La apuesta del presidente Gustavo Petro de concentrar en 45 días a decenas de guerrilleros del Frente 33, que hacen parte de la disidencia del “Estado Mayor de Bloques y Frente” (EMBF) en el Catatumbo, no se cumplió. Aunque el plan era que los guerrilleros llegaran a una “zona de ubicación temporal” en Tibú el 7 de julio, cerca a la frontera venezolana, hay sospechas de que alrededor de la zona y por un sendero que conduce a esos predios hay minas. Hasta que el Gobierno no sepa con certeza si toca desminar más, la caminata de los guerrilleros hasta allí se aplazó y no está claro hasta cuándo.
La concentración del 33, que pinta difícil más allá de las minas, no solo es clave para que el Gobierno le muestre algún resultado al país frente a su fallida política de Paz Total a poco más de un año de que termine su mandato. También lo es porque la expectativa del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, es que “una vez instalada la dinámica de los frentes del Catatumbo, los del Caquetá y Guaviare van a responder”, dijo a EL PAÍS en abril, refiriéndose a las demás unidades del EMBF en la amazonía colombiana, al mando de alias “Calarcá”.
La lógica del gobierno es que si lo del Frente 33 en el Catatumbo sale bien, puede ser el espejo para mostrarle al resto de unidades de esa disidencia que sí vale la pena caminar con sus fusiles hasta una zona georeferenciada en la que no los usen y saquen adelante “transformaciones territoriales”. Se trata del mismo modelo que ya aplicaron con otros grupos, como Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en el departamento de Nariño, al sur occidente del país, y que esperan que se replique también con la “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, otra disidencia en Putumayo y Nariño.
El problema es que “Calarcá” nunca se ha visto reflejado en ese espejo. Ha sido claro en que sus unidades no se van a concentrar, tampoco a firmar un Acuerdo con este gobierno, y que lo máximo que ven de aquí a agosto de 2026 es dejar “algo bien adelantado en materia de transformación, de reformas”, dijo a finales del año pasado, cuando la mesa de negociación parecía firme. Este año, en cambio, ha estado golpeada: el Gobierno decidió no prorrogar el cese al fuego bilateral para meterles presión, hombres de “Calarcá” mataron a siete militares en Guaviare en medio de un cuestionado operativo militar, el Ejército los atacó en Caquetá y justo esta semana también hubo combates en la vereda Puerto Flores de Guaviare.
Al priorizar la concentración del 33 en Catatumbo, el presidente dejó claro que ese era el norte que trazaba para las demás unidades del EMBF en Antioquia y Amazonía. Camilo González Posso, quien renunció en junio como jefe negociador con este grupo, veía otro norte. “La experiencia de Comuneros y del Frente 33 probablemente hizo pensar al Presidente que ese era el camino, pero los ritmos en la Amazonía son distintos”, dijo a este diario. “Yo no estuve de acuerdo con su decisión de no continuar el cese bilateral y no priorizar los avances territoriales, pero veo una luz con lo que dijo en San José”, agregó, refiriéndose a un mensaje que Petro le lanzó a “Calarcá” hace unas semanas desde un coliseo en la capital del Guaviare: si quieren que siga la mesa tienen que comprometerse a “revitalizar la selva y ayudar a que el campesino libremente lo haga” dijo, dando a entender que los campesinos deben tener autonomía para decidir cómo reforestar sin la presión armada.
Concretar ese norte que espera Petro con el Bloque Jorge Suárez Briceño de “Calarcá” -que se ha convertido en la autoridad ambiental de facto en las zonas que controla en Guaviare, Meta y Caquetá- ahora está en manos de la negociadora del gobierno, Gloria Quinceno, quien estuvo detrás de la filigrana de la eventual concentración del 33.
