La tarde de este miércoles 11 de febrero derivó en un escenario de violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras en el recinto se debate la reforma laboral. Los destrozos registrados durante la marcha de la CGT le costaron $270 millones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según las estimaciones del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño.
La Policía Federal y la Gendarmería avanzaron sobre los manifestantes utilizando camiones hidrantes y agentes de infantería. Hasta el momento se registraron, al menos, diez efectivos heridos, 39 manifestantes detenidos y múltiples denuncias que se viralizaron en redes sociales por agresiones hacia la prensa y los civiles presentes en el lugar.
Tras culminar las movilizaciones, cerca de las 17, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza posterior a la protesta. Hubo rotura de baldosas y vandalismo en calles y veredas de la zona que implicarán tapado de grafitis y una nueva demarcación de cruces peatonales.
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También se reportaron daños en el césped y el mobiliario urbano de la Plaza de los dos Congresos. A través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el Gobierno porteño desplegó un esquema preventivo y posterior de limpieza.
La protesta de la CGT y grupos de izquierda se salió de cauce y terminó en un caos generalizado
El operativo incluyó 120 barrenderos, 7 hidrolavadoras, 7 camiones recolectores, 15 supervisores y 8 brigadas de acción inmediata. En paralelo, a fuerza de gases lacrimógenos y represión, la Policía consiguió vaciar la plaza de Los dos Congresos, la Avenida de Mayo y todas las calles adyacentes.
Mientras los operativos se desplegaban en las inmediaciones del Congreso, en el Senado se debate sobre la Reforma Laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT.
Entre otros puntos, los aliados y los gobernadores contemplaron la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.
Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo la denominada “caja sindical”: se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios pero con un tope del 2% y no se rebajan las cargas para las obras sociales que se mantienen en el 6%.
BGD / EM
