Un nuevo movimiento jurídico en una corte de Nueva York da cuenta de una posible colaboración entre los abogados del Gobierno de Delcy Rodríguez y los de la oposición que controlaba la Asamblea Nacional en 2015. La clave está en que esos opositores, representados por Juan Guaidó, tomaron en 2019 el control de algunos de los activos de Venezuela en Estados Unidos, cuando Donald Trump era presidente y no reconocía a Nicolás Maduro como presidente.

Los representantes de ambos bandos pidieron a la jueza Sarah Netburn la suspensión por 45 días de un caso en el que los acreedores buscan embargar fondos vinculados a la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, mientras se determina quién representará los intereses de Venezuela. La magistrada les ha concedido hasta el 21 de mayo para facilitar la coordinación de las defensas legales.

Los resultados de este movimiento están por verse, pero analistas advierten que es una jugada a la que se le debe prestar atención. De avanzar, pondría en evidencia una colaboración jurídica de sectores hasta ahora irreconciliables que mejoraría la posición venezolana en el litigio.

Washington considera a Delcy Rodríguez la “única jefe de Estado” de Venezuela, con capacidad para actuar en nombre del país, en una carta enviada al Departamento de Justicia. De acuerdo con la agencia Reuters, luego de este reconocimiento, Rodríguez se está preparando para hacerse cargo de los consejos de administración de las filiales de PDVSA en Estados Unidos.

El activo más importante de Venezuela en Estados Unidos es la refinería Citgo, una empresa estadounidense de producción y refinación de combustible. Pero ha estado bajo amenaza por una veintena de acreedores internacionales, entre grandes y medianas empresas, que reclaman a Venezuela 21.300 millones de dólares por concepto de expropiaciones e impagos en los tiempos del chavismo.

Para cobrarse, los acreedores pidieron subastar la refinería y un juez de Delawere aprobó en noviembre pasado su venta. Esta transacción no se ha concretado porque requiere autorizaciones de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro, que desde 2019 impidió al chavismo designar a los responsables de Citgo. La oficina autorizó, en cambio, los nombramientos que hizo Guaidó, cuando oficiaba como autoproclamado presidente en funciones. Los bonistas de la deuda venezolana también han querido echar mano de este y otros activos.

La nueva realidad luego del 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Maduro durante una intervención militar, supone un nuevo escenario para la decena de pleitos legales y deudas que le dejaron al país los años de mayores controles del chavismo. Trump ha dibujado una transición apalancada en el petróleo y es precisamente en ese sector donde se están produciendo la mayor cantidad de cambios, tras el restablecimiento pleno de las relaciones entre Washington y Caracas. Trump ha dado reconocimiento a Rodríguez e incluso la ha sacado de la lista de funcionarios chavistas sancionados.

Por ahora, las transformaciones más evidentes son las licencias petroleras y mineras, así como las nuevas leyes de hidrocarburos —ya aprobada— y de minería —en discusión— que han hecho germinar nuevas expectativas a inversionistas extranjeros.

Un grupo de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos advirtieron hace unos días que las licencias petroleras y mineras pueden “convertirse en un mecanismo global de blanqueo de oro ilegal, al permitir la comercialización de minerales provenientes de zonas controladas por redes criminales”. El oro, en particular, se extrae en Venezuela en medio de graves violaciones de derechos humanos, contrabando y corrupción, de acuerdo con informes de organismos como Naciones Unidas y Transparencia.