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El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro redujo la pena de prisión de Carlos José de França, el hombre condenado por el femicidio de la argentina Florencia Aranguren (31), ocurrido en diciembre de 2023 en Búzios. La sentencia inicial había sido de 33 años de prisión, pero recientemente fue recalculada a 19 años, 2 meses y 12 días, luego de que el tribunal considerara que “no podía comprobarse la intencionalidad de género del crimen”.

La decisión judicial eliminó el agravante de femicidio, lo que para la familia de Florencia representa una nueva injusticia. “Increíblemente le sacaron el cargo de femicidio por falta de pruebas, por eso recalcularon la condena”, explicó a Clarín su hermana, Mariana Aranguren.

“El abogado defensor presentó tres recursos, de los cuales dos fueron negados y uno fue aceptado parcialmente. Lo que hicieron fue recalcular la pena sacando el cargo de femicidio, diciendo que no se podía comprobar la intencionalidad. Es increíble. No entendemos por qué otro fin o motivo se acercó a Florencia. No la robó, no tenía una relación anterior. Claramente se acercó porque Flor era mujer. Cómo se defendió y no pudo violarla, no se puede probar que el objetivo era violarla. Así que ahí está la inconsistencia de la ley donde para poder probarlo tenés que dejarte y al que se defiende no la ampara la ley”, dijo.

“Es muy injusto. Seguimos en un mundo donde es normal que las mujeres no podamos andar solas, ni de noche ni de día. Flor iba caminando a la mañana a la playa. Claramente la vio vulnerable y por eso se animó a acercarse”. Florencia era una chica sola, en un lugar abierto, y eso fue suficiente para que el asesino se sintiera con derecho de hacer lo que hizo con ella.

Florencia Aranguren, de 31 años, había viajado a Brasil para pasar la temporada de verano mientras esperaba la salida de su pasaporte italiano. Era bartender, artista, y soñaba con instalarse en Europa.

El 6 de diciembre de 2023, dos días después de haber llegado a Búzios, salió temprano a caminar con su perro, Tronco, por un sendero cercano a la playa José Gonçalves.

Una hora más tarde, un vecino encontró su cuerpo entre los arbustos, a pocos metros del camino. Tronco seguía al lado, con manchas de sangre.

El perro fue clave para identificar al agresor. Cuando la policía lo llevó a un reconocimiento, Tronco intentó atacar a França. Luego, las pruebas de ADN halladas bajo las uñas de Florencia confirmaron la autoría.

França tenía antecedentes por violación y estaba en libertad condicional desde 2022 por “buena conducta”, cuando debía haber cumplido la condena hasta 2028.

En abril de 2025, un jurado popular en el Fórum de la Comarca de Armação dos Búzios lo declaró culpable y lo condenó a 33 años de prisión por femicidio y violación. Durante el juicio, el acusado negó conocer a la víctima y llegó a decir: “Me atacaron, me quisieron robar”.

Sin embargo, en las últimas semanas, el Tribunal de Justicia de Río decidió reducir la pena y eliminar el agravante de femicidio, argumentando que no se pudo demostrar que el crimen fue cometido por razones de género.

A su vez, la defensa presentó una nueva apelación para intentar anular el juicio y volver a la primera etapa del proceso.

Mariana lo resumió así: “Las leyes son demasiado indulgentes. La Asamblea Legislativa debe cambiarlas para que las sentencias sean acordes con la gravedad de los delitos. Pero esa no es la realidad en Brasil. Este tipo va a salir libre con 40 y pico de años, después de matar con 18 puñaladas a una chica. Es un peligro para la sociedad y para otras mujeres”.

Para su familia, Florencia se defendió hasta el final. En esa lucha quedaron las pruebas que permitieron identificar a su asesino.

“Gracias a que se defendió, gracias a sus uñas, hubo ADN que demostró quién era el culpable. Pero el resto no lo toma la ley. Es muy triste, porque si la justicia no se adapta y no hay condenas justas, estos casos van a seguir pasando”, lamentó Mariana.

La reducción de la pena no sólo reaviva el dolor, sino también la sensación de impunidad estructural que enfrentan las mujeres víctimas de violencia. El caso de Florencia Aranguren, como tantos otros en la región, expone los límites de los sistemas judiciales que no logran reconocer la violencia de género incluso cuando las pruebas la atraviesan de manera evidente.