En base a duros cuestionamientos al proceso de selección, la Iglesia católica le pidió al Congreso que impugne la conformación de la terna para ocupar la titularidad de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y dos adjuntos, que dispuso recientemente una comisión bicameral y que ahora debe ser sometida a votación en la Cámara de Diputados y el Senado.
En una carta dirigida a los presidentes de la cámara alta, Victoria Villarruel, y baja, Martín Menem, los obispos de la comisión de Vida, Laicos, Familia y Juventud del Episcopado consideran que la selección se realizó “de manera apresurada” y sin “el debido debate plural representativo y fundamentado”, por lo que demandan “la revisión seria, neutral e imparcial de la reciente elección”.
Por mayoría, la bicameral permanente de defensa de los derechos de los menores que preside la diputada Natalia Sarapura nominó la semana pasada para titular de la Defensoría a María Paz Bertero, funcionaria del gobierno bonaerense, y para adjuntos a Marías Robledo, del radicalismo de Corrientes, y a Héctor Vito, quien se desempeña en la Defensoría desde 2020.
Los obispos dicen en la carta que “es sabido que la defensa y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia no puede limitarse a un mero procedimiento administrativo ni a una resolución formal, sino que se trata de un ámbito que compromete valores fundamentales de convivencia democrática, justicia social y respeto irrestricto de la dignidad humana”.
“En este sentido, la transparencia, el respeto por los consensos y la búsqueda del bien común deben guiar todo proceso de designación en el que se pretende custodiar los derechos de quienes son más vulnerables”, afirman.
Subrayan que “la ética pública exige que los cargos destinados a la protección de la infancia y la adolescencia no sean ocupados de manera apresurada ni sin el debido debate plural representativo y fundamentado”.
“Cuando se trata de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Estado tiene el deber indelegable de garantizar no solo el cumplimiento formal de la ley, sino también el fortalecimiento de la confianza social en las instituciones llamadas a representarlos”, advierte.
Y agregan: “En este marco, expresamos nuestra preocupación por las irregularidades ocurridas en el proceso de selección para los cargos” por lo que solicitaron la revisión seria, neutral e imparcial de la reciente elección y consecuentemente, la impugnación de las recientes designaciones aprobadas el día 22 del corriente mes”.
“Un proceso transparente y con la fundamentación seria de los cargos resultará confiable y aportara la necesaria credibilidad institucional para tan relevante función como es la tutela efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra nación”, consideran.
Destacan que “siendo que la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo autárquico creado en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, se requiere de autoridades cuya designación se realice desde una sólida base ética, con el reconocimiento social indispensable y que goce de la máxima transparencia, credibilidad, legitimidad y justicia”.
“Asimismo, advertimos que existen postulantes con mayores e importantes antecedentes laborales, especializaciones nacionales e internacionales (art. 50) como asimismo con mayores adhesiones institucionales, como de asociaciones civiles, entre otras, cuestión también señalada por diversos ámbitos, cuyas participaciones como adherentes constituyen un elemento esencial del proceso, para ejercer una función tan trascendental y representativa socialmente”.
Finalmente, recuerdan que “la Ley 26.061 (art.61), establece de manera clara las disposiciones en torno a la selección de los Defensores Adjuntos, aspecto que excede la potestad de la Comisión Bicameral a cargo del concurso”.
«Por lo expuesto -concluyen-, solicitamos a las presidencias de ambas Cámaras se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, la transparencia y el resguardo del interés superior de niñas, niños y adolescentes”.
Firman el presidente de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos, Familia y Juventud (CEVILAF), monseñor Martín Fassi; y los monseñores miembros Samuel Jofré y Andrés Stanovnic.
