Hace un mes, dos niños de 6 y 9 años y su madre se presentaron a un tribunal de California para lo que pensaban sería una audiencia rutinaria en su caso de asilo. Pero, al igual que les ha pasado a muchos inmigrantes en las últimas semanas, el juez a cargo de su caso lo desestimó después de que el Gobierno se lo pidiera. Cuando la familia hondureña salió de la sala del tribunal, varios agentes de inmigración los arrestaron de forma inmediata. Ahora, la familia ha presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump por aquella detención el 29 de mayo. El pleito, según sus abogados, es el primero “que impugna los arrestos de menores en virtud de una nueva directiva que fomenta los arrestos en los juzgados”.
La moción presentada, a la cual tuvo acceso EL PAÍS, identifica a los peticionarios como N.M.Z., un niño de 6 años diagnosticado con leucemia; su hermana D.M.Z., de 9 años; y la madre de ambos, la señora Z. Los tres huyeron de Honduras tras recibir amenazas de muerte e ingresaron a Estados Unidos en octubre de 2024 con una cita de CBP One, una aplicación creada por el Gobierno de Joe Biden para gestionar citas de ingreso legal al país, que fue eliminada en enero por Donald Trump como una de sus primeras medidas presidenciales. La Casa Blanca luego también revocó los permisos de residencia y trabajo concedidos a través de la aplicación y ordenó a todos sus beneficiarios abandonar el país.
Tras ingresar en territorio estadounidense, la madre y sus dos hijos se asentaron en Los Ángeles, donde se integraron a la comunidad y comenzaron a estudiar inglés, a la espera de su cita ante la corte en mayo. “N.M.Z. y D.M.Z. se matricularon en una escuela pública local, jugaron con sus amigos y disfrutaron pintando. N.M.Z. jugó fútbol en un parque local y la familia asistía a la iglesia todos los domingos”, explica el documento.
Durante la vista de la familia, la madre intentó decir al juez que deseaban continuar con sus casos de asilo. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó que se desestimaran sus casos y el juez accedió inmediatamente a la petición. Al concluir la audiencia, los tres fueron arrestados por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vestidos de civil y luego fueron trasladados a un centro de detención en Texas, donde aún permanecen.
La demanda, compuesta por una petición de habeas corpus y una moción de medida cautelar, alega que la detención fue arbitraria, ilegal y parte de una nueva política que pretende transformar los casos de expulsión ordinaria en deportaciones aceleradas, las cuales se ejecutan sin audiencia y con pocas posibilidades de defensa legal. “La detención de esta familia no solo es ilegal, es moralmente inaceptable”, aseguran los abogados en el texto.
N.M.Z. fue diagnosticado con leucemia a los 3 años, y se perdió una cita médica el 5 de junio por estar detenido. Actualmente, el niño presenta hematomas, dolores en los huesos, palidez y pérdida de apetito, síntomas que podrían indicar una recaída. Sobre este asunto, la moción señala que el centro de detención de la ciudad de Dilley, donde se encuentran, tiene un deficiente historial de atención médica para los menores.
Por otra parte, la demanda plantea nueve reclamaciones constitucionales y legales, entre las que se incluyen la violación del debido proceso, por detener a la familia sin riesgo de fuga ni audiencia previa; y la violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, por haber sido arrestados sin causa probable.
“Esta política de arresto en los tribunales es completamente nueva y contradice las prácticas y leyes establecidas. Es extraordinaria y, por lo tanto, plantea nuevos problemas”, declaró a este diario Daniel Hatoum, abogado supervisor del Texas Civil Right Project (TCRP), la organización legal que lleva el caso. “Esta familia es particularmente vulnerable, dada la edad de los niños y el hecho de que uno de ellos ha recibido tratamiento para la leucemia. Ellos necesitan ayuda inmediata”, añadió. Según Hatoum, la demanda todavía se encuentra en trámite, a pesar de que los abogados habían solicitado una medida acelerada. “El juez ha ordenado al Gobierno que responda a la demanda, y deben hacerlo antes de la próxima semana”, aseguró.
Asimismo, expresó que el TCRP tiene fe en que este caso impulse reformas en el sistema de inmigración. “Esperamos que siente un precedente contra estos arrestos judiciales, especialmente de menores que recibieron permiso y libertad condicional para ingresar al país y que cumplen con todos los estándares establecidos por el Gobierno federal”, afirmó al respecto.
“Necesitamos límites reales a la detención de inmigrantes civiles. La detención de inmigrantes es costosa y perjudicial. Es costosa porque todos tenemos que pagar la factura, que, según algunas estimaciones, es casi diez veces más cara que dejar que las familias sean libres mientras tramitan sus casos de inmigración”, añadió. “Deberíamos estar indignados por el despilfarro de nuestros impuestos federales en una crueldad innecesaria, que también expulsa de la sociedad a quienes sustentan a sus familias, madres y estudiantes, personas que vienen a este país para contribuir a su bienestar”.
Además, Hatoum destacó que muchos de estos centros de detención son conocidos por sus terribles condiciones de vida. “Personas que estuvieron recluidas en centros de este tipo murieron durante la primera administración de Trump. Esperamos que, al ganar este caso, podamos limitar el número de personas detenidas por inmigración”, concluyó el especialista.
Por otra parte, la abogada Elora Mukherjee, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia, quien también representa a la familia, manifestó que este caso ejemplifica “la crueldad de las políticas migratorias” del actual Gobierno. “Esta familia cumplió con todos los requisitos de la ley migratoria estadounidense y ahora sufre innecesariamente en detención, cuando debería ser liberada”, consideró. “Cientos, si no miles de extranjeros respetuosos de la ley, han sido arrestados en tribunales de inmigración en las últimas semanas, a pesar de que un tribunal federal dictaminó que la nueva política de arrestos en tribunales del ICE es ilegal e inconstitucional. Atacar a niños bajo esta política es simplemente inadmisible”, concluyó.
