La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada contra Julio Iglesias por una ONG en nombre de dos extrabajadoras del cantante, al que acusaban de presuntas agresiones sexuales y trata, entre otros delitos. El ministerio público, que había abierto diligencias preprocesales (una especie de investigación previa para analizar si tiene competencias para asumir el caso y si existen indicios para seguir adelante), ha alegado la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” para dar carpetazo al asunto, según consta en una resolución firmada este viernes. Las mujeres denunciaron que la supuesta actuación ilícita del artista se produjo en 2021 en República Dominicana y Bahamas.
En el escrito de siete páginas, la Fiscalía explica que la Audiencia Nacional, “siguiendo los criterios” fijados por el Tribunal Supremo, ha interpretado “reiteradamente” que “España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”. Y precisa que, “especialmente”, cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también son extranjeros o no se encuentran en el país; o cuando siendo residentes tampoco están en suelo español; o cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron.
En este sentido, el ministerio público subraya que “no existe constancia” de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”. La Fiscalía repasa también otros aspectos que condicionaban la puesta en marcha en España de una investigación contra Iglesias por esta denuncia: como que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”; y que las denunciantes no solo carecen de nacionalidad española, sino que tampoco residen en este país, ni mantienen aquí “su centro de vida, intereses o actividad”, “ni han viajado” con el artista a España.
La organización Women’s Link Worldwide presentó la denuncia a principios de enero en nombre de las dos exempleadas. La ONG subrayó que rechazaba acudir a la justicia de República Dominicana y Bahamas. E indicó que optaba por España porque “tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres”. Para intentar que la Audiencia Nacional asumiera el caso, la asociación se aferraba a la nacionalidad española de Iglesias.
Una exempleada del servicio doméstico denunció que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. Por su parte, una fisioterapeuta contó que sufrió tocamientos. Ambas señalaron que recibían insultos durante su jornada laboral, según la investigación periodística publicada por elDiario.es y Univision.
Según la ONG, los hechos denunciados podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual y agresión sexual; y lesiones. Además de a Iglesias, Women’s Link Worldwide implicaba a dos mujeres en la presunta actividad irregular (una colombiana y una brasileña).
En su resolución, la Fiscalía apunta que otorgó a las dos exempleadas la condición de testigos protegidos, a quienes interrogó de forma telemática este miércoles y este jueves. Sin embargo, tras escuchar su testimonio y conocer su relato de primera mano, el ministerio público concluye que carece de competencia para llevar el caso.
“[El Tribunal Supremo] señala expresamente los límites a la expansión extraterritorial de la jurisdicción, recordando que no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello”, incide la Fiscalía. La acusación pública menciona un “precedente” similar abordado en la Audiencia Nacional para rechazar investigar presuntos delitos de tortura y lesa humanidad cometidos en Colombia. Y ahonda en esa línea: “Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas”.
El ministerio público abunda en que la Audiencia Nacional “ha reiterado en múltiples resoluciones” que la ley contempla que “España solo interviene si el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar y así se acredita”. “La jurisdicción universal española es residual y tasada”, prosigue la Fiscalía. “El Supremo afirma que el principio de personalidad solo opera como excepción al principio de territorialidad, y que debe aplicarse restrictivamente, pues no implica que un ciudadano ‘lleve consigo la ley penal española’ más allá de las fronteras del Estado”, cita la resolución emitida este viernes para dar carpetazo al asunto.
Julio Iglesias ha negado las acusaciones en todo momento. El cantante contrató a uno de los abogados penalistas más influyentes de España, José Antonio Choclán, para contrarrestar la ofensiva jurídica contra él. El letrado, que intentó personarse sin éxito en las diligencias preprocesales abiertas por la Fiscalía, ya alegó que la Audiencia Nacional carecía de competencia para asumir las pesquisas.
Esta decisión del ministerio público no impide que la ONG intente ahora abrir la vía penal con la presentación de una querella directamente ante los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional. El revés de este viernes no cierra ese camino, pero la asociación acudirá entonces a los tribunales a sabiendas de que la Fiscalía no la respalda.
