La justicia argentina avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a su presidente, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Además, les dictó un embargo por 350 millones de pesos (unos 25.000 dólares) sobre sus bienes. Si bien ambos están alcanzados por acusaciones mucho más amplias de corrupción, que incluyen firmas fantasma y lavado de dinero, la medida responde a una causa abierta por el delito de retención indebida de aportes. La decisión fue tomada por el juez en lo penal y económico Diego Alejandro Amarante, que determinó que el procesamiento es “sin prisión preventiva”, pero les mantuvo la prohibición de salir del país.
La causa fue iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la hacienda argentina. El organismo acusa al presidente de la AFA y a otros dirigentes de la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares). De acuerdo con la denuncia, entre 2024 y 2025 la asociación retuvo los aportes de los clubes y los correspondientes a sus empleados y, en lugar de transferirlos a la agencia estatal dentro del plazo establecido de 30 días, los utilizó irregularmente para financiamiento propio. El procesamiento formal recae sobre Tapia y Toviggino y también sobre Víctor Blanco Rodríguez, nacido en España y exsecretario de la entidad; Cristian Ariel Malaspina, secretario general; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general.
Los clubes de fútbol argentinos habían dado una señal de fuerte apoyo a Tapia semanas atrás. Cuando fue citado a declarar, decidieron mantener una huelga inédita en señal de repudio, dejando al país sin fútbol durante el fin de semana. El día de la declaración, el 11 de marzo pasado, Tapia entregó un escrito en el que solicitó su sobreseimiento y se desvinculó de las decisiones sobre impuesto y pagos de la entidad.
Además de la causa judicial por la que fueron procesados, hay al menos otros cuatro expedientes que implican a la cúpula del fútbol argentino, relacionados con operaciones sospechadas de la agencia Sur Finanzas —supuestamente vinculada con los dirigentes y que habría incurrido en lavado de dinero— y de la empresa TourProdEnter LLC —agente comercial de la AFA fuera del país y señalada por el presunto desvío de fondos a firmas fantasma—.
La cúpula del fútbol argentino sostiene que el procedimiento judicial tiene motivaciones políticas, por la pelea que mantienen Tapia y el presidente, Javier Milei. Lo que comenzó como un gran desacuerdo sobre la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas, algo prohibido a día de hoy, ha escalado hasta convertirse en una guerra abierta.
Chiqui Tapia, que en sus orígenes trabajó como barrendero y recolector de residuos, lidera la AFA desde 2017. Vinculado con el peronismo, en particular con su rama sindical, logró normalizar el funcionamiento de la asociación futbolística tras el caos que sobrevino con la muerte de Julio Grondona, presidente de la AFA durante 35 años (1979-2014). El dirigente vivió un momento de gran reconocimiento cuando la Albiceleste logró coronarse campeona del mundo en 2022 y sumó dos Copas América consecutivas. Sin embargo, los arbitrajes polémicos y los cambios repentinos en el reglamento local comenzaron a afectar a su imagen pública. Los escándalos de corrupción y el procesamiento dictado hoy lo perjudican todavía más.
