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Como en un viejo Western, una caseta vacía custodia la entrada al río Nizao, en el tramo que atraviesa El Roblegal, en la sección Las Barias, del municipio Baní, en el sur de la República Dominicana. En ocasiones, dicen los vecinos, un vigilante armado controla el paso y solo permite el ingreso de camiones y maquinaria pesada. Alrededor de 25 volquetas entran y salen cargadas de agregados —arena y grava que se usan para la construcción—, levantando una nube de polvo entre piedras y charcos estancados, evidencia de un ecocidio que, poco a poco, ha hecho desaparecer el río bajo tierra.
“Décadas de explotación indiscriminada han provocado una sobreexcavación severa del cauce, hundiendo su lecho y colapsando sus márgenes”, explica el biólogo Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Tres jóvenes en motocicleta patrullan la zona, vigilando posibles intrusos. Al fondo, una retroexcavadora ruge mientras una pala carga un camión. Al intentar grabar la escena, un hombre arrebata violentamente el móvil, mientras se acerca Milcíades Martínez, síndico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la comunidad de Pizarrete, que colinda con el pueblo El Roblegal. Martínez, exige documentos de identidad y, aunque ordena devolver el móvil, hostiga al equipo de periodistas hasta su vehículo, alegando el derecho de propiedad privada. No hay letreros que lo indiquen, y la escena ocurre a escasos metros del cauce del afluente y de dos máquinas en operación.
Aunque el titular de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), Francisco Contreras, aseguró a América Futura que el río Nizao está vigilado permanentemente por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), institución que pertenece al Ejército Nacional, durante la visita no se observó ninguna autoridad en la zona. “Tengo entendido que ese señor opera en una finca cercana. El problema es que a veces obtienen permisos y luego se exceden, incluso de noche”, admitió Contreras.
La ley dominicana establece una franja de protección de 30 metros alrededor de ríos y arroyos. Sin embargo, tanto el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), Paíno Henríquez, como el procurador Contreras coinciden en que en casos como el del afluente Nizao, fragilizado por el constante saqueo de tierras, debería ampliarse a 300 metros. Además, la legislación prohíbe la extracción de agregados, pero permite concesiones bajo ciertas condiciones, lo que genera contradicciones. Desde 1986, varios gobiernos han intentado frenar la actividad con decretos y acuerdos que nunca se han cumplido. Hoy, en teoría, está totalmente vetada. Las medidas de prohibición se repiten, pero el problema persiste.
El negocio de la minería ilegal opera con rifles
El propio presidente Luis Abinader ha comparado el negocio ilegal de las granceras (minas a cielo abierto de materiales) con el narcotráfico. Como medida disuasoria, ha autorizado más permisos para canteras secas y el uso de sedimentos extraídos de presas como alternativa para el sector de la construcción.
El río Nizao es un ejemplo emblemático de la extracción indiscriminada de materiales para la construcción, una práctica que también afecta a otros afluentes como el Yuna, en el norte, el Tireo, en la Cordillera Central, y el Yaque del Norte y el Guayubín, ambos en Montecristi, ciudad costera y fronteriza con Haití, entre muchos otros afluentes, comprometiendo la seguridad hídrica de numerosas comunidades del país caribeño.
Según el ministro de Medio Ambiente, la evasión de impuestos y los bajos costos regulatorios permiten vender agregados ilegales por debajo del mercado, “generando ganancias considerables”. Un camión de 20 metros cúbidos puede costar entre 20.000 y 22.000 pesos dominicanos (de 345 a 350 dólares estadounidenses).
Paíno Henríquez estima que el negocio de los también llamados áridos legales e ilegales mueve unos 1.000 millones de dólares al año, equivalentes a más de 50 millones de metros cúbicos de arena. “Algunas canteras extraen hasta 12,000 m³ por día. En el mercado informal, el metro cúbico se vende entre 500 y 1.500 pesos (entre ocho y 25 dólares), mientras que en el sector legal ronda los 1,800 a 2,200 pesos (de 30 a 45 dólares), alimentando un mercado negro que afecta a las empresas formales”, asegura.
Los peligros de denunciar
El activista Manuel Antonio Nina, del Movimiento Ecológico Vida en Peravia, denuncia que incluso mineras legales exceden los permisos ambientales. Recuerda que en 1998 el agricultor Sixto Ramírez fue asesinado tras denunciar la extracción ilegal donde operaba la grancera Alba Sánchez, que actualmente continúa con la explotación de recursos en la zona. Denunciar sigue siendo peligroso. Alexis Rodríguez, exbeisbolista, publicó en febrero un video en TikTok mostrando operaciones ilegales en el río Nizao, en su paso por la comunidad de Don Gregorio, en San Cristóbal. Poco después, recibió amenazas de muerte y fue extorsionado por hombres a punta de pistolas, denunció a América Futura.
