta defirinir la decisión del juez y si sortean un tribunal y una fecha para que el juicio finalmente pueda concretarse. Si la elevaran, a pesar de los cuestionamientos de la querella, el juicio podría realizarse durante 2026.

«La etapa de instrucción aún no ha concluido conforme a las exigencias del Código Procesal Penal y a decisiones judiciales vigentes. Existen órdenes judiciales expresas del Juzgado y de los jueces de la Cámara de Apelaciones que disponen la reconstrucción del hecho y la complementación de las pericias de audio de las llamadas al 911. Dichas pericias fueron incompletas: la pericia oficial analizó solo aproximadamente el 30 % del material de audio existente. Estas diligencias continúan pendientes», ejemplificó el papá de Emmily que también es abogado en Brasil y que ofreció pericias en el país vecino donde cuentan con tecnología que permitiría abrir los teléfonos secuestrados.

Y cerró: «Resulta especialmente grave que se ignoren pruebas periciales e indicios técnicos de femicidio y tortura presentados por esta querella, orientando el caso hacia una acusación por delitos de menor gravedad».

En la información difundida por los canales oficiales de la fiscalía, aclararon: “Resulta oportuno recordar que la etapa de instrucción resulta netamente preparatoria y que la calificación legal en la que se subsumen las conductas investigadas puede experimentar ciertas modificaciones hasta el momento de la acusación. Así, de ninguna forma la variación de la calificación jurídico legal puede traer aparejada la sospecha de vulnerar el principio de congruencia procesal”.

Así, no descartan que -con las pruebas presentadas- pueda modificarse la imputación en el transcurso del juicio y alcanzar una más grave, como el femicidio, planteado por el padre de la víctima.

Magalhaes Mourao, la médica y amiga que estaba junto a Emmily el día que la mujer cayó al vacío desde una ventana, había sido indagada hace un año. La Justicia le imputó los delitos de facilitación de la prostitución y abandono de persona seguido de muerte.

El 30 de marzo de 2023 Emmily Rodrigues murió al caer del sexto piso tras una fiesta realizada en la casa del empresario donde, de acuerdo a lo que confirmaron las pericias, hubo cocaína, marihuana, alcohol y tusi.

Cuando Magalhaes Mourao fue indagada, declaró. La mujer, que también es de nacionalidad brasileña, apuntó contra la acusación fiscal a la que calificó como «muy machista».

Aseguró que la madrugada del 30 de marzo de 2023 hubo «un encuentro de amigas» y que en «ningún momento habló con Francis de que le iba a llevar a las chicas a trabajar a su casa» y que «nunca existió en su vida ese tipo de situación, que jamás entregó a nadie». Además dijo que no comprendía cómo «si ella iba a entregar a alguien, esa persona manejara hasta el domicilio de la persona a quien la entregaría».

Finalmente, a pesar de la indagatoria, la Justicia decidió no imputarla y no fue incluida en la elevación a juicio. Su participación no fue cuestionada por la fiscalía y, si la convocan, llegaría al juicio solo como testigo.

Todo empezó el 30 de marzo de 2023, cuando Emmily fue a cenar junto a un grupo de amigas a un restaurante de Costanera Norte y, luego, a un bar de Palermo.

Entre las 2 y las 9.18 estuvo en el departamento de la calle Libertad al 1500 donde -de acuerdo a lo que indica la parte acusadora- Sáenz Valiente les «facilitó» cocaína y tusi.

Ese consumo habría continuado entre las 7 y las 9 pese «al grado de ausencia de autodeterminación que Emmily Rodrigues poseía en esas horas» sin haber recibido «la asistencia médica que la damnificada requería».

En el cuerpo de Emmily, de acuerdo al examen toxicológico, había alcohol, marihuana, cocaína y tusi. A las 9.18 la joven brasileña cayó semidesnuda por una ventana que da al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo quedaban Sáenz Valiente y Magalhaes Murao.

El empresario realizó dos llamadas al 911 y en la segunda, con el teléfono abierto, se escuchó el momento inmediatamente posterior a la caída.

Para la defensa, Emmily se tiró por su propia voluntad en medio de un «brote psicótico». Para la fiscalía, la víctima sufrió cerca de las 7 de la mañana “una alteración psíquica evidente” producto del consumo de estupefacientes que el imputado había suministrado en esa reunión. Y, a pesar de que el cuadro que atravesaba era «evidente y resultaba riesgoso para sí y para terceros, Sáenz Valiente –quien facilitó las sustancias estupefacientes y su domicilio para consumirlos– decidió continuar con la reunión sin facilitarle la asistencia médica necesaria para compensarse y que ella, en ese estado, no podía procurarse por sí misma”, explicaron.

Para la querella, a Emmily la retuvieron contra su voluntad, la torturaron y la tiraron al vacío: fue víctima de un femicidio para encubrir un abuso sexual.

La autopsia determinó que la joven murió producto de los «politraumatismos» y «hemorragias internas y externas» compatibles con la caída del sexto piso y descartaron lesiones defensivas previas a la caída o signos de un ataque sexual, algo que la pericia de parte presentada por la familia de la víctima contradice.

Sáenz Valiente pasó 20 días preso en la alcaidía 4 Bis Anexo de la Policía de la Ciudad, en Barracas, hasta que el 18 de abril el juez en lo Criminal y Correccional 31, Martín Del Viso, lo liberó por falta de mérito, decisión judicial que fue apelada por la querella y la fiscalía.