La disputa diplomática entre Colombia y Ecuador, que arrancó esta semana cuando el presidente Gustavo Petro se refirió al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como un “preso político”, se ha transformado en una profunda crisis comercial que afectará la estabilidad de las empresas y el costo de vida de los ciudadanos de ambos países. La imposición por parte del Gobierno de Ecuador de un arancel del 100% a partir del primero de mayo para las importaciones colombianas, y la posterior respuesta del Ejecutivo colombiano de igualar el impuesto -salvo productos necesarios para Colombia-, hacen inviable el comercio binacional. Noboa insiste con que es un arancel inevitable para defender su frontera de la ilegalidad en Colombia. Pero la inédita decisión tendrá consecuencias sociales graves para los habitantes de ambos lados de una extensa frontera ya asolada por los grupos al margen de la ley.

El presidente Petro calificó la decisión de Noboa como “una monstruosidad” y ordenó el regreso inmediato a Bogotá de su embajadora en Quito, María Antonia Velasco. Además, aseguró que la medida significa “el fin del Pacto Andino para Colombia”, dijo en un mensaje de X. Planteó también que la canciller Rosa Villavicencio debe iniciar “el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”. Por ahora, la salida de Colombia de la Comunidad Andina de Naciones, integrada en la actualidad por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y el ingreso a Mercosur, son ideas del presidente que tardarán un tiempo en concretarse en caso de que efectivamente esa sea la decisión definitiva del mandatario. Petro dejará el cargo el 7 de agosto.

Sin embargo, los efectos de los aranceles ya generan preocupación en los gremios de los dos países. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), explica las graves consecuencias de la medida. “No existe ninguna compañía del mundo competitivo que pueda asumir un arancel 100% y logre sobrevivir en esa operación. El comercio se va a acabar entre los dos países. Para Colombia va a ser muchísimo más difícil llegar a Ecuador que llegar a Rusia”, dice en diálogo con EL PAÍS. Mac Master cuestiona el hecho de que las discusiones de manejo fronterizo, con temas de seguridad y cooperación en la lucha contra el crimen organizado, se hayan llevado al escenario económico. “No comprendo cómo nos estamos creando un problema de esa magnitud. Entre importaciones y exportaciones de los dos países se mueven cerca de 250 millones de dólares al mes. La economía va a pagar las consecuencias de las peleas políticas. Es un suicidio”.

Entre enero y febrero de 2026, las exportaciones colombianas a Ecuador ya bajaron 27% frente al mismo período de 2025, según datos analizados por Analdex, el gremio de los exportadores. Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, concuerda con Mac Master: “Es una medida muy infortunada porque cierra totalmente el comercio. Si ya era difícil con el 50 o con el 30 %, imaginemos con el 100 %. Eso no permite que se desarrolle el comercio. No se concibe que un comprador de Ecuador pague el doble por un producto simplemente porque viene de Colombia”, dijo Molina en un video. Ambos insisten en que las 2.700 empresas colombianas que hacen exportaciones a Ecuador se verán muy afectadas con la medida. “Una muy buena parte de la base industrial y la base productiva del Valle del Cauca está en riesgo”, añade.

Las consecuencias de también perjudicarán a las personas que viven en la frontera. Juan Carlos Rondón, gerente de Cesce Colombia, una aseguradora de empresas exportadoras, explica que los aranceles se están convirtiendo en una forma de presión política y de bloqueo. “Los grandes damnificados, además del sector automotriz, farmacéutico o de manufactura, serán los habitantes de las regiones fronterizas. Habrá un impacto social fuerte en una zona con muchas vulnerabilidades”, explica por teléfono. Rondón cree que la ausencia de comercio legal incentivará entonces los negocios ilícitos. “Esto puede generar mayor criminalidad; es una decisión muy desafortunada”. Es decir, si el objetivo incial era reducir la criminalidad en la frontera, la decisión puede tener el efecto contrario.