Según cuenta, le exigieron 33.000 pesos dominicanos ( 560 dólares), un monto similar a la multa oficial impuesta por el Ministerio Público. “Me vi obligado a rentar mi negocio de comida —que opera a orillas del río, donde hay unas 200 casetas similares que viven del turismo—”, dice el joven, viudo y padre de cinco hijos. Desde entonces, vive bajo perfil. Peor suerte corrió el agricultor Francisco Ortiz, asesinado el 11 de abril de 2024, tras intentar frenar la extracción ilegal en el río Tireo. Recibió cuatro disparos, fue golpeado con una pala, incinerado y enterrado a 300 kilómetros del lugar del crimen.
Tres personas enfrentan juicio, pero el proceso ha sido criticado por excluir cargos ambientales. Consultados por América Futura, el ministro de Medio Ambiente y el encargado de Proedemaren dijeron desconocer esa omisión. “En República Dominicana, los casos se juzgan por el delito mayor”, justificó el magistrado Francisco Contreras. Juan Ortiz, hermano de la víctima, denunció que un juez reclasificó recientemente el crimen como homicidio simple, excluyendo premeditación y asociación de malhechores. Activistas ven doble impunidad en el caso.
Iniciativas y desafíos frente a un crimen estructurado
La violencia es común: se reportan amenazas y disparos contra activistas medioambientales, periodistas, inspectores, cuerpo del ejército, así como asesinatos. El ambientalista Manuel Nina advierte que “estas mafias cuentan, en ocasiones, con el respaldo de políticos, funcionarios y miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)”, institución que rechazó dar declaraciones.
Un ejemplo es la desarticulación, a principio de año, de una red liderada por exmilitares que operó durante 15 años en la comunidad de Muchas Aguas, San Cristóbal, al sur del país, extrayendo agregados de forma ilegal.
Bernardo Alemán, senador de Monte Cristi, denunció en abril ante la Cámara Alta la presunta complicidad de autoridades locales en la extracción ilegal de agregados de los ríos Guayubín y Yaque del Norte, donde dijo que operan más de cinco retroexcavadoras y transitan unos 100 camiones de volteo al día, una denuncia que revela el carácter estructural del negocio.
En abril del año pasado, el director provincial de la región de Monseñor Nouel otorgó de forma irregular un permiso al Consorcio Minero de Maimón, que terminó perforando la capa freática del río Yuna. Como parte de un acuerdo con la Procuraduría Ambiental, la empresa se comprometió a reforestar 3.000 árboles, a pagar una multa de tres millones de pesos dominicanos (casi 51.000 dólares) y a operar bajo supervisión técnica ambiental, de acuerdo a declaraciones de Contreras para América Futura.
La violencia también alcanza a los cuerpos oficiales. En enero, agentes del SENPA fueron emboscados en San Cristóbal tras incautar un camión con arena ilegal. Un grupo armado interceptó el vehículo, encañonó a los agentes y recuperó el cargamento, en una escena que fue grabada y difundida en redes sociales.
Según Proedemaren, varios operativos han sido cancelados por amenazas a la integridad de sus funcionarios. Su director lamenta la escasez de personal y presupuesto y advierte sobre la urgencia de crear una unidad de investigación de la Policía Nacional que trabaje con el Ministerio Público en delitos ambientales. “Solo así podremos llegar a la raíz y la cabeza de estas mafias que son grandes empresarios”, reclama.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente desarrolla una plataforma de trazabilidad con tecnología satelital y GPS para identificar a quienes se lucran de la extracción ilegal, según informó su titular. La institución también impulsa programas de restauración ecológica, pagos por servicios ambientales y una reforma legal para endurecer sanciones.
Impactos ecológicos, sociales y económicos
La depredación de los ríos tiene consecuencias ecológicas severas, pero más allá del ecocidio, la presidenta de la Fundación Fondo de Aguas Santo Domingo (FASD), Patricia Abreu, advierte sobre los impactos sociales y económicos: “Muchas comunidades ven contaminadas o reducidas sus fuentes de agua para consumo y agricultura, lo que genera desplazamientos humanos y pone en riesgo la seguridad alimentaria”.
Un caso crítico es el río Masacre, en la frontera con Haití, cuya posible desaparición, por el desvío de aguas desde el país vecino y el saqueo de material en ambos lados de la isla, amenaza con forzar la migración de comunidades enteras. “Ya hay pozos secos y escasez para el ganado en Dajabón”, denuncia el biólogo Luis Carvajal.
La extracción descontrolada también pone en riesgo infraestructuras vitales. En mayo de 2024, una grancera en San Cristóbal socavó el terreno bajo torres eléctricas, obligando a una intervención de emergencia. Y representa un costo público. En 2022, el Gobierno dominicano anunció una inversión de más de 133 millones de pesos en la adecuación del río Nizao para prevenir inundaciones.
“Necesitamos ciudadanos educados y empoderados que no se conviertan en cómplices de quienes destruyen los ríos por dinero. Solo con conciencia ciudadana podremos frenar esta depredación”, sostiene el titular de la Procuraduría Ambiental. La urgencia se hace evidente ante la devastación causada por la extracción de agregados: ecosistemas alterados, cultivos en riesgo, asesinatos impunes y maquinaria pesada operando sin supervisión estatal.
