El caso conocido esta semana de Paulino Jesús Martín Alonso, que se ha convertido en juez a las puertas de los 65 años, ha puesto sobre la mesa el debate público de la prolongación de las vidas laborales y, sobre todo, de la valía profesional de los trabajadores de más edad. Este debate surge, además, cuando España vive de forma sostenida desde hace aproximadamente una década un auténtico invierno demográfico, con una caída de la natalidad cercana al 25% en estos años. Si a esto se le suma la llegada masiva y creciente a la jubilación de la inmensa mayoría de los 13 millones de españoles que nacieron durante los años en el baby boom, el resultado es que el sistema público de pensiones ha empezado a tensionarse con una intensidad sin precedentes. La salida de estos trabajadores se produce, además, en un momento en el que la economía española necesita de una inyección de mano de obra, ante la caída demográfica tras el baby boom, que adelgazó notablemente la actual fuerza laboral en España, que ahora solo puede compensarse con la llegada de inmigrantes, según vienen advirtiendo los expertos y los propios empresarios.
En este escenario, las tensiones en el sistema de pensiones apenas acaban de empezar y asfixiarán aún más las cuentas públicas de aquí a 2045. Pero el Gobierno en sus últimas reformas, lejos de ajustar el gasto endureciendo el acceso a las pensiones, como se hizo en 2011 —cuando, entre otras cosa,s se retrasó progresivamente la edad de jubilación de 65 a 67 años—, blindó la revalorización de las pensiones y mejoró las más bajas. Para compensar el aumento del gasto que supondrán las mejoras aplicadas en las últimas reformas de pensiones —como el blindaje de la revalorización de las pensiones con el IPC— y la llegada de los babyboomers, el Ejecutivo optó por aumentar los ingresos, elevando las cotizaciones de los trabajadores en activo e incentivando que estos prolonguen sus vidas laborales.
Para ello, el Gobierno ha reformulado la jubilación activa —que permite seguir trabajando y cobrando una proporción creciente de la pensión a la vez— de forma que, entre otras novedades, no haga falta tener una carrera completa de cotización (haber cotizado 38 años y tres meses en 2026). Esto abrirá la puerta, por ejemplo, a muchas mujeres que hasta abril pasado no tenían acceso a esta modalidad por tener vidas laborales más cortas. El Ejecutivo también modificó los incentivos económicos de la jubilación demorada —la que se produce como mínimo dos años después de cumplir la edad de retiro, si se quiere acceder a la bonificación económica de entre 5.000 y 12.000 euros, según la base reguladora, por cada año que retrase el retiro—. Y, finalmente, Gobierno y agentes sociales ultiman actualmente una reforma también de la jubilación flexible, que permite a quienes ya llevan un tiempo jubilados volver a trabajar parcialmente y compatibilizar proporcionalmente la pensión y el nuevo salario.
Quienes optan por seguir trabajando cuando podrían jubilarse son aún una minoría dentro del panorama de las jubilaciones, pero indudablemente, es una tendencia creciente. Por ejemplo, en España, quienes optan por la jubilación demorada han pasado del 4,8% en 2019 a más del 11% de las nuevas altas en la actualidad. Asimismo, los cambios en el acceso a la jubilación activa están propiciando un acelerón en esta modalidad. Actualmente hay unos 76.600 y en apenas ocho meses con las nuevas reglas ya se han dado de alta el 15% del total, lo que anticipa un mayor crecimiento de esta modalidad.
No obstante, detrás de todos estos datos y circunstancias hay multitud de motivaciones bien diversas para seguir trabajando después de cumplir la edad de jubilación. Las razones económicas priman en muchos casos, sobre todo en aquellos puestos donde pasar a la inactividad supone una importante pérdida de rentas, ya que la pensión máxima tiene un tope que no se puede superar, pero no es ni de lejos el principal motivo para seguir en activo. Otras circunstancias como no tener relevo en el negocio, que otras personas dependan de que el trabajador siga en su puesto o, simplemente, la necesidad de mantener el cerebro en forma para intentar envejecer de manera más sana, llevan a muchos trabajadores a seguir.
