Mientras la situación del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino cada vez se torna más difícil, la Justicia le dio este jueves una carta de contraataque al imputar en una causa por lavado de dinero a los empresarios Foster Gillet y Guillermo Tofoni, vinculados de forma muy cercana al mandamás de Estudiantes de La Plata Juan Sebastián Verón.
La medida judicial está relacionada con una investigación de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff. En marzo pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuán realizó la primera denuncia contra los empresarios, por presunto lavado de activos, a partir de los movimientos en el mercado de pases de verano del fútbol argentino, que incluyeron la compra de Cristian Medina al club Boca Juniors, que estuvo demorada por una transferencia de 15 millones de dólares que no se realizaba.
También quedaron inmersos en diferentes problemáticas Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, entre otros que formaban parte del mismo grupo empresario. De hecho, se los citó a declarar a los futbolistas y sus representantes.
Como Foster Gillet compró el club Rampla Juniors -que luego terminó inmerso en problemas institucionales y deportivos al descender en octubre pasado por primera vez a la Tercera División de Uruguay-, la Justicia sospechaba de una triangulación entre la Argentina, el vecino país y Europa que no permitía conocer «el origen de los fondos» que iban a desembolsar para Estudiantes de La Plata (se habló de unos 150 millones de dólares en diferentes cuotas que nunca se cristalizaron).
Por este motivo, Guerberoff -que llevan la investigación junto al juez Marcelo Aguinsky, que recibió hace pocos días la causa sobre los presuntos testaferros del presidente de la AFA- ordenó una serie de medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal tanto de Foster como de Tofoni y el secreto bancario de los dos clubes involucrados (Boca y Estudiantes).
Tofoni fue sindicado como el apoderado de Gillet en Argentina a principios de este 2025, cuando las promesas de una inversión para hacer realidad el proyecto del desembarco de la Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino todavía no se habían desmoronado.