Sandra Borda, analista internacional, insiste en que el origen de la disputa está, no en el narcotráfico, o en una preocupación económica sustentada, sino en las profundas diferencias de carácter ideológico de ambos presidentes. “Las críticas de Petro a Noboa por el manejo judicial de Jorge Glas y la forma distinta de combatir el crimen organizado en la frontera han generado esta pelea”, dice Borda. Y añade: “Las decisiones de presión de Ecuador a Colombia con aranceles están respaldadas por Estados Unidos”. La Casa Blanca, el actor silencioso en medio de la pelea fronteriza.

El presidente Noboa defiende “tasa de seguridad” mientras los homicidios suben en la frontera sur

El Gobierno de Daniel Noboa insiste en que el nuevo arancel, al que denomina “tasa de seguridad”, busca cubrir los 400 millones de dólares adicionales que Ecuador invierte en proteger su frontera norte, en lo que el mandatario ha calificado como el “descuido absoluto” del gobierno colombiano. Según Noboa, esos recursos podrían destinarse a obras sociales y proyectos para jóvenes, pero la medida, asegura, era necesaria para frenar la violencia. Lo que desafía la lógica al argumento es que, si los empresarios deciden sencillamente parar sus operaciones por los aranceles, no habría dinero entrando a las arcas del Gobierno de Ecuador.

Desde que se inició el 21 de enero con un arancel del 30% a productos colombianos, hasta escalar al 100%, el presidente sostiene que Ecuador ha empezado a percibir sus efectos: que gracias a la tasa de seguridad, los homicidios se redujeron en un 33% en la frontera norte, ha afirmado. Los únicos datos públicos disponibles, que abarcan hasta febrero, muestran que de las tres provincias fronterizas, solo dos registraron una disminución del 31%.

Sin embargo, según las Fuerzas Armadas, la caída en homicidios no refleja una neutralización estructural de la violencia. El último decreto de estado de excepción, firmado por Noboa para renovar las medidas en las provincias con mayor índice de criminalidad, recoge el informe militar que advierte que se trata más bien de un desplazamiento geográfico. Los grupos delictivos se mueven a otros territorios para consolidar nuevos corredores logísticos, ampliar su influencia y reducir la presión de los operativos del bloque de seguridad en los puntos más críticos del país.

La situación en la frontera sur pinta un panorama distinto. Allí, donde se trafica combustible, gas doméstico, armas, drogas y personas, la violencia ha crecido. Entre enero y febrero de 2026, las seis provincias limítrofes con Perú registraron un incremento del 68% en la tasa de homicidios, y hasta ahora allí no se ha aplicado ninguna “tasa de seguridad”. Las cifras podrían variar tras el toque de queda de quince días impuesto por el Gobierno, que incluyó operativos con apoyo logístico de Estados Unidos.

Noboa está en clave electoral: insiste en la dificultad de implementar estrategias conjuntas con Petro, “que no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo” y dice que esperará a la instalación del nuevo gobierno para negociar un plan de seguridad que se ajuste a los principios de Ecuador. “En el futuro se podrá conversar con un Gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, escribió en X, tras declarar en Bloomberg que la estrategia de seguridad de Ecuador se asemeja a la que aplicó Álvaro Uribe en Colombia del 2002 al 2010.

“La gente que trabajó con Uribe en ese tiempo nos ha dado consejos y ha trabajado con nosotros”, explicó Noboa, quien llegó al poder con el llamado plan Fénix, cuyos detalles y resultados nunca se han hecho públicos. “No es solo mano dura, es mano dura con el corazón. Es mano dura también como estrategia económica, con generación de empleo”, añadió. “No es igual a la estrategia de Nayib Bukele; es más similar al plan de Uribe”. El presidente Noboa hace así un guiño a la derecha electoral en Colombia, que se divide entre la uribista Paloma Valencia y el ultra Abelardo de la Espriella. Los empresarios, mientras tanto, corren el riesgo de quedarse sin negocio.