«Cuando salgan los vamos a agarrar uno por uno». Esa fue la aterradora amenaza que escucharon los empleados de la mesa de entradas del Juzgado de Garantías 4 de San Martín mientras las 20 personas -en su mayoría mujeres -que minutos antes habían copado el edificio, se retiraban finalmente del lugar sin que la Policía apareciera para desalojarlos, o al menos poner algo de orden.
Ocurrió el mediodía del miércoles 4 de febrero pasado en Pueyrredón 3510, de San Martin, un viejo edificio donde funcionan los juzgados 1, 4 y 5. Los detalles del ataque quedaron prolijamente descriptos en un acta que dio pie a una investigación -a cargo del fiscal Francisco Iovine- y que hoy apunta a Max Ali Alegre (36), alias «Alicho», un referente del narcomenudeo en la zona de Villa Loyola. Hoy está preso y aislado en el sector de Alto Riesgo del Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, pero sus estructuras siguen trabajando para el.
El panorama que pinta el acta es preocupante. A las 12.07 el grupo entró al edificio sin que nadie se lo impidiera ni nadie quedara registrado porque no hay cámaras. Eran unas 20 personas y se sabe que tenían al menos un cuchillo porque pasaron su hoja por la rendija de la ventana de la mesa de entradas de uno de los juzgados, ubicado en la planta baja. Tal era el descontrol que los empleados y los jueces tabicaron las puertas con archiveros y muebles ante el temor de que entraran a las oficinas.
Rompieron vidrios, estrellaron sillas, cortaron la luz del edificio desconectando las térmicas. Subieron y bajaron los dos pisos del lugar gritando y amenazando. Durante media hora hicieron lo que quisieron sin que ningún policía -solo había una sub oficial de guardia- apareciera. El acta es clara: se llamó reiteradamente al 911, a la comisaria 1ra. de San Martín, a la Jefatura Departamental. No apareció nadie hasta que los «manifestantes» se fueron. ¿Casualidad? ¿Zona liberada?
La actitud de la Policía ese 4 de febrero coincide con su empeño en bajarle el tono a lo ocurrido cuando se supo del episodio y los periodistas empezaron a preguntar. «Nada importante», aseguraron.
Pero lo que pasó fue grave y la Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió tomar cartas en el asunto. El martes pasado, su presidenta Hilda Kogan firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de «cooperación interinstitucional destinado a establecer de manera conjunta y coordinada las pautas para la asignación de personal policial para la custodia y seguridad en edificios de la Administración de Justicia del Poder Judicial provincial».
Una buena iniciativa que los jueces y empleados judiciales bonaerenses esperan que no quede sólo en buenas intensiones.
Por lo pronto, la investigación del ataque apuntaría a dos mujeres que fueron identificadas y son las madres de dos jóvenes detenidos por el juez de Garantías 5, Nicolás Schiavo, en el marco de una causa por la usurpación de un edificio por parte de «soldaditos» de «Alicho» Alegre.
Lo que hay detrás del ataque al edificio de Pueyrredón 3510 no es otra cosa que la eterna guerra de narcos de San Martin por el territorio. Esta vez, en tiempos en los que los grandes capos están presos y aislados bajo el régimen de alta peligrosidad.
El sistema de Alto Riesgo redujo notablemente el contacto de los narcos con sus subalternos, pero no pudo suprimirlo. Y, de hecho, esto es imposible ya que -como corresponde- continúan teniendo contacto con familiares y abogados, que pueden llevar mensajes. «Alicho», por ejemplo, tiene cuatro abogados autorizados a verlo en la cárcel. Como esta acusado en muchas causas puede nombrar a uno distinto por cada una de ellas.
El 22 de enero pasado, la Policía recibió un llamado que alertaba sobre un grupo armado que se había metido a la fuerza en unos galpones ubicado en Constituyentes y Pueyrredón, frente a Tecnópolis. Los que llamaron fueron los vecinos que viven en esos galpones tomados. Dijeron que los extraños se estaban haciendo un búnker en el primer piso y que eran gente de «Alicho» Alegre.
La causa quedó en manos del juez Schiavo y ese mismo día los galpones fueron rodeados por cinco móviles y unos 15 policías. En el lugar se detuvo a 8 jóvenes -siete hombres y una mujer- y tres menores. En el lugar se encontraron armas, municiones y un prolijo mapa hecho a mano de la Villa Loyola.
El martes 11 de febrero, Schiavo dictó la prisión preventiva de los detenidos por los delitos de «tenencia de arma de guerra», «acopio de municiones» y «encubrimiento»; este ultimo delito porque se encontraron chalecos y algún tipo de vestimenta policial robada.
Lo que indica la investigación del ataque al juzgado es que los que irrumpieron en ese lugar reclamaban la libertad de estos detenidos y que lo que planeaba el grupo hacer base en los galpones para luego atacar un sector de la Villa Loyola, ubicada a solo seis cuadras.
La principal hipótesis sostiene que los detenidos responden a «Alicho «y que su objetivo era recuperar un sector de la Loyola tomado por gente de la Villa 18 de Septiembre, zona históricamente en poder del Clan Villalba y su líder Miguel Ángel «Mameluco» Villalba. Pero nada es seguro ya que más de una vez, desde fuentes policiales, se plantaron teorías para desviar la atención y proteger a los verdaderos culpables.
Lo que es un hecho es que la mayoría de los detenidos por Schiavo son de Villa Zagala, que está pegada a la Loyola.
Sin dudas el panorama es complejo. En San Martin siempre hubo guerras entre clanes narco, pero también siempre hubo lideres que las condujeron y, en cierto punto, ordenaron. Hoy todos esos lideres están presos y algo más: «Mameluco» tiene cáncer y su sucesor probable seria su hijo Iván, también detenido.
Un dato: A Iván, nadie lo llama Iván. Todos lo conocen por su apodo: «El Salvaje».