Ella está buscando retomar el diálogo con “Calarcá” y espera reunirse con él pronto. “La mesa no se ha roto. Vamos a ir a una reunión con toda la disposición en la revitalización de la selva, en avanzar en condiciones que nos permitan georeferenciación o en alguna figura territorial que nos ayude, y hemos visto disposición de ellos de hacerla”, dijo a EL PAÍS. Dos fuentes que tienen contacto directo con la mesa de “Calarcá” le confirmaron a este diario que saben sobre esa reunión, aunque aún no hay fecha clara.
A diferencia del Catatumbo, donde uno de los problemas principales son las minas, en la Amazonía los nudos más urgentes son otros.
Los nudos
Si la disidencia de “Calarcá” y el gobierno se sientan, lo harán en medio de la confrontación militar y de la insistencia de algunas organizaciones sociales y campesinas del Guaviare de retomar el cese, algo que no ha ocurrido y que el grupo también ha exigido mientras se enfrenta a muerte con la disidencia de “Mordisco”. Pero la línea del comisionado Patiño es que ya se acabó el tiempo de los ceses y eso le ha abierto la puerta al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a apostarle a una arremetida militar contra “Calarcá”, que aunque por ahora no ha sido tan fuerte, pondría a las partes a negociar en medio de esa presión. Sin embargo, la aplicación de algunos acuerdos y protocolos firmados hasta ahora con esta disidencia están atados al cese. Si insisten en ello, el riesgo es que las discusiones se enreden en eso cuando el tiempo les juega en contra.
Si “Calarcá” acepta sentarse con el gobierno sin cese, tienen sobre la mesa una hoja de ruta que salió de una reunión extraordinaria en marzo en La Macarena, Meta. Ahí acordaron puntos como un plan para revitalizar la selva “sin armas” e incluso se habló -sin que quedara por escrito- que el Ejército, las comunidades y la disidencia podían hacer planes de reforestación en conjunto, algo inédito. También quedó que instituciones claves del Estado para temas ambientales como Parques Naturales o la Agencia Nacional de Tierras, puedan entrar a las zonas que controlan, pues la disidencia les ha restringido el acceso y ha convertido la deforestación en un negocio y en un mecanismo de presión en la mesa.
El reto será meterle el acelerador a esa hoja de ruta y lograr que se traduzca en una realidad, teniendo en cuenta las visiones de las organizaciones campesinas y de las juntas de acción comunal y evitando presiones de la disidencia. Por ejemplo, EL PAÍS reveló que en Cartagena del Chairá, Caquetá, varios líderes han denunciado que la disidencia de “Calarcá” los obligó a suspender un proyecto para reforestar 12.000 hectáreas de selva para apropiarse y presentarlo como propio en la mesa de negociación. Por ese tipo de presiones y amenazas a varios líderes comunales, en su discurso de Guaviare, Petro insistió en que “los recursos que lleguen para eso [recuperar la selva] no los use el grupo armado, sino la comunidad libremente”.
Sobre la mesa también está en discusión la creación de zonas de reserva campesina, una figura que en teoría le daría más autonomía a las comunidades campesinas porque pueden hacer sus propios planes de desarrollo, formular proyectos agrosostenibles y, sobre todo, limitar la cantidad de tierra que puede tener una familia dentro de ellas. Eso con la complejidad de que, si se aprueban, se traslaparían con zonas de injerencia y control social del “EMBF”. “Con o sin mesa, nosotros queremos sacar adelante esas zonas y aquí el actor armado de todas maneras siempre va a presionar” dijo a EL PAÍS un campesino de La Macarena, Meta, que no quiso ser citado por su seguridad.
Quizás el reto más grande es que al usar la concentración en el Catatumbo como espejo para el resto de la disidencia, si la llegada de los guerrilleros a esa zona se sigue retrasando por las minas antipersonales en el camino, y en el tiempo que queda no se ven transformaciones concretas, el gobierno puede darle todavía más alas al discurso de “Calarcá” de que las armas son la garantía para el desarrollo.
