La CGT salió a buscar respaldo político donde todavía queda poder territorial: los gobernadores dialoguistas, críticos del gobierno libertario pero abiertos a la negociación. El objetivo era claro: construir una red de contención institucional contra la reforma de modernización laboral que impulsa Javier Milei. El resultado fue el inverso. Cumbres que no existieron, agendas que se negaron y una señal política contundente: la central obrera ya no ordena el sistema de poder.
Las reuniones que el triunvirato cegetista daba por cerradas con Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) nunca se concretaron. Desde la CGT denunciaron suspensiones “por cuestiones de agenda”, mientras que desde el Panal negaron directamente que el encuentro haya estado programado. “Nunca estuvo en la agenda”, aseguraron fuentes del Ejecutivo cordobés.
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El mismo escenario se repitió con otros gobernadores —Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)— donde tampoco se lograron acuerdos ni reuniones formales. En paralelo, la CGT anunció una “cumbre recargada” para su Consejo Directivo, en un intento de recomposición interna ante la falta de anclaje político externo.
La estrategia sindical quedó rápidamente expuesta sin gobernadores alineados, sin estructura parlamentaria propia y sin control territorial. la CGT conserva capacidad de movilización, pero perdió centralidad en la toma de decisiones reales.
Mientras las CTA avanzan con convocatorias a paro y movilización, la CGT intenta una lógica más clásica —negociación política con gobernadores—, pero sin resultados concretos. El endurecimiento del discurso de dirigentes como Pablo Moyano funciona más como catarsis política que como herramienta de poder efectivo.
Córdoba y Santa Fe: los votos que importan
“La Reforma Laboral es de Milei y vienen a protestar acá”, expresó un funcionario muy allegado al gobernador. El dato central no es la foto que no fue, sino lo que viene: en pocas semanas, los diputados de Córdoba y Santa Fe serán decisivos en la votación de la ley de modernización laboral una vez que salga del Senado. Ambas provincias concentran volumen político, representación parlamentaria y peso económico suficiente como para inclinar la balanza en el Congreso.
Martín Llaryora transita su propio laberinto político: no confrontar con Milei por su alto nivel de apoyo en Córdoba, contener la conflictividad sindical local, administrar tensiones internas del peronismo provincial. Todo en un marco de no quedar alineado automáticamente con la Casa Rosada. En ese equilibrio inestable, la CGT no aparece como un actor prioritario.
A esa presión se suma el frente empresario. El gobernador recibió una carta de Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea, en la que el sector privado cordobés fija posición sobre la nueva legislación laboral que comenzará a discutirse en el Senado. El mensaje es claro: no solo el sindicalismo intenta incidir; el empresariado también juega su propio partido. “Es irrelevante la opinión personal del gobernador en este tema”, consideraron desde las oficinas próximas a Llaryora para sacarles kilos de encima a la decisión.
La incógnita Schiaretti y el factor Córdoba
A este escenario se suma una variable clave. La posición del exgobernador Juan Schiaretti, en su regreso al bloque de Provincias Unidas, que por ahora permanece como una incógnita política de peso. Su reaparición parlamentaria no es un dato menor: no solo por su trayectoria, sino por su capacidad de ordenar —o desordenar— al cordobesismo legislativo en un debate sensible como el laboral.
En paralelo, Llaryora liberó el voto de la senadora Alejandra Vigo, quien será la primera dirigente del espacio en tener que expedirse formalmente sobre el proyecto. Hasta ahora, el gobernador no bajó línea a los diputados nacionales que responden a su armado político.
Son seis los legisladores bajo su órbita directa: Juan Schiaretti (se incorporará en la primera sesión que haya), Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Carolina Basualdo y Alejandra Torres.
“Le dio libertad de acción a Vigo, y después en Diputados volverá a charlar”, señalaron en Provincias Unidas. La senadora participó de las rondas de debate iniciales y luego optó por el silencio público. En los cálculos del oficialismo, su voto no resulta determinante: el proyecto puede avanzar en el Senado aun sin su acompañamiento.
El escenario cambia en la Cámara baja. Allí, los cordobeses —junto con los santafesinos— pueden convertirse en un bloque decisivo para la aprobación de la modernización laboral. En ese tablero, la indefinición de Schiaretti y la falta de lineamiento explícito de Llaryora transforman a Córdoba en un actor bisagra del proceso legislativo.