“Mientras siga teniendo ideas nuevas cada día, no me retiraré”
Carmen Riveiro tiene 77 años y va todos los días a trabajar a un lugar excepcional. “¿Sabes dónde trabajo?“, pregunta orgullosa durante la entrevista que le ha realizado este periódico: “¡En un castillo!”, añade. Se trata del castillo de Vimianzo (A Coruña), en plena costa da morte, que alberga los talleres de un grupo de artesanos gallegos desde los años noventa. Rivero es una entusiasta de todo lo que tiene que ver con el lino, un sector al que llegó pasados los cuarenta años, cuando un accidente le retiró de la que había sido hasta entonces su profesión en la industria de la madera. Rivero es una de las principales artesanas de este tejido en el país: “La primera edición del Quijote está escrita en una pasta que sale del lino”, explica. Y asegura: “Mientras siga estando bien de memoria y, sobre todo, mientras se me sigan ocurriendo ideas nuevas que hacer cada día, no me voy a retirar”.
Ella es jubilada activa y cobra una parte de la pensión, además de lo que gana en su negocio. Y cuenta que cuando cumplió la edad de jubilación, hace más de diez años ya, se preguntó “¿me jubilo?“, pero se dio cuenta de una cosa: “Yo vivo en una pequeña y remota aldea de Galicia y allí no se puede vivir sin coche, y me di cuenta de que solo con la pensión que me correspondía (unos 800 euros de entonces), no podía prácticamente costearme el coche”. A esto se sumó otra poderosa razón para seguir: su entorno la animó mucho a continuar con el negocio. Sobre todo, sus compañeras, de cuyo futuro se siente responsable, si cierra el negocio, ya que sus hijos no quieren continuar con él, “porque es mucho sacrificio”. Dicho esto, Carmen da gracias “a la genética” que le permite seguir en activo, justo antes de despedirse porque se va a su casa, donde su madre, de 103 años, le ha hecho unas lentejas y unas filloas para comer.
Una queja: “Nos deberían permitir acceder a las nuevas reglas de jubilación activa”
Cuando Víctor García Nebreda, de 69 años, cumplió hace ya más de cuatro años la edad en la que se podía jubilar, optó por una jubilación activa. “Me pareció una buena idea porque es la que te permite seguir teniendo una actividad empresarial y cobrar parte de la pensión de forma legal”. Empresario desde mediados de los noventa, cuando la legislación le obligó a hacerse autónomo porque poseía parte de las empresas para las que trabajaba, es también líder patronal, ya que ocupa la secretaría general de la asociación de gasolineras (Aevecar). “Mientras mi salud y mi intelecto me lo permitan, quizás no me jubile nunca, no lo sé. Aunque si le preguntas a mi mujer, te dirá que me tengo que jubilar”, bromea García Nebreda.
Actualmente, ha abrazado una causa reivindicativa: reclama que la ley permita a quienes tenían una jubilación activa antes del 1 de abril pasado (cuando entraron en vigor las nuevas reglas legales) acceder a las nuevas condiciones, que permiten ir aumentando el porcentaje de pensión que reciben estos jubilados según pasan los años que siguen en activo, hasta cobrar el 100%, además de las rentas del trabajo, tras cinco años de demora de la jubilación. Sin embargo, García Nebreda solo puede cobrar el 50%. “Yo no quiero que los que ya éramos jubilados activos antes de la nueva ley nos veamos más beneficiados. Si nos tienen que hacer un cálculo actuarial para ver cuándo podemos acceder a las nuevas reglas, que la Seguridad Social lo haga, pero no puede haber dos ciudadanos con las mismas condiciones y distinta cuantía de jubilación”, se queja.
Enseñar a otros tu profesión: “En 10 años he formado a más de 400 controladores aéreos”
“Me jubilaron cuando cumplí 65 años”, relata Fernando (nombre ficticio), que no dice me jubilé porque él no se quería retirar, sino que fue una decisión empresarial. Este controlador aéreo había estado más de 40 años en la primera línea de la navegación aérea. Y, como es relativamente habitual, le surgió la posibilidad de dar el paso a la docencia para enseñar esta profesión y no lo dudó. Ahora, con 75 años, se muestra muy satisfecho por haber formado a más de 400 alumnos durante los últimos diez años. “Económicamente y para mi cabeza me viene muy bien seguir en activo”, explica, al tiempo, que insiste en que acudir a las clases es la principal razón de su bienestar físico y mental. “He visto como otros muchos compañeros que se han quedado en casa, han envejecido más que yo”, sentencia.
En el sector de la intermediación y la formación laboral empiezan también a surgir ideas de cómo fomentar la prolongación de las vidas laborales. Desde hace más de siete años la Fundación Máshumano, en colaboración con la Fundación Endesa, lleva a cabo el proyecto Savia, que impulsa la empleabilidad de los mayores de 50 años. Pero desde hace poco más de un año, el subdirector de Máshumano, Tomás Pereda, explica que trabajan en la elaboración de un modelo para buscar si pudiera existir un itinerario laboral en las empresas para empleados de 65 a 80 años. “Se trata de acompañar a las organizaciones a adaptar las carreras de los séniors. Muchas veces, cuando un mayor es despedido, está dispuesto a trabajar por menos dinero, pues eso puede pasar igual si se mantiene dentro de su misma empresa, con otros cometidos, menos horas y tareas que generen menos cortisol”, señala Pereda.
