España lanzó una fuerte ofensiva contra la «impunidad en las redes sociales». No solo prohibirá que la usen menores de 16 años sino que también será delito manipular el algoritmo.
Se trata de un paquete de cinco medidas que el presidente Pedro Sánchez lanzó este martes durante su intervención en la World Government Summit, en Dubai, y marca uno de los intentos más ambiciosos en Europa por limitar el impacto de las grandes plataformas digitales sobre niños y adolescentes.
«Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos”, disparó el mandatario, y aseguró, como medida fundamental, que se obligará a las tecnológicas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, algo posible a través de una enmienda al proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que está actualmente en trámite en el congreso español.
“Les protegeremos del salvaje Oeste digital”, sostuvo Sánchez. Define a ese mundo digital como un entorno sin reglas claras donde proliferan contenidos violentos, discursos de odio, desinformación y dinámicas adictivas que afectan especialmente a los más jóvenes.
A diferencia de otras regulaciones vigentes en el continente, la prohibición no admitiría excepciones ni siquiera con el consentimiento de los padres.
En el proyecto de ley para proteger a los menores en internet, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, ya consta una regulación al respecto: para poder registrarse hay que tener, como mínimo, 16 años. Pero en su actual redacción permite que los menores de esa edad se abran cuentas con la autorización de sus padres. Si sale adelante esta enmienda, que deberá negociarse en el Congreso, eso ya no será posible.
El planteo del Ejecutivo español apunta directamente a las plataformas, que quedarían obligadas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Ya no bastaría, según adelantó el presidente, con mecanismos declarativos o simples campos de confirmación a completar. La responsabilidad recaería sobre las empresas, que deberán garantizar que los menores no puedan sortear los controles con facilidad.
El anuncio se inscribe en un paquete más amplio de reformas orientadas a endurecer el marco legal sobre el funcionamiento de las redes sociales. En ese sentido, el Gobierno español propone avanzar hacia un esquema en el que los directivos de las plataformas puedan enfrentar consecuencias penales si no actúan con rapidez ante la difusión de contenidos ilegales o dañinos.
La lógica es clara: dejar atrás un modelo basado casi exclusivamente en multas económicas y avanzar hacia responsabilidades personales.
Otro de los ejes del proyecto tiene que ver con el funcionamiento de los algoritmos. Buscan tipificar como delito la manipulación deliberada de estos sistemas cuando se utilicen para amplificar mensajes de odio, desinformación o contenidos ilegales.
La discusión sobre el rol de los algoritmos, hasta ahora mayormente técnica, pasaría así al centro del debate jurídico y político.
En paralelo, se anunció el desarrollo de herramientas para medir y rastrear el impacto de esos discursos de odio y la polarización en el entorno digital, con el objetivo de contar con indicadores que permitan intervenir de manera temprana. También se prevé una mayor coordinación con las fiscalías para investigar delitos cometidos a través de redes sociales y mediante el uso de inteligencia artificial.
La iniciativa se apoya en un diagnóstico cada vez más compartido entre gobiernos europeos: que las normas actuales no alcanzan para proteger a los menores en un ecosistema digital. España no está sola en este camino.
Francia la semana pasada logró media sanción para prohibirlas a menores de 15, y Australia es, por el momento, el único país que ya las prohibió a menores de 16 y alegando la prevención de problemas de salud. Entonces el proyecto español está entre los más estrictos, porque amplía las responsabilidades. Por estas tierras, tras los pasos australianos, la Ciudad anunció en diciembre que llevará el debate sobre menores y redes al ámbito nacional. Pero acá aún no tenemos una normativa de protección digital infantil.
El camino legislativo en España no será sencillo. El gobierno de ese país no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso y deberá negociar apoyos para que la iniciativa prospere. Además, se anticipa un fuerte lobby de las plataformas digitales, que ya manifestaron en otras oportunidades sus reparos frente a regulaciones que consideran difíciles de aplicar a escala global.
Mientras tanto, el anuncio reabre un debate de fondo que atraviesa a buena parte de las sociedades: hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación del mundo digital y quién debe asumir el costo de proteger a los menores en un espacio que, para millones de adolescentes, ya es inseparable de su vida cotidiana.
