“Verdad y justicia” ha respondido la mañana de este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al referirse al “compromiso” que su Gobierno asume ante el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. A 11 años de una de las tragedias que más han consternado y horrorizado a la sociedad mexicana, el caso sigue con las mismas interrogantes sin resolver. Con un nuevo abogado al frente —que, sin embargo, ha sido parte del equipo legal de los padres desde 2014— Isidoro Aguilar asegura que trabajan con los familiares para decidir el rumbo del movimiento y analizar lo que todavía, después de más de una década, falta por hacer para lograr el esclarecimiento del caso.
Han sido años de un ir y venir intermitente entre procesos judiciales y decenas de personas incluidas en las pesquisas. Como publicaba este diario, en 2024, después de este largo camino, todo lo que se ha recuperado de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos son tres trozos de hueso de tres muchachos y algunos otros restos.
Dos gobiernos han naufragado en este caso —una de las grandes vergüenzas del México moderno— por diferentes motivos. El primero, el del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), trató de cerrarlo en falso, valiéndose de la tortura como técnica de investigación. El segundo, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, avanzó hasta que las investigaciones se toparon el muro infranqueable de las Fuerzas Armadas.
Hace solo unos días, quien era el alcalde de Iguala cuando sucedió la desaparición de los estudiantes, el perredista José Luis Abarca, absuelto por el caso definitivamente en junio pasado, recibió una buena noticia para los más de cien años que le sumarían entre condenas de otros procesos legales. Un tribunal federal le otorgó una suspensión que frena temporalmente uno de ellos, el de 92 años de cárcel que enfrenta por el secuestro de seis activistas del movimiento campesino Unidad Popular en Guerrero, en 2013.
La actual jornada de protestas ha comenzado, según ha detallado Isidoro Aguilar y algunos padres de los normalistas, desde el pasado 17 de septiembre en el estado de Guerrero. Este jueves llegaron a Ciudad de México, continuará este viernes con la marcha nacional a las 16.00 horas y finalizará este sábado con una marcha en Iguala.
Isidoro Aguilar, apunta: “Llevo ya 17 años en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Cuando ocurren los hechos en 2014, yo y otros compañeros acudimos a documentar el caso. No es que estemos llegando o retomando el caso de Azyotzinapa. No. Más bien, estamos dándole continuidad”, ha dicho en entrevista, quien es el relevo del abogado que durante estos 11 años fue el portavoz de las familias: Vidulfo Rosales, quien ahora ocupa un lugar en el equipo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Hugo Aguilar.
Una de las primeras muestras de la protesta de este aniversario en la capital mexicana, que acaparó todos los reflectores, se dio este jueves, cuando un grupo de manifestantes encapuchados quemaron un camión ante la puerta del Campo Militar 1A en protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa. Los familiares y abogados de los 43 jóvenes han mantenido la exigencia de que los folios de la Secretaría de la Defensa, que podrían dar luz a la participación del Ejército mexicano en este crimen, sean entregados para su análisis.
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