“No es lo mismo trabajar en una mina que en una oficina con moqueta”
Eduardo Ferrer tiene 65 años y la opción de jubilarse no está, ni mucho menos, en su horizonte. Es consejero delegado de Slimop Space, una start-up (empresa emergente) creada ahora hace tres años, junto a sus dos socios (de 67 y 61 años), que se dedica el desarrollo de telescopios orbitales pioneros para satélites pequeños y nanosatélites. Ferrer acaba de recibir esta semana, de manos del Rey Felipe VI, el Premio Nacional de Industria, en la categoría de mejor emprendimiento industrial. Y atesora otros galardones, como el +50 Emprende, otorgado por el proyecto Savia al mejor emprendimiento sénior.
Para este directivo, que reside cerca de Barcelona y es un apasionado por el espacio, cumplir años no debería equivaler a relajarse intelectualmente en el trabajo de cada uno, sino todo lo contrario. “Aunque es lícito querer pasear a los nietos o sacar al perro, creo que en el momento que el cerebro, que es un músculo, no se ejercita, se atrofia y te conviertes rápidamente en viejo”.
En su opinión seguir en activo es “una cuestión de actitud” aunque justamente reconoce que a la hora de decidir si uno se jubila o no, “es cierto que no es lo mismo trabajar una mina, que en una oficina con moqueta, o con la tensión de un quirófano”. Añade que se jubilará el día que sus asesores le digan que le conviene hacer ese trámite administrativo, pero no se retirará. Eso solo ocurrirá “el día en el que el proyecto donde esté no me lo pase bien o me aburra, eso no es bueno para uno mismo ni para la empresa y es el momento en el que hay que irse”, concluye.
Una investigadora del CSIC: “Los empleos de mi equipo dependen de que yo siga en activo”
Luisa María Botella es investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a punto de cumplir 66 años. Tal y como se permite a la mayoría de los empleados públicos, ha solicitado seguir en activo hasta los 70 años y se lo han concedido. No duda a la hora de explicar que tiene dos claras motivaciones para seguir en activo. La primera es su “enorme vocación” por la biomedicina. Su campo de investigación es el de las enfermedades raras y debido a ello, asegura: “Tenemos mucha interacción con los médicos y pacientes. Y eso genera una satisfacción muy grande porque ves cómo ayudas a ambos”. La segunda de las razones es también de carácter humano: “los empleos de las personas de mi equipo dependen del dinero que recibo porque mi proyecto siga activo”.
En una búsqueda de fórmulas para continuar esta labor investigadora Botella ha puesto en marcha helprarebiotech.com, una spin-off del CSIC dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras. Asegura que les está costando mucho lograr la financiación para sacar adelante este proyecto empresarial, “y eso que no lo queremos para enriquecernos sino para mantener la investigación”, resalta Botella.
“Mi motivación es económica: pienso quedarme (en la Administración) dos años y medio más”
Maite debía jubilarse en pocos días, según la ley que fija la edad de retiro en 66 años y diez meses en 2026, sin embargo, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), en Madrid, donde trabaja como personal laboral, no le están preparando ninguna fiesta de despedida porque no piensa dejar de trabajar. “Mi motivación principal es económica”. Mi plan es seguir en mi puesto dos años y medio más, con lo que cobraré el incentivo a la jubilación demorada y un trienio. Si bien, detrás de esta razón, esta empleada pública admite que para hacer lo que ella persigue “hay que estar bien de salud”. También encuentra motivación en sus circunstancias de vida: “vivo sola” y su relaciones diarias se producen en el trabajo.
En la actualidad, la mayoría de los empleados públicos pueden retrasar su jubilación hasta los 70 años, si la administración se lo permite. Los jueces, fiscales, notarios y registradores pueden trabajar hasta los 72 años y, desde diciembre pasado, los funcionarios de las Cortes Generales (Congreso y Senado) pueden prolongar su vida laboral hasta los 75 años. Actualmente, en el Congreso de los Diputados se está tramitando la Ley de Función Pública, que incluye tres enmiendas (del PSOE, PP y Junts) reclamando la posibilidad de que los empleados públicos trabajen hasta los 72 años.
