La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, a cargo de Silvana Russi, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana. La funcionaria sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los delitos imputados y los antecedentes penales del acusado.
El dictamen fue elevado al juez Diego Javier Slupski, quien deberá resolver en los próximos días si mantiene el encarcelamiento preventivo. En su presentación, la fiscal describió un cuadro de violencia sostenida y control psicológico hacia la víctima, enmarcado en un contexto de violencia de género estructural.
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Según el requerimiento, los hechos se investigan bajo las figuras de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada, delitos que podrían implicar penas de cumplimiento efectivo. Russi remarcó que el imputado cuenta con antecedentes condenatorios por hechos de similares características, lo que agrava su situación procesal.
El expediente incluye testimonios de allegados que confirmaron episodios de agresión, aislamiento y control, así como un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, cuyos profesionales advirtieron una “percepción subjetiva de riesgo deficitaria” por parte de la víctima y calificaron el caso como un “entrampamiento vincular de larga data” con riesgo alto.
La fiscal subrayó que la reiteración del vínculo no exime de responsabilidad, sino que demuestra el círculo de dependencia y manipulación característico de estas dinámicas. “El intento de justificar las conductas padecidas no hace más que revelar la vulnerabilidad de la víctima y la influencia del imputado sobre ella”, señaló.
Desde el punto de vista jurídico, Russi fundamentó su posición en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Brasilia, que obligan al Estado a garantizar la protección integral de las mujeres en situación de violencia. Consideró además que “las medidas alternativas de menor gravedad resultan insuficientes” y que la prisión preventiva es necesaria para evitar nuevos episodios de violencia o interferencias en la causa.
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El juzgado deberá definir en los próximos días si hace lugar o no al pedido de la defensa, mientras la causa continúa bajo la calificación de violencia de género y privación ilegítima de la libertad agravada.
El caso de Lourdes Fernández se desarrolla en un contexto de desmantelamiento de las políticas públicas de género y de reducción de programas estatales de acompañamiento a víctimas. Tras la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, muchas de las herramientas creadas para la prevención y asistencia en casos de violencia quedaron bajo revisión o con funcionamiento limitado.
En ese marco, la resolución judicial que se tome en los próximos días será observada de cerca por los organismos especializados y por el movimiento de mujeres, que advierten sobre una creciente desprotección institucional frente a situaciones de violencia de género y la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas de resguardo y acceso a la justicia.
GD/DCQ
