Las protestas en Irán persisten este sábado en todo el país después de que estallasen hace dos semanas en los callejones del Gran Bazar de Teherán, y lo hacen a pesar de atravesar el tercer día consecutivo con el bloqueo de internet impuesto por las autoridades. Pese al apagón informativo, los grupos de derechos humanos con contactos sobre el terreno y las agencias de noticias estatales informan sobre un número creciente de víctimas mortales y de heridos de bala, así como de la propagación de disturbios e incendios provocados. Ante esta situación, las autoridades de la República Islámica han amenazado con reprimir “con la mayor fuerza” a los “alborotadores”, a quienes distinguen de los legítimos manifestantes y vinculan a agentes externos.
El ejército iraní subió el tono este sábado advirtiendo de que mantendrá el estado de alerta para torpedear lo que considera “conspiraciones del enemigo”, en aparente referencia a EE UU e Israel, a quienes acusa de poner en riesgo la seguridad nacional. El comunicado es el último de una sucesión de mensajes similares que los dirigentes iraníes han lanzado contra su propia población. El Consejo de Seguridad Nacional avisó el viernes mediante una televisión local de que las autoridades de seguridad y judiciales están preparadas para lidiar con los individuos que favorecen lo que describió como agendas extranjeras.
Mientras miles de ciudadanos salían a las calles, indignados por la devaluación del rial iraní, el líder supremo, Ali Jamenei, ha publicado en las últimas horas 12 mensajes en redes sociales dirigidos principalmente a Washington: “Hoy, como en el pasado, EE UU se equivoca en sus cálculos sobre Irán”. De manera simultánea, el presidente Donald Trump reiteraba el viernes su amenaza contra Irán. “Tienen un problema grande”, alegó el presidente de Estados Unidos, que ha manifestado en otras dos ocasiones que intervendrá si la represión se cobra vidas. “Parece que la gente se está apoderando de ciudades donde nadie lo creía posible semanas atrás”.
Varias informaciones sugieren la continuación de los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Human Rights Activists in Iran (HRANA), con sede en EE UU, menciona la existencia de 65 víctimas mortales durante las manifestaciones, que se han esparcido a 180 ciudades del país. Al menos 50 de esas víctimas serían civiles, y entre estas, 7 serían menores de edad. La organización también registra 15 muertos entre las filas de los cuerpos de seguridad, sugiriendo la dureza de algunos choques y la violencia ejercida por parte de algunos manifestantes.
Fuentes médicas en el Hospital Farabi, un centro especializado en oftalmología ubicado en Teherán, relataron el viernes a la BBC que la institución está sobrepasada con la llegada de heridos. El hospital, añadieron, se ha visto obligado a entrar en estado de emergencia, suspendiendo visitas no urgentes. En Shiraz, un municipio en el suroeste de Irán, otro hospital dijo el jueves a la cadena británica carecer de suficientes cirujanos para atender a la cantidad de personas lesionadas que llegan al centro, en muchos casos con heridas de bala en la cabeza y en los ojos. Estas informaciones sugieren que los recuentos de víctimas mortales son cuanto menos provisionales.
Press TV, una emisora estatal que se emite en el extranjero y que difunde el discurso predominante entre las autoridades denuncia este sábado la mano de los “alborotadores”, emitiendo imágenes de varios edificios de múltiples pisos engullidos por las llamas. Uno de esos bloques, según la cadena, es el Ayuntamiento de un suburbio de Teherán. Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, sintetiza el mensaje que vienen difundiendo los líderes de Teherán: las protestas por los problemas económicos son legítimas, pero EE UU e Israel tratan de aprovechar para desestabilizar el país mediante el despliegue de mercenarios a sueldo, y ante eso las autoridades responderán “con la mayor fuerza”, detalló Larijani el viernes.
A finales de diciembre, grupos de comerciantes empezaron a movilizarse en el bazar de la capital ante la inestabilidad económica, que ha hundido el valor del rial iraní y que lleva a muchos residentes a buscar un segundo y un tercer trabajo o incluso a optar por la emigración. Como ocurrió durante los anteriores ciclos de movilizaciones —2009, 2022—, las protestas pronto reflejaron un hartazgo general hacia las autoridades. Muchos iraníes acusan a la República Islámica de implementar una política exterior que aísla al país del mundo, colocándolo bajo las sanciones internacionales. Otros aborrecen las regulaciones religiosas —como la obligatoriedad del velo— o vinculan el deterioro de las condiciones de vida con la propagación de la corrupción, propiciada por circuitos paralelos que tratan de esquivar las sanciones a los que solo algunas autoridades tienen acceso.
Reza Pahleví, hijo del último sha de Irán, cuya corona fue destronada durante la revolución en 1979 que vio emerger a la actual República Islámica, está intentado alentar a los manifestantes desde el extranjero. Este sábado, Pahleví, residente en Washington y alejado de Irán desde hace casi medio siglo, ha llamado el país a movilizarse el sábado y el domingo, y ha prometido a sus seguidores mediante un comunicado que regresará a territorio iraní “cuando nuestra revolución nacional sea victoriosa”.
El día anterior, el hijo del último sha, Mohammed Reza Pahleví, hizo un llamamiento directo a Trump. “Presidente, por favor, prepárese para intervenir para ayudar al pueblo de Irán”. Aunque los analistas creen que el apoyo hacia su figura es minoritario, varios vídeos han reflejado cánticos en favor del heredero de la corona: “¡Esta es la batalla final, Pahleví volverá!”. Trump ha descartado por ahora reunirse públicamente con Pahleví y ha pedido dejar ver quién “emerge” entre las protestas, pero su intervención se prevé necesaria para que el retorno del príncipe tenga más posibilidades.
Teherán mandó el viernes una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denunciando la injerencia de EE UU, a quien responsabilizan de haber convertido las protestas en “actos subversivos violentos y en vandalismo generalizado”. Pero la ONU parece tomar la dirección contraria. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, enfatizó el viernes que “la gente tiene el derecho de manifestarse pacíficamente en todo el mundo”.
Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el jueves a las autoridades iraníes por emplear el uso excesivo de la fuerza y armas de fuego durante las protestas. En concreto, los grupos señalaban tanto a la policía regular como a la Guardia Revolucionaria, el ejército paralelo destinado a proteger el régimen, por utilizar rifles y escopetas cargadas con perdigones de acero.